POR Deutsche Welle | 28 de agosto de 2024, 5:33 AM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes una "pausa" en su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las advertencias de los diplomáticos de esos países sobre los riesgos de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México.

"La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa", declaró el mandatario. López Obrador aclaró que "la pausa" es solo con los embajadores de Washington, Ken Salazar, y de Ottawa, Graeme C. Clark, pero no afectará a las relaciones con los gobiernos norteamericanos.

El jueves pasado Salazar advirtió que la reforma judicial del Gobierno mexicano pone en "riesgo" la democracia y la relación comercial con Estados Unidos, además de advertir que la elección popular de jueces facilitaría la intromisión de los carteles en la justicia. Ese mismo día, Clark informó de "preocupaciones" de inversionistas ante la reforma, que se aprobaría en septiembre, cuando la alianza de partidos de López Obrador tenga la mayoría necesaria de dos tercios del Congreso para modificar la Constitución.

Qué casualidad

"Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada (de Estados Unidos), lo hacen los canadienses… Que también es de pena ajena, con todo respeto al Gobierno de Canadá, o sea, parece Estado asociado", cuestionó el mandatario en su tradicional conferencia matutina ante los medios.

De aprobarse la reforma, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte, mientras que en 2026 el país afrontará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que pide seguridad jurídica para las inversiones.

López Obrador reconoció que "todos tienen su derecho a manifestarse", pero que "la Constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención". Por ello, acusó a los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá de querer "tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos".

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