Hasta el día de las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, el ex y pronto próximo presidente de Estados Unidos, se enfrentó a la posibilidad de pasar años en prisión. Pero su regreso a la Casa Blanca en 2025 significa que varios casos judiciales, además de un veredicto de culpabilidad dictado en un tribunal de Nueva York por falsificar registros comerciales, serán muy probablemente descartados.
Los cambios en la situación de los casos contra Trump se deben en gran medida a una decisión del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes gozan de amplia inmunidad judicial por actos oficiales realizados mientras ocupan el cargo.
Esa sentencia envió a los fiscales de al menos dos casos de vuelta al tablero para determinar si tenían posibilidades de éxito. Durante su primer mandato como presidente, Trump nombró a tres jueces para el Tribunal Supremo, dándole una mayoría conservadora de seis a tres.
Además, como la política del Departamento de Justicia dice que un presidente en ejercicio no puede ser juzgado en casos federales, el fiscal de un par de casos federales contra Trump está ahora dando por concluidas sus investigaciones.
Trump se enfrenta a cuatro acusaciones penales: dos a nivel federal presentadas por el abogado especial del Departamento de Justicia Jack Smith, una en el estado de Nueva York y otra en el estado de Georgia.
Solo el juicio de Nueva York ha llegado a un veredicto. Allí, un jurado condenó a Trump en junio por 34 delitos graves en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante un pago de dinero por silencio a la actriz porno Stormy Daniels. El juez Juan M. Merchan ha puesto el caso en suspenso hasta al menos el 19 de noviembre para permitir que los abogados de ambas partes consideren sus próximos pasos tras el resultado electoral.
Fue declarado responsable de abusos sexuales en dos demandas civiles por difamación interpuestas por la periodista E. Jean Carroll, que le concedieron 88,4 millones de dólares (83,6 millones de euros) en total en concepto de daños y perjuicios. Trump ha apelado ambos veredictos.
También ha recurrido un veredicto civil por fraude que le obliga a él y a sus empresas a pagar 454 millones de dólares en multas, a raíz de un caso presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Ciertamente, para los casos federales, y potencialmente también para los estatales, las ruedas están a punto de detenerse.
“Al menos durante los próximos cuatro años, parece bastante probable que los juicios se detengan de alguna manera o posiblemente se suspendan”, dijo a DW Eric Posner, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
El veredicto alcanzado en el juicio de Trump por soborno significa que se enfrenta a una posible pena de cárcel. Pero no hay garantías de que se vaya a dictar sentencia ahora que Trump ha sido reelegido.
El juez Merchan ha detenido los procedimientos para permitir que los fiscales den su opinión sobre qué hacer a la luz del fallo del Tribunal Supremo sobre la inmunidad y la victoria electoral del ex y futuro presidente.
“Si ha de imponerse una pena en este caso, me sorprendería que resultara ser de prisión, aunque los 34 delitos por los que fue condenado dan derecho a un juez a imponer [esa pena]”, afirmó Claire Finkelstein, profesora de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania, en entrevista con DW.
“Lo más probable es que se imponga una multa o libertad condicional, y nadie sabe si eso se llevará a cabo ahora o como parte de una sentencia suspendida”, dijo.
Los presidentes tienen el poder de indultar a los delincuentes por delitos federales, y los juristas han debatido si Trump podría ejercerlo en su propio interés. Es probable que no tenga que preocuparse por esa cuestión si el Departamento de Justicia cesa sus procesamientos.
La situación de los casos estatales -en los que no se aplican los indultos presidenciales- es quizá más ambigua. Pero Posner se hizo eco del escepticismo de Finkelstein sobre la posibilidad de que Trump vaya a ser sancionado.
“Es bastante inprobable que el juez [Merchan] ordene que vaya a la cárcel, pero podría multar a Trump o imponerle algún otro castigo”, dijo. “El caso de Georgia [...] lleva mucho tiempo dando vueltas y me imagino que simplemente se suspenderá, que los tribunales dictaminarán que no tiene sentido procesar a un presidente en funciones”.