¿Qué significa para los venezolanos la masiva concesión de permisos de trabajo en EE. UU.?

A Carlos le advirtieron que iría preso si regresaba a Venezuela.

Era funcionario público y fue investigador de la policía científica venezolana durante casi 20 años. Cuando lo asignaron en comisión de servicio en Interpol, investigó casos de narcotráfico, homicidios y delitos financieros.

Cuenta que en el último caso detuvo a dos venezolanos que cometían estafas digitales en Estados Unidos y Venezuela. Pero como estaban vinculados al gobierno venezolano, dice que recibió la orden de dejarlos en libertad y no reportar la investigación a Interpol.

“Me fui de Venezuela porque no aguanté más amenazas y humillaciones”, asegura. “Tuve que dejar a mi esposa y a mis dos hijas”.

Carlos entró a Estados Unidos con su visa de turista en marzo. Durante los últimos seis meses ha vivido de sus ahorros y de vender bienes en Venezuela, sin tener la posibilidad de trabajar legalmente por ser indocumentado.

Sin embargo, la decisión del gobierno del presidente Joe Biden la pasada semana de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a casi medio millón de venezolanos le abrió un camino para poder trabajar legalmente.

“Esta medida es una bendición porque me va a permitir tramitar mi petición de asilo y al mismo tiempo trabajar para hacer dinero y traer a mi familia”, dice a BBC Mundo.

El TPS ofrece una exención temporal de deportación y el acceso a permisos de trabajo durante 18 meses a 472.000 venezolanos que hayan ingresado en Estados Unidos hasta el 31 de julio de este año.

Quienes hayan llegado después de esa fecha, "serán expulsados ​​cuando se determine que no tienen una base legal para quedarse", aclaró en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

El TPS "brinda a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la expulsión cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro", dijo Mayorkas.

"Esa es la situación en la que se encuentran los venezolanos que llegaron aquí el 31 de julio de este año o antes".

Se trata de la mayor concesión de este estatus migratorio para ciudadanos de una misma nacionalidad en Estados Unidos, casi el doble de los 243.000 venezolanos que ya disponen de ese estatus desde 2021.

Para entender la dimensión de la masiva concesión del TPS a casi medio millón de venezolanos, hay que mirar las cifras previas: hasta ahora un total de 610.000 migrantes de 16 nacionalidades, incluidos salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, trabajan en Estados Unidos bajo este estatus, según la organización Foro Nacional de Migración.

Esa cifra casi se duplicará ahora y sólo con los venezolanos, que son los que mayoritariamente están llegando a Estados Unidos huyendo de la situación económico, social y política de su país de origen o de otros a los que migraron primero.

El número también revela el apoyo del gobierno de Biden a los migrantes de este país, para los que hace un año aproximadamente creó un proceso legal de llegada al país por avión para el que sólo se requiere un patrocinador que ya viva legalmente en Estados Unidos.

"Una oportunidad de oro"

John de La Vega, abogado especializado en legislación migratoria en Estados Unidos, considera que el TPS tendrá “un impacto positivo enorme para decenas de miles de venezolanos que se encuentran en solicitudes de asilo, procesos de deportación o apelaciones”.

“El gobierno se ha dado cuenta de que debido a la tardanza que existe en las cortes de migración en casos de asilo, ofrecer esta protección agiliza para los venezolanos tanto la posibilidad de legalizarse como de tramitar un permiso de trabajo”.

Sin embargo, advierte que es importante asesorar a los venezolanos que pueden beneficiarse del TPS, dado que miles se abstuvieron de aplicar para este estatus migratorio en 2021 por desconocimiento del inglés y de las leyes estadounidenses.

“Hay que hacer énfasis ahora en explicarle a los venezolanos, sobre todo los que tienen condiciones más vulnerables, que esta es una oportunidad de oro que deben aprovechar”, señala Helene Villalonga, activista venezolana por los derechos humanos de los migrantes en el estado de Florida.

“Tienen que entender que el TPS es un seguro, una garantía de que no serán deportados”.

Villalonga considera que esta decisión puede disuadir a muchos venezolanos de la intención de emigrar hacia Estados Unidos en lo que resta del año, dado que no recibirán el estatus quienes hayan llegado después del 31 de julio.

Por el contrario, la activista Patricia Andrade, directora de la organización Venezuela Awareness Foundation, teme que el TPS promueva la llegada de más migrantes venezolanos, con la expectativa de que se apruebe una nueva decisión ejecutiva que los beneficie en el futuro.

“Estamos viendo la frontera sur abarrotada de migrantes venezolanos. Ellos no tienen adónde volver, así que para muchos la mejor opción es entrar a Estados Unidos, aunque sea de forma irregular”.

La presión de Nueva York

La decisión del gobierno de Biden responde sobre todo a las presiones del alcalde de Nueva York, Eric Adams, y de legisladores demócratas, ante la llegada de más de 100.000 migrantes a la ciudad durante el último año. Se estima que cerca de la mitad son venezolanos.

Este flujo desató una crisis que obligó a albergar a decenas de miles de migrantes en más de 200 hoteles, refugios, tiendas de campaña y otras instalaciones.

Andrew Heinrich dirige el Projecto Rousseau, una iniciativa que brinda asistencia a migrantes y promueve la educación entre jóvenes en zonas desfavorecidas de Nueva York.

En sus 12 años de trabajo con comunidades migrantes nunca antes había visto una situación como la de los venezolanos en Nueva York.

“Creemos que el TPS tendrá un impacto enorme para aliviar la presión que la llegada de los migrantes venezolanos generó en los servicios de asistencia migratoria, social y educativa de la ciudad”, asegura desde Nueva York.

Durante los últimos meses, Adams lanzó una campaña con panfletos para persuadir a los migrantes de marcharse a otras ciudades y ofreció habilitar un refugio para 2.000 personas, el mayor albergue para migrantes que ha existido en la ciudad.

Adams responsabilizó al gobierno federal y estatal por no brindar suficiente ayuda a Nueva York para ofrecer vivienda y otros servicios sociales a los recién llegados.

Bajo el lema “Déjenlos trabajar”, Adams y otros líderes demócratas hicieron llamados para exigir más presupuesto destinado a cubrir la asistencia a los migrantes y la construcción de nueva infraestructura.

“Quiero agradecer al presidente Biden por escuchar a nuestra coalición, incluida nuestra delegación del Congreso, y dar este importante paso que traerá esperanza a los miles de solicitantes venezolanos de asilo que actualmente están bajo nuestro cuidado”, dijo el alcalde la pasada semana en respuesta a la decisión.

En una declaración conjunta, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos de Nueva York, dijeron que la medida es un "paso bienvenido" que "proporcionará el alivio necesario a los sistemas de Nueva York que se esfuerzan por apoyar a los migrantes recién llegados".

"La decisión también reducirá sustancialmente el costo para los contribuyentes de Nueva York con respecto al alojamiento de los solicitantes de asilo", añade el comunicado.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que si bien hay "más trabajo por hacer", los funcionarios estatales están listos para comenzar "inmediatamente" el proceso de "inscribir a personas para trabajar y conseguirles puestos de trabajo para que puedan ser autosuficientes".

Los venezolanos en la política de EE.UU.

Nueva York es una “ciudad santuario”, como se conoce a las localidades donde se aprobaron leyes para proteger los derechos de los indocumentados.

Por ello, las autoridades están obligadas a ofrecer asistencia a todos los migrantes que la requieran.

Los estados liderados por gobernadores republicanos en el sur del país han estado enviando a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas en protesta por las políticas fronterizas, que critican como laxas y de las que responsabilizan al presidente Biden.

De hecho, en octubre pasado Adams declaró el estado de emergencia en Nueva York cuando los refugios empezaron a llenarse de migrantes que llegaban en autobuses tras cruzar la frontera en Texas o Arizona.

Los líderes republicanos sostienen que esta medida busca aumentar la presión sobre Biden para que endurezca el bloqueo en la frontera sur de Estados Unidos y evitar el ingreso de migrantes desde México.

Los republicanos parecen haber tenido éxito en su maniobra política y así lo celebran al ver que demócratas como el alcalde Adams se ha sumado al coro de críticas y de pedidos de ayuda al gobierno de Biden en Washington.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados calcula que más de siete millones de personas abandonaron Venezuela durante los últimos años debido al colapso de la economía bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013.

Y muchos de esos venezolanos están en Estados Unidos, que se ha convertido en el destino ideal, para lo que incluso están dispuestos a arriesgar sus vidas y ahorros en una difícil travesía por América Latina cruzando el peligroso Tapón del Darién, Centroamérica y México hasta llegar a la frontera.

Los venezolanos lideran una presión migratoria que los ha convertido en un asunto de política nacional en Estados Unidos.

Los republicanos atacan al presidente demócrata y ahora también los propios demócratas exigen acciones ante un flujo de migrantes que lleva al límite los recursos de ciudades y estados.

A poco más de un año para las elecciones, Biden ha respondido con la mayor concesión de permisos de trabajo de la historia a través del TPS, reconociendo la crisis que se vive en algunos puntos del país y atendiendo las demandas de los migrantes venezolanos, que ahora podrán empezar a valerse por sí mismos.

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