POR BBC News Mundo | 15 de agosto de 2023, 11:12 AM

El primer cargo en la imputación del estado de Georgia acusa a Donald Trump y otras 18 personas de un delito conocido como “racketeering” (extorsión o asociación ilícita), por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.

Fani Willis, la fiscal distrital del condado de Fulton, anunció los cargos que implican al expresidente Trump en una extensa conspiración para subvertir las elecciones y lo nombra como cabecilla.

"La imputación alega que en lugar de acatar el proceso legal para impugnar elecciones, los acusados emprendieron una iniciativa criminal y asociación delictiva para revertir los resultados electorales de Georgia", afirmó.

Esta es la cuarta serie de acusaciones criminales hechas contra Trump en meses recientes, pero es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos imputados en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti y Vincent Gigante.

En EE.UU., las actividades del crimen organizado son rutinariamente procesadas bajo la llamada Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés).

La ley RICO permite a los fiscales atar los cabos entre los secuaces subalternos que violan la ley y los autores intelectuales que les dieron la orden para actuar.

Más de 30 estados en EE.UU. han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO y el modelo adoptado por Georgia tiene un alcance más amplio que la mayoría.

Los estatutos de la RICO federal enumeran 35 crímenes que pueden clasificarse como evidencia de racketeering o extorsión, pero las leyes RICO de Georgia contemplan 65 crímenes en su lista.

Los fiscales deben demostrar que existe una “empresa” criminal y detallar un patrón de extorsión que se base en por lo menos dos crímenes calificados.

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Anteriormente, la ley RICO se utilizó para enjuiciar a jefes del crimen organizado como John Gotti, aquí saliendo de un tribunal en 1990.

Las penas bajo la ley RICO de Georgia son severas -condenas de cárcel de entre cinco y 20 años, o multas de hasta US$250.000- y pueden servir para persuadir a los subalternos a llegar a un acuerdo con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida.

Estos incidentes pueden generar una oleada de evidencia y testimonios sin precedente que los fiscales pueden utilizar contra los supuestos cabecillas, según Anthony Michael Kreis, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia.

Para condenar al mismo Trump, Kreis explicó que los fiscales deberán demostrar que el expresidente no fue “un simple participante pasivo” siguiendo asesoría legal, sino el hombre “conduciendo el autobús”.

Trump ya está enfrentando cargos federales imputados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por sus afirmaciones falsas con respecto a las elecciones, en un juicio cuya evidencia sería un factor en, y empalmaría con, el caso en Georgia.

También tiene pendiente un juicio sobre el supuesto manejo negligente de documentos clasificados y los pagos a una actriz pornográfica para silenciar sus testimonio.

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Rudy Giuliani, otrora abogado personal de Trump, también podría estar implicado en un proceso bajo la ley RICO.

Una fiscal "fanática" de la ley RICO

La fiscal distrital Fani Willis, una demócrata, ha hecho uso en el pasado de las leyes antiextorsión de Georgia en procesos de alto perfil.

En 2013, lideró el caso de la fiscalía -bajo cargos RICO- contra maestros y administradores de las escuelas públicas de Atlanta, acusados de hacer trampa en los exámenes estandarizados del estado para obtener bonificaciones y promociones.

“Según RICO, no tienen que sentrase todosen una mesas a comer espagueti (y a conspirar)”, explicó Willis cuando imputó a casi tres decenas de docentes hace una década.

“Pero lo que tienes que hacer es que con todos estés haciendo la misma cosa con el mismo propósito. Todos tienen que estar trabajando hacia el mismo objetivo”.

Once de 12 funcionarios fueron condenados en un juicio, el de mayor duración en la historia del estado, con la mayoría de los otros cómplices declarándose culpables.

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RICO es una herramienta que le permite a los fiscales contar toda la historia, afirma Fani Willis.

El año pasado, Willis se amparó otra vez en los estatutos RICO para argumentar que el galardonado rapero Young Thug y 27 asociados de su sello discográfico YSL eran un “pandilla criminal callejera”.

“La razón por la que soy fanática de RICO es porque creo que los que componen el jurado son muy, muy inteligentes”, expresó en una rueda de prensa cuando anunció los cargos.

“Ellos quieren saber qué sucedió. Quieren poder tomar una decisión precisa sobre la vida de alguien. Así que RICO es una herramienta que permite a la fiscalía y a las autoridades contar la historia completa”.

Caso largo y problemático

Pero este juicio, que estaba programado para empezar en enero pasado, lleva ocho meses en un lento proceso de selección de jurado, con miles de personas siendo eximidas y ni un solo jurado escogido.

Eso a dejado a Young Thug esperando tras las rejas durante 15 meses, mientras que un manojo de sus asociados de YSL implicados llegando a acuerdos a cambio de declararse culpables o teniendo sus casos desvinculados del juicio.

“Espero que Fani Willis haya aprendido de este caso de YSL cuando el de Donald Trump llegue a esa instancia”, comentó Keisha Steed, una abogada defensora en Atlanta. “¡La manera como se está desarrollando es un desastre!”.

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El rapero Young Thug está acusado bajo la ley RICO de pertenecer a una pandilla criminal callejera.

La abogada dijo que el despacho de Willis no parecía “preparado para la cantidad de jurados que tuvieron que llamar, la logística de tenerlos a todos en un mismo lugar, el tiempo que les toma a los abogados interrogar a los jurados”.

El laborioso compás del juicio de Young Thug la ha colocado al borde de romper el récord establecido por el juicio contra los docentes de Atlanta como el más largo en la historia del estado.

Eso no es inusual que suceda en los casos RICO que implican múltiples acusados y múltiples abogados, lo que puede crear un gran embotellamiento en el sistema legal.

“Todo el juzgado está básicamente cerrado”, afirmó Meg Strickler, otra abogada defensora local.

“Odio la ley RICO”, añadió, diciendo que los clientes suelen estar intimidados por las penas que enfrentarían y el tiempo y dinero necesarios para su defensa.

Y, dado lo largos y complicados que son los juicios RICO, ella considera que el proceso de Trump probará ser un asunto confuso e incómodo para un jurado, si es que finalmente se puede seleccionar uno.

“Los miembros del jurado van a quedar dormidos mucho antes de que lo puedan entender”, pronosticó Strickler.

BBC

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