Por Juan José Herrera |8 de julio de 2020, 10:22 AM

Las municipalidades de todo el país dejaron de percibir, al menos,₡987 millones por obras construidas en 2019 sin los respectivos permisos.

El dato se desprende del informe presentado este miércoles por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que reveló un preocupante aumento en la cantidad de construcciones sin permisos.

Según la entidad, en solo cuatro años el porcentaje de obras sin permiso se duplicó en el país, pasando de un 15% en 2015 a 30% en 2019.

Ese valor se obtuvo a partir de las 4.579 inspecciones realizadas el año anterior, que reveló además un aumento importante en esta problemática en las provincias de Guanacaste y Limón, con 45% y 38% respectivamente.

“Desde el CFIA, hacemos un llamado de atención a los municipios por la cantidad de proyectos en proceso de construcción que no cuentan con permiso, el caso específico de las provincias de Limón y Guanacaste que lideran los resultados negativos, con los porcentajes más altos de obras sin trámite municipal.

“Es indispensable que se cumpla con la normativa técnica, que implica la contratación de profesionales en ingeniería y arquitectura, y también la obtención de los permisos de construcción para así cumplir con toda la normativa legal y ambiental del país, todo lo anterior para la seguridad de las construcciones y de las personas que las utilizarán, ya que los proyectos informales que se construyen bajo conocimientos empíricos, implican un altísimo riesgo para toda nuestra sociedad”, aseguró la presidenta del CFIA, Alejandra Morice.

En el otro extremo, San José es la provincia con mayor porcentaje de cumplimiento (81%), seguida de Cartago (78%), Heredia (76%) y Puntarenas (72%).

Alajuela alcanzó 67% y reúne además dos de los cantones con mayor índice de incumplimiento: Guatuso (67%) y el recién fundado Río Cuarto (69%).

El Colegio aseguró que, ante el incremento sostenido de obras sin permiso, iniciará con un proceso de acompañamiento en las municipalidades con mayores índices para verificar si existe un debilitamiento en los controles de inspección, una presentación a cada concejo municipal con sus datos respectivos para tomar las medidas correctivas y además la apertura de procesos contra aquellos profesionales que tramitaron los permisos ante el CFIA pero no ante la municipalidad.