La mujer que desafió el veto de la justicia de Brasil y pudo abortar legalmente en Colombia

Con nueve semanas de gestación y ninguna previsión de respuesta de la justicia brasileña a su solicitud para realizar un aborto, Rebeca Mendes Silva tomó una decisión sin vuelta atrás: interrumpir su embarazo de forma legal, en Colombia.

En entrevista con BBC Brasil, se dice segura sobre su elección de no seguir adelante con su embarazo. "Me siento muy aliviada de haber seguido ese camino. Por estar donde estoy ahora. No siento tristeza, no me siento angustiada. Me siento aliviada por estar donde estoy".

Estudiante de Derecho y madre de dos hijos, uno de nueve años y otro de seis, Rebeca descubrió su embarazo el 14 de noviembre y pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño una decisión preliminar que le permitiese abortar.

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La acción legal fue elaborada por el partido político PSOL (Partido Socialismo y Libertad) y el Instituto Anis de Bioética, que argumentan que la criminalización del aborto vulnera principios y derechos fundamentales garantizados en la Constitución, como la dignidad, libertad y salud.

La magistrada del Supremo Rosa Weber no llegó a analizar los argumentos de la solicitud. Afirmó que la acción legal utilizada (una herramienta del derecho brasileño para evitar la lesión de una norma fundamental) no sirve como remedio jurídico para situaciones individuales concretas, sino para cuestiones abstractas.

Entonces, Rebeca presentó un habeas corpus en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, que aún no tomó una decisión. Pero con la gestación avanzando, empezó a buscar otras soluciones dentro de América Latina.

La posibilidad de abortar en Colombia surgió cuando fue invitada a participar en un seminario en Bogotá por Clacai (Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro), una ONG que trabaja para garantizar derechos reproductivos.

Tanto el viaje como el hospedaje fueron pagados por esa organización. "Me invitaron a ir a Colombia, para participar en una reunión con esa asociación. Me invitaron por ser la primera mujer en América Latina que acudió al poder judicial con un procedimiento para tener derecho al aborto", contó Mendes.

"Aproveché que aquí es legal y aborté, por temor a un retraso o (a la) negativa de la justicia brasileña".

Desde 2006, la interrupción del embarazo hasta el tercer mes está permitida en Colombia para garantizar la vida de la madre, salvaguardar su salud física y mental, y en casos de estupro, incesto y deformidad severa del feto.

En Brasil, en cambio, la ley sólo permite abortar en tres ocasiones: en caso de estupro, si la vida de la madre está en riesgo y si el feto presenta anencefalia.

Las penas para una mujer que intencionalmente interrumpa su embarazo van de uno a tres años de prisión. Hay casos en los que la denuncia procede del médico que atiende en emergencias, cuando las pacientes buscan ayuda por complicaciones derivadas de un aborto clandestino.

Como Rebeca interrumpió su embarazo en Colombia de forma legal, no puede ser procesada en Brasil, según explicó el abogado penalista Pierpaolo Bottini.

"Nuestro Código Penal dice que sólo se es responsable por crímenes cometidos en el territorio nacional. Se puede responder, excepcionalmente, por crímenes practicados fuera cuando también sea considerado un crimen por el país donde se cometió el hecho", dijo.

"En el caso del aborto, como no es un crimen en Colombia cuando se realiza para resguardar la salud mental de la mujer, ella no podrá ser procesada cuando vuelva a Brasil".

"Salud mental"

Rebeca consiguió interrumpir su embarazo en Colombia bajo el argumento de que sería importante para salvaguardar su salud psíquica.

Llegó a Bogotá el 5 de diciembre, con un certificado médico asegurando que presentaba un cuadro de ansiedad y estrés, que podría derivar en una "depresión moderada o grave".

BBC Brasil tuvo acceso al documento. En él, la psiquiatra Wilza Vieira Villela dice: "Somos favorables a que se conceda a la Sra. Rebeca Mendes Silva Leite el derecho a interrumpir la actual gestación, protegiendo así su salud mental, la de sus hijos, y evitando que nazca un niño marcado por el rechazo materno y paterno y por los graves prejuicios emocionales que tal situación acarrea".

El miércoles, Rebeca ingresó en una de las 30 clínicas médicas de Profamilia, una empresa privada que existe desde 1965 y que se dedica a investigar sobre salud sexual y atención médica a mujeres que quieren interrumpir su embarazo.

La gerente de proyectos de Profamilia, Luz Janeth Forero, dijo que la empresa no cobró por el aborto de Rebeca.

"En el caso de Rebeca, Profamilia asumió los costos. Ella vino financiada por una ONG y realizamos la interrupción de la gestación porque ella es una mujer pobre, de 30 años, con dos hijos. Y por el hecho de que el embarazo le estaba generando estrés psicológico, por lo que podía ser incluida en los casos en los que prestamos asistencia gratuita", le dijo Forero a BBC Brasil.

La interrupción del embarazo fue por aspiración, que consiste en la succión al vacío del contenido uterino. Rebeca dejó la clínica con un anticonceptivo subcutáneo, un implante bajo la piel que libera hormonas y previene el embarazo hasta por cinco años.

"Desde que llegué, fui tratada con mucho cariño y respeto por lo que estaba pasando y por lo que quería hacer con mi cuerpo. El procedimiento de interrupción tuvo lugar sin ningún gran problema u obstáculo", dijo Rebeca.

"Estaba muy bien aconsejada. Hice el procedimiento y salí con el método anticonceptivo que elegí. Diferente a Brasil, donde ponen varios obstáculos y acabé donde estaba, con un embarazo no deseado".

Rebeca dice que se quedó embarazada en un momento en el que estaba cambiando de método anticonceptivo.

En septiembre hizo una consulta en el Sistema Único de Salud y solicitó que le pusieran un DIU (dispositivo intrauterino), pero la ecografía exigida por el médico para que pudiera comenzar a usar este método fue programada para diciembre.

Planes de futuro y desempleo

Rebeca sueña con ser abogada y está en el quinto semestre de Derecho. Paga sus estudios con una beca del Programa Universidad para Todos (PROUNI).

Actualmente, recibe un salario de 1.200 reales (US$365) de un trabajo temporal en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) hasta febrero de 2018, y paga un alquiler de US$182 por la casa donde vive con sus hijos.

Separada del padre de sus hijos —que también era el padre del bebé que estaba esperando— recibe una pensión que varía entre los US$212 y los US$303 mensuales.

"Ya pasé por dos maternidades en las que, pese a que ellos tienen padre, realicé un trabajo de madre soltera. Siempre tuve que remangarme y hacerlo", dijo.

"Tuve que esperar a que los dos crecieran un poco más para poder ir a la universidad. Nadie me ayudó. O los cuidaba sola o tenía que pagar a alguien para que los cuidara"

Apoyo y críticas

Desde que presentó su acción en el Supremo, el nombre de Rebeca se hizo público y pasó a ser objeto de mensajes de apoyo, pero también de muchas críticas.

El debate llegó a las redes sociales y dividió a los usuarios. Algunos de ellos criticaban a Rebeca por "quedar embarazada por descuido" y la acusaron de querer "quitar una vida". "Lo debió tener y darlo en adopción", dijo una internauta.

Otros la defendieron argumentando que "siempre culpan a la mujer" y que "las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo".

Cuestionada sobre cómo lidia con esa exposición pública, Rebeca señaló: "Creo que quien criticó lo va a seguir haciendo. Y quien apoyó va a seguir apoyando. Eso no cambia mucho con el aborto. Mi expectativa es la mejor posible. Vi que existe un país muy próximo a Brasil y un país que, aún siendo muy religioso, como Brasil, está por delante en cuanto a la dignidad y el respeto al cuerpo y la decisión de las mujeres".

El Supremo todavía va a abordar el asunto

Aunque la magistrada Rosa Weber le negó el recurso provisional a Rebeca para que pudiera interrumpir el embarazo, la posibilidad de despenalizar el aborto cuando se realizó en los tres primeros meses de gestación será analizada por el plenario del Supremo, en fecha aún por determinar.

El PSOL argumenta que la criminalización del aborto es inconstitucional y requiere que la interrupción del embarazo sea permitida hasta el tercer mes.

La Abogacía General de la Unión (AGU) defendió la legislación actual sobre el aborto, afirmando que cualquier cambio tendría que ser realizado por el Congreso, con un "amplio debate".

"Cuando se discuten temas esenciales para el funcionamiento de un régimen democrático, como los derechos fundamentales —en este caso, el derecho a la vida—, (esos temas) no pueden ser sustraídos del poder competente que representa a toda la sociedad, que es el poder legislativo", consideró la AGU.

No obstante, para Rebeca, como no hubo una decisión sobre el asunto, muchas mujeres continuarán abortando de forma clandestina.

"Nuestro Estado, desgraciadamente, cierra los ojos para las mujeres. Pero las mujeres necesitan aparecer, tener la valentía de dar nombre y voz a lo que sucede. No sucede sólo con Rebeca, sucede con María, Julia, Juliana, muchas mujeres. Nosotras existimos y necesitamos de un respaldo de nuestra sociedad", reclamó.

El aborto en América Latina y en el mundo

La gran mayoría de países de América Latina tiene una legislación restrictiva en cuanto al aborto.

Sólo Uruguay (desde 2012) y Cuba (desde 1965) permiten la interrupción de la gestación en todo el territorio, sin restricciones. En México, su capital, la Ciudad de México, y algunos estados permiten el aborto hasta la decimosegunda semana de gestación.

Algunos países flexibilizaron las reglas sobre el aborto por medio de decisiones judiciales, como es el caso de Colombia (para salvaguardar la salud física y mental de la madre) y en Brasil (en el caso de feto anencéfalo).

Pero en la mayor parte de los países latinoamericanos sólo permiten el aborto en casos muy específicos, como estupro o riesgo para la vida de la madre, como en Argentina.

En agosto, Chile despenalizó el aborto en tres supuestos: en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y por embarazos producto de una violación.

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En Nicaragua, El Salvador y República Dominicana está completamente prohibido. Junto a ellos, sólo Malta y El Vaticano prohíben el aborto en cualquier circunstancia, según la ONU.

En Estados Unidos, la Suprema Corte reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en 1973, en el juicio Roe contra Wade. El año pasado, el tribunal derribó una ley en Texas que imponía regulaciones severas a los médicos y clínicas que realizaban abortos.

En Canadá, el aborto también está permitido desde 1988, en cualquier fase del embarazo. En Europa, en la mayoría de los países se permite el aborto hasta el tercer mes y puede realizarse en los sistemas públicos de salud.

En Brasil, aunque la interrupción del embarazo solo sea permitida en caso de riesgo de vida para la madre, estupro y feto anencéfalo, la Encuesta Nacional de Aborto de 2016, realizada por la Universidad de Brasilia, muestra que una de cada cinco mujeres a los 40 años ya tuvo al menos un aborto.

En 2015, se realizaron 503.000 abortos en Brasil y casi la mitad de las mujeres necesitó ser hospitalizada después del procedimiento clandestino.