Periodista: David Sibaja
El año pasado se creó la Ley de reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio (10263), que establecía un bono mensual de ₡230 mil a los hijos de estas víctimas, pero nadie ha recibido un solo colón.
Ellos, además de haber perdido a sus hijas por causa de un femicidio, ahora deben ver a sus nietos sufrir por su ausencia. Colocaban sus esperanzas en esta ley que prometía ayudarles, pero cuyas promesas no pasaron de lo redactado en papel.
Uno de esos casos es el de Oscar Morera, quien vivió en carne propia el devastador impacto del femicidio cuando su hija, Eva Morera, fue brutalmente asesinada en Heredia en noviembre de 2019, dejando a su pequeño hijo de tres años completamente huérfano.
“Existe la prioridad de atención de los servicios del Estado a las familias sobrevivientes, pero si nosotros vamos a un hospital, vamos al IMAS, vamos al PANI, vamos a la Fiscalía, a cualquiera de estos lugares, los funcionarios no conocen la ley”, asegura a Calle 7 Informativo el padre de Eva Morera, Oscar Morera.
Lamentablemente, la historia de Eva y su hijo no es un caso aislado.
“Hay personas que tal vez no lo sienten porque no lo han vivido, pero ahí adentro también hay personas que tienen familia, amistades que han vivido esto, que saben que es duro”, explica Rosemary Cordero, madre de Karolay Serrano, víctima de femicidio.
Instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o la Caja, tienen que dar dinero a este fondo, pero resulta que ninguna aporta porque en la Ley no se establece cuánto dinero deben dar y las familias siguen esperando una ayuda que no llega debido a una mala redacción de la Ley.
Pese a esta situación, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) aún no ha pensado en otra posible fuente de ingreso.
“Esta ley establece un fondo que recaudaría Hacienda y que es parte de un impuesto a la portación de armas que no entraba al INAMU. La ley lo que le indica es que ese fondo se debe administrar con base a un nuevo reglamento, entonces no podemos administrar unos recursos que no han ingresado”, defiende la presidenta ejecutiva del INAMU, Adilia Caravaca.
Por su parte, el INAMU quiso destacar su intervención en el PANI a raíz de la situación de una niña huérfana de femicidio que tenía más de un año a la espera de recibir ayuda psicológica, que es un servicio que le corresponde al Patronato. Según el INAMU, el hecho constata un claro incumplimiento de la Ley por parte del PANI, pues la Ley de Reparación Integral le exige al Patronato ofrecerle una atención prioritaria a estas personas.
De momento las modificaciones en la ley se estudian en la Asamblea Legislativa. No obstante, los cambios que se discuten tienen que ver con los beneficiarios, pues, según la redacción del texto, solo se incluyen a aquellos sobrevivientes de femicidio desde el año 2007 y hasta la fecha. Lo que se busca cambiarlo para que más bien sea aplicada a partir del año 2022.
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