POR Deutsche Welle | 8 de octubre de 2024, 6:41 AM
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el lunes su prometido proyecto de ley para condonar parte de la deuda que más de 1,2 millones de universitarios contrajeron en créditos especiales para costear sus estudios, al tiempo que presentó un nuevo sistema de financiamiento público.
Desde el Palacio de La Moneda, sede presidencial, Boric explicó los tres objetivos principales de este proyecto: condonar parte de las deudas educativas con base en criterios de justicia y mérito; reorganizar la deuda en términos razonables para quienes aún deban; y terminar con el CAE, reemplazándolo por un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior.
"La mayoría de quienes estén escuchando hoy estas palabras conocen a alguien que hoy está endeudado por haber estudiado en la educación superior con el Crédito con Aval del Estado (...) Hoy el CAE es un problema para todo Chile", dijo en cadena nacional Boric, que forjó su carrera política en las movilizaciones estudiantiles de 2011 contra el CAE y prometió la condonación de la deuda cuando llegó al poder.
"Todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje a condonar se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo al número de cuotas que haya pagado a la fecha. Así, apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas, e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos”, agregó el mandatario.
Creado en 2005 durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), el CAE permitió a miles de jóvenes de escasos recursos acceder a las universidades, pero "con el tiempo se transformó en una carga para los estudiantes y sus familias", agregó el mandatario.
Lea también
Internacional
Milei veta presupuesto universitario tras jornada de protestas en Argentina
Adelantándose al veto, en la tarde del miércoles los manifestantes buscaban presionar al Congreso para que no lo ratificaran, mientras el gobierno negociaba con legisladores a fin de blindar su confirmación.