Por Eric Corrales |9 de agosto de 2021, 18:13 PM

Las autoridades costarricenses están a la espera de que la Fiscalía de Veracruz defina el "estatus legal" de César Julián Herrera Víquez, tico detenido por la policía mexicana durante un allanamiento que se realizó, el viernes anterior, en el edificio donde se ubica su oficina.

La Cancillería de Costa Rica confirmó que el cónsul general habló por teléfono con el detenido, quien inicialmente fue reportado como desaparecido.

"Manifestó encontrarse bien de salud, al tiempo que se le explicaron los pasos procesales por venir, en particular que la Fiscalía de Veracruz deberá definir su estatus legal en horas tempranas del martes 10 de agosto, de conformidad con la legislación mexicana aplicable”, explicó el Consulado General de Costa Rica en México.

Las autoridades ticas aseguran que siguen con atención las etapas de este proceso judicial para asegurar los derechos del costarricense, en estricto respeto a la legislación local. 

Como a cualquier otro costarricense, se le brindará la asistencia consular correspondiente”, agrega el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La representación diplomática asegura que han estado en contacto con las autoridades mexicanas desde el viernes 6 de agosto, cuando se les notificó sobre este caso. Además, tienen comunicación con la familia del costarricense y sus abogados "a quienes se ha mantenido al tanto de todas las gestiones que se han efectuado".

“El Consulado se comunicó con las autoridades judiciales y policiales del Estado de Veracruz y las localidades de Xalapa y Coatepec. También solicitó apoyo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

“El cónsul general fue notificado por autoridades mexicanas de que el costarricense había aparecido y se encontraba en custodia de autoridades judiciales del Estado de Veracruz. La familia directa ya fue informada y el Consulado se mantiene atento y al pendiente de nueva información sobre este caso”, aclararon las autoridades.

A los familiares de César les dijeron, el domingo, que pronto lo iban a liberar, pero no fue así. Al contrario, sus parientes sostienen que lo van a procesar por delitos de armamento pesado y agresión a la autoridad.

"Las acusaciones son completamente absurdas y no tienen fundamento; sin embargo, es la jurisdicción mexicana. Podemos decir que es incorrecto, pero no podemos impedir que se haga. Es por eso que pedimos la ayuda de alguien con peso en Costa Rica para que contacte al Gobierno Central de México y meta las cartas en el asunto. Puede ser el Secretario de Estado para que él meta la mano y diga qué es lo que está sucediendo", explicó Jonathan, hermano de César.

¿Qué se sabe hasta el momento, según datos del Consulado?

A las 21:30 horas del viernes 6 de agosto, el Consulado General de Costa Rica en México fue contactado a su teléfono de emergencias por la esposa del costarricense, para reportar su desaparición. Según informó, es un residente legal en México, quien habría sido arrestado por la policía en su lugar de trabajo esa misma tarde, aparentemente en forma irregular, por haberse dado una intervención policial en una oficina vecina. 

Esa misma noche, el Consulado intentó comunicarse por teléfono con las autoridades policiales de Coatepec y Xalapa, pero por la hora no se obtuvo respuesta.

Durante la mañana del sábado 7 de agosto, el Consulado logró comunicarse con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que remitió la consulta a la Policía Ministerial de Xalapa, con el fin de hacer un rastreo del ciudadano costarricense dentro del sistema de inteligencia del Estado. El resultado de la búsqueda, según se manifestó al Consulado alrededor de las 13:00 horas, fue negativo, a pesar de que múltiples testigos y hasta fotografías habían documentado la detención del costarricense por parte de autoridades policiales de la localidad de Coatepec.

También en horas de la mañana del día sábado, el cónsul habló telefónicamente con miembros de la familia del costarricense en Costa Rica y se acordó mantener a la señora esposa, residente en México, como enlace de comunicación con la familia.

Ante la supuesta inexistencia de registros sobre la detención del costarricense y de conformidad con los protocolos para este tipo de casos, a las 14:00 horas del sábado, el Consulado remitió una solicitud formal de información a la Fiscal General del Estado de Veracruz y solicitó apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, institución que de inmediato se comprometió a investigar con más detalle el asunto.

Finalmente, a las 21:00 horas del mismo sábado 7 de agosto, las autoridades judiciales de Veracruz se comunicaron con el Consulado para manifestar que el costarricense acababa de ser puesto en su custodia y que en las siguientes horas se revelarían los cargos por los cuales se encuentra detenido. Asimismo, el Consulado solicitó una entrevista con el ciudadano costarricense, la cual se programó para horas de la mañana del domingo 8 de agosto. 

El Consulado informó de inmediato a la familia del costarricense en México y sostuvo esa misma noche una conferencia telefónica con los abogados contratados por la familia, con el fin de coordinar los siguientes pasos procesales.

En horas de la mañana del domingo 8 de agosto, el Fiscal a cargo del caso se comunicó con el Consulado y reprogramó la entrevista para horas de la noche. Mientras tanto, a lo largo del domingo, el cónsul sostuvo conversaciones informativas constantes con la familia del costarricense en México, constatando que la familia y sus abogados ya se habían movilizado a Veracruz para dar seguimiento al caso, y que la señora esposa pudiera tener una entrevista con César. De igual forma, el diplomático conversó con un hermano del detenido y le explicó los siguientes pasos procesales.

A las 22:00 horas del domingo 8 de agosto, el cónsul entrevistó al costarricense por teléfono, constató su buen estado físico y le explicó los siguientes pasos procesales, en particular que la Fiscalía de Veracruz deberá definir su estatus legal antes de la madrugada del martes 10 de agosto, de conformidad con la legislación mexicana aplicable.

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