Cancilleres de 12 países de América y el Caribe suscriben en la "Declaración de Lima" que Venezuela "no es una democracia"

Los cancilleres de 12 países de América y el Caribe suscribieron este martes la "Declaración de Lima" por la que consideran que Venezuela "ya no es una democracia" y "son ilegítimos" los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La Declaración de Lima condena además "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente".

"Enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza", señala el texto.

El documento establece que los países que la firman sólo reconocerán los actos que según la Constitución de 1999 requieran la aprobación de la Asamblea Nacional cuando ésta efectivamente se la otorgue.

• La dirección de la Asamblea Nacional de Venezuela denuncia que oficialistas forzaron entrada del hemiciclo protocolar para preparar sesión de Constituyente

La declaración fue suscrita por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y México.

También asistieron a la reunión los representantes de Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay, países que no aparecen mencionados entre los firmantes del texto.

Presentado por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, el documento es la respuesta de 12 países al inicio de los trabajos en Venezuela de la Asamblea Constituyente , un suprapoder conformado exclusivamente por chavistas.

El gobierno de Venezuela, por su parte, acogió este martes en Caracas una reunión de sus aliados, agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina (ALBA), en la que participaron los cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y varias islas del Caribe, quienes demostraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Durante ese encuentro, Maduro denunció que "Venezuela está siendo agredida por los factores imperiales y las oligarquías latinoamericanas".

La oposición boicoteó la elección de la ANC por considerar que la Constitución establece que su convocatoria debía haber sido aprobada por un referendo previo.

Además, sobre la Constituyente pesa la denuncia de fraude en las elecciones lanzada por la empresa Smartmatic, la proveedora del sistema electrónico de votación.

• "Si no te mata la delincuencia, te mata el hambre": el drama de los 25.000 venezolanos que a diario entran caminando a Colombia

El presidente Nicolás Maduro llamó a la Constituyente para tratar de poner fin a la ola de protestas opositoras y prometiendo que sacaría al país de la grave crisis económica que vive.

Pero la oposición considera que se trata de una maniobra para evitar convocar elecciones y deshacerse de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición.

Medidas

En la Declaración de Lima, se afirma que Venezuela no cumple con los requisitos y obligaciones establecidos por la ONU en materia de derechos humanos y anunciaron su intención de seguir impulsando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

Los países firmantes manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria que vive el país sudamericano y manifestaron su condena al gobierno de Maduro "por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano".

En el documento acordaron no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales; y llamaron a detener la transferencia de armas hacia Venezuela, sobre la base de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas .

Esas normas establecen, entre otras restricciones, que los estados no realizarán transferencias de armas cuando estas puedan ser utilizadas para cometer crímenes de lesa humanidad o para ataques contra civiles.

Sobre este asunto se pronunció este martes, la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos al señalar que agentes de seguridad de Venezuela han usado fuerza excesiva para reprimir las protestas, y que el gobierno de Maduro es responsable de violaciones a los derechos humanos.

Los estados firmantes de la Declaración de Lima anunciaron su disposición a apoyar "todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia" en Venezuela.

Además se comprometieron a hacer seguimiento a la situación en ese país, por lo que acordaron volver a reunirse a más tardar durante la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU.

Crisis

Venezuela está sumida en una severa crisis política.

El país vive desde abril una ola de protestas antigubernamentales en las que han perdido la vida más de un centenar de personas.

El detonante de las manifestaciones fueron unas resoluciones en las que el TSJ, al que la oposición considera que trabaja al dictado del oficialismo, se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ya antes había declarado en "desacato".

Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional.

A inicios de mayo, el presidente Maduro anunció la convocatoria a la Constituyente como un mecanismo para recuperar la paz perdida en el país.

El gobierno atribuye la difícil situación venezolana a una "guerra económica" fomentada por la oposición y por Estados Unidos, al que atribuye intenciones de intervenir en el país.

Sin embargo, la oposición considera que la ANC, en cuya elección no participó, es el golpe definitivo a la democracia en Venezuela y que con ella Maduro se ha convertido en un dictador.

Entre sus primeras medidas, la Constituyente acordó el sábado pasado la destitución de la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz , quien en los últimos meses se convirtió en una voz crítica del gobierno, al que acusó de haberse salido de los cauces constitucionales.

La Declaración de Lima incluyo una afirmación de solidaridad y apoyo con Ortega y el resto de miembros del Ministerio Público, así como una solicitud de acatamiento a las medidas cautelares de protección que acordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a esa alta funcionaria.