La COP29 aprobó en la capital de Azerbaiyán, la madrugada del domingo, tras largas negociaciones, un acuerdo financiero por el cual los países ricos pagarán 300.000 millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear allí la acción climática.
Los casi 200 países reunidos en la cumbre de Bakú sellaron por fin el acuerdo con el que fijaron la nueva meta de financiación climática, que reemplazará a la anterior, que estaba establecida en 100.000 millones de dólares anuales.
Tras dos semanas de intensas negociaciones, se acordó establecer la cantidad de 1,3 billones de dólares anuales para 2035, si bien de ese monto solo 300.000 millones deberán proveerse a través de ayudas y movilización de fondos privados con respaldo público.
Los estados pudientes se comprometieron a asumir una parte de la factura que la transición ecológica y la adaptación climática comporta para los países del sur global, que son los menos responsables históricos del calentamiento global y, al mismo tiempo, los que más sufren sus consecuencias.
El texto reitera una de las demandas que estos estados con menos recursos llevan años manifestando: la reforma de la arquitectura financiera internacional.
Las partes reafirman el principio del Acuerdo de París que hace referencia a las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas de los países en la crisis climática: los considerados “desarrollados” —pudientes— emiten más gases de efecto invernadero que los llamados “en desarrollo”, y, por tanto, las partes consideran que deben asumir buena parte de la factura.
Mediante la nueva meta global de financiación climática fijada en Bakú, los estados ricos se comprometieron a movilizar en total 1,3 billones de dólares anuales para el sur global hacia 2035, pero con una primera capa asegurada, de 300.000 millones.
El monto mayor es el que sugirieron los países en desarrollo en los primeros días de la COP29, si bien lo pedían para 2030, pero la capa central del objetivo queda aún lejos de los 500.000 millones de dólares que exigieron.
Esa capa, también llamada “corazón” del objetivo, estará compuesta de “una amplia variedad de fuentes”, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, según el acuerdo.
Se invita además a que las partes puedan contabilizar voluntariamente como financiación climática los fondos que provienen de bancos multilaterales de desarrollo, cuyos donantes no son exclusivamente los países ricos, sino que también participan los estados considerados en desarrollo.
Las categorías “desarrollados” y “en desarrollo” responden a una clasificación que data de 1992, año en que nació la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, producto de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
Pero ahora, 32 años después, países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea arguyen que el mundo ha cambiado, y ya no pueden considerarse en desarrollo, por ejemplo, China, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.