La cuestionada Fiscalía de Guatemala pidió este miércoles a la Corte Suprema quitarle la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo, al acusarlo de haber autorizado pagos "ilegales" a constructoras. "Se presentó" a la Corte la solicitud de "retiro de antejuicio en contra del señor presidente" por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución, un recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad, dijo el fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa. Ayer el Ministerio Público ya pidió quitarle el fuero al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.
El fiscal Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupto" y "antidemocrático", acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, los pagos de contratos millonarios a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción en el conocido en el país como caso "mecanismo de corrupción Micivi". "Hemos podido establecer entonces que el señor presidente [...] es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala", afirmó Curruchiche.
"Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal", reaccionó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un mensaje enviado a los medios. El propio Arévalo ha dado una conferencia de prensa en la que ha cargado contra "esa minoría corrupta incrustada en el Ministerio Público y en el sistema de justicia" y ha dicho que "corre contra el sentir general del pueblo, contra el tiempo, y queda cada vez con menos apoyos políticos que la protejan".
Arévalo y la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, están inmersos en una guerra sin tregua desde el año pasado en la que ambos arriesgan sus cargos. El actual caso se deriva de una denuncia presentada contra Arévalo el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo y también sancionado por Washington por "corrupto".
El Ministerio Público busca abrir un proceso al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, quien tiene rango de ministro, una semana después de que fuera detenida otra colaboradora.