La extensa huelga de 2018 y la pandemia del COVID-19 se unieron al histórico rezago educativo que ya enfrentaba la educación pública de Costa Rica, para conformar lo que el Informe Estado de la Educación bautizó en 2021 como el “apagón educativo”.
Así se denominó al “fuerte recorte” en los aprendizajes estudiantiles que las interrupciones de los ciclos lectivos de los últimos cuatro años provocaron, mismas que hoy tienen al país en medio de su peor crisis educativa desde los años 80, cuando la debacle económica produjo un histórico recorte que derivó en la dolorosa “generación pérdida”: miles de costarricenses que no pudieron llegar a las aulas o tuvieron que abandonarlas para trabajar.
Fuente: Estado de la Educación, Esquema de interrupciones 2018-2021.
El informe de 2019 ya advertía el severo impacto de esos tres meses que el curso lectivo se detuvo en medio de la huelga contra la reforma fiscal de 2018, pero invitaba a los actores educativos a dar “golpes de timón” y dejar atrás las discusiones del encierro para escribir una nueva historia. “Es posible alzar el vuelo con esperanza”, citaba aquel estudio en relación con su portada.
La coordinadora general del Informe Estado de la Educación, Isabel Román, hizo una lectura de la coyuntura educativa y de las propuestas de los candidatos para atenderla, este miércoles en Café Política.
Dos años más tarde, la imagen de un niño gritando en el último informe eliminó el discurso esperanzador para dar paso a otro de alerta: Costa Rica está a las puertas de crear otra generación perdida, con la agravante de tener que plantearse cómo enfrentará la nueva normalidad después de la pandemia.
Ante ese crudo escenario, el apagón educativo se convirtió en un eje de discusión en medio de la presente campaña electoral.
¿Cómo plantean salir de la crisis aquellos que aspiran a dirigir al país durante los próximos cuatro años?
Entre los 25 candidatos, el único consenso general es la necesidad de una reforma en el modelo educativo, ya sea en su contenido, su forma o su totalidad.
No hay ninguno que crea que el formato actual, rezagado en todos los frentes en comparación al modelo privado, alcance para sortear la debacle.
Sin embargo, esa “reforma integral” no termina de aterrizar.
“En lo que yo he escuchado en los debates, vemos posiciones de candidatos que quieren privatizar la educación pública y otros que hablan de una reforma integral. Esta reforma nunca la logran explicar ni concretar, porque para poder plantear una reforma integral, un mandatario debe tener poderes integrales, cosa que en este país no existe”, cuestionó la coordinadora general del Informe Estado de la Educación, Isabel Román.
La privatización de la educación ha llegado, por ejemplo, impulsada por el uso de los llamados “váucheres educativos”, una propuesta que han defendido Federico Malavassi (Unión Liberal) o Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista) y que a grandes rasgos defiende que en lugar de trasladar fondos a las escuelas, públicas o privadas, estos vayan a los padres de familia y sean ellos los que elijan adónde enviar a sus hijos.
“Esta receta se aplicó en Chile en el siglo pasado, pero no resulta para el caso de Costa Rica; tenemos una red pública educativa tan grande y la red de centros privados tan pequeña y concentrada en el Valle Central, que si se dieran esos váucheres, no bastarían las escuelas privadas para atender tantos estudiantes”, cuestionó Román.
Otros, como José María Figueres (Liberación Nacional), Rodolfo Piza (Nuestro Pueblo), José María Villalta (Frente Amplio) o Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático), han insistido en la necesidad de desarrollar programas de recuperación para atender el rezago educativo.
Por ejemplo, Figueres plantea liberar a los docentes de una “extraordinaria” carga administrativa, mientras que Villalta sugiere canalizar recursos de otras instituciones para atender el rezago de la infraestructura educativa.
La candidata del Partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío,
propone el diálogo social como el instrumento “más válido” para construir alianzas y acuerdos con el fin de hacerle frente a la crisis educativa. Fabricio Alvarado (Nueva República) propone algo similar. Sugiere que haya un diálogo intersectorial para encontrar las necesidades y, por tanto, las soluciones para atajar el problema.
Natalia Díaz (Unidos Podemos) recomienda la conectividad como un primer paso para reducir la brecha digital y ayudar a “nivelar” a los estudiantes que han perdido el acceso a la educación debido a “las huelgas” y a la pandemia.
La conectividad a internet de toda la educación, el combate a la deserción y el desarrollo de infraestructura educativa son otros elementos comunes entre las propuestas de los candidatos.
Todos, además, defienden la necesidad de cumplir con el 8% del PIB que la Constitución Política demanda al Estado para inversión en educación, un porcentaje que en los últimos años no ha logrado llegar ni al 7% y que tampoco lo hará en este 2022.
Precisamente, el Tribunal Supremo de Elecciones incluyó el apagón educativo dentro de las 18 preguntas que planteó a los aspirantes en el ejercicio del recién concluido debate nacional.
Usted puede repasar las respuestas de todos los 25 candidatos a esos puntos medulares aquí.