El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) convalidó este jueves los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por los que se otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro, pero que son cuestionados por la oposición.
La Sala Electoral del TSJ asumió este caso luego de un recurso interpuesto por Maduro y ordenó hacer un peritaje del proceso electoral.
En la sentencia, se indica que la Sala "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado" y "convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República".
Venezuela entró en una crisis post electoral luego de que en la madrugada del 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció unos resultados que supuestamente se correspondían con el escrutinio del 80% de las actas y que, según afirmó, otorgaban una victoria "irreversible" para Maduro.
La oposición, liderada por María Corina Machado, cuestionó esos resultados y afirmó que los datos que tenía en su poder indicaban que el ganador de los comicios había sido el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia.
Las dudas sobre el proceso se profundizaron en las semanas siguientes debido a que el CNE nunca publicó los resultados desglosados por mesas que permitirían auditar el proceso.
Al mismo tiempo, la oposición publicó pocos días después de la votación una página web en la que se pueden consultar más del 80% de las actas electorales guardadas por los testigos y según las cuales, González Urrutia obtuvo el 67% de los votos, mientras que Maduro habría logrado el 30%.
El oficialismo en Venezuela afirma que las actas presentadas por la oposición son falsas. EL TSJ, formado por miembros cercanos al oficialismo, aseguró haber analizado las actas presentadas por el CNE.
El anuncio del triunfo de Maduro hecho por el CNE el 28 de julio fue seguido por una ola de protestas en numerosas ciudades de Venezuela que derivó en una ola de detenciones masivas.
De acuerdo con la ONG Foro Penal hasta este 18 de agosto habían sido detenidas más de 1.500 personas, incluyendo 129 adolescentes y 18 personas con discapacidad.
Al respecto, Maduro ha dicho que el gobierno estaba habilitando dos cárceles de "máxima seguridad" para albergar a los manifestantes, a quienes calificó como "terroristas" y "delincuentes".
En su decisión, la Sala Electoral del TSJ menciona que González Urrutia "no asistió a ninguna de las fases" del proceso al cual fue citado y se señala que, por tanto, incurrió en desacato del mandato de la autoridad judicial, "conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente”.
Cuando fue citado por el TSJ, González Urrutia anunció que no comparecería por cuanto consideraba que la Sala Electoral estaba usurpando las funciones del CNE y porque al hacerlo se colocaría en una situación de "absoluta indefensión".
La magistrada Caryslia Rodríguez, quien preside la Sala Electoral y el propio Tribunal Supremo de Justicia, dijo también que la decisión sería enviada a la Fiscalía General de la República para que fuera incorporada a la investigación penal que lleva a cabo en torno al proceso electoral por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación de desobedecer las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
Esa indagatoria también se refiere a los documentos con los resultados publicados por la oposición en la página web -que según el gobierno son falsos-, así como al "ataque cibernético" masivo que habría sufrido el CNE la noche de las elecciones y con el que se justificó la no publicación de las actas.
En un mensaje publicado en la red X, González Urrutia rechazó la sentencia del TSJ citando extractos del artículo 5 de la Constitución: "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos", escribió.
Luego agregó: "No usurparán la verdad".
Antes de conocerse el fallo, la líder opositora María Corina Machado había publicado un mensaje en X en el que afirmaba que "no existe maniobra alguna que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro, frente al golpe de Estado a la Constitución que pretenden perpetrar".
La decisión de Maduro de interponer un recurso ante la Sala Electoral del TSJ para que realizara un peritaje y estableciera “la verdad” sobre los comicios fue inusual.
Más allá del hecho curioso de que quien estaba pidiendo una revisión de los resultados de las elecciones era quien había sido declarado como ganador, diversos juristas cuestionaron ese recurso señalando que dado que el CNE no había hecho públicos los resultados auditables de la votación, en realidad, no había nada que impugnar pues la elección de Maduro se basaba en un anuncio no sustentado ni verificado realmente.
Además destacaban que en Venezuela el Poder Electoral es autónomo y que era a esa institución a la que, en primer lugar, le correspondía tramitar cualquier duda o impugnación sobre las presidenciales.
En su sentencia, la Sala Electoral ratificó su competencia para procesar este recurso e hizo varias referencias a situaciones en otros países en los cuales el TSJ se hace cargo de este tipo de contenciosos.
"Lo que el CNE tiene que hacer es permitir un acceso abierto, apartidista y técnico de todas las actas electorales. Así que este no es un tema de un recurso que se va a presentar ante la Sala Electoral [del TSJ]", dijo hace unos días a BBC Mundo el abogado José Ignacio Hernández, que señala que no había nada que impugnar ante el TSJ.
Hernández recordó que en 2015, después de que en las elecciones parlamentarias la oposición se hiciera con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el chavismo introdujo un recurso también con solicitud de amparo para impedir que cuatro diputados electos por el estado Amazonas tomaran posesión de su cargo.
Tres de estos diputados eran opositores y hacían la diferencia numérica entre que la oposición tuviera una mayoría simple o una mayoría calificada de dos tercios que le permitiera aprobar reformas importantes.
En un mensaje publicado en la cuenta de X de la secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos de esa organización establecida para indagar sobre lo que a ocurrido en Venezuela en los últimos años, cuestionó la idoneidad tanto del TSJ como del CNE.
"El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela [ha sido] requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre este país alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones", señalaron.
El mensaje agrega que el TSJ y el CNE "han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado".
El texto incluye una cita de Mata Valiñas, presidenta de esa misión, en el que se afirma que "el gobierno ejerce una injerencia indebida sobre decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello [considerado el número dos del chavismo]".
También se incluye una cita de Francisco Cox Vial, otro miembro de esa misión, quien indica que en 2022 "la Asamblea Nacional modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales, para ser controlada por la misma Asamblea, de mayoría gubernamental, y eligió a los actuales 20 magistrados y magistrada del TSJ".
Además, varios de los magistrados tienen o han tenido vínculos directos con el chavismo.
Entre estos destaca la propia presidenta, Caryslia Rodríguez, quien fue electa concejal en 2018 por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, posteriormente, fue alcaldesa encargada del Distrito Capital.
Otro ejemplo es el magistrado Calixto Ortega, quien fue diputado de la Asamblea Nacional por ese partido y fue vicecanciller durante el gobierno de Hugo Chávez.
Además, numerosos juristas y expertos que han analizado las decisiones del TSJ a lo largo de los últimos años señalan que hay un patrón en sus sentencias que invariablemente favorecen al oficialismo.
En cuanto al CNE, tres de sus cinco directivos son considerados representantes del oficialismo.
Su presidente, Elvis Amoroso, fue diputado por el PSUV y, luego, siendo contralor general de la República fue el responsable de la inhabilitación administrativa que impidió a la líder de la oposición, María Corina Machado, postularse a la presidencia.