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Los defensores del océano dudan que la iniciativa para reactivar la pesca de arrastre, dictaminado este lunes por los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, supere una consulta constitucional para finalmente convertirse en ley de la República.

En MarViva recalcan que el proyecto no cuenta con un criterio previo que justifique la viabilidad ambiental y económica pese a los cambios en el arte de pesca.

“No es un proyecto de ley que soluciona los problemas que plantea la Sala, no es suficiente. Lo que hace falta para que este proyecto tenga viabilidad constitucional son los estudios que respalden de manera previa”, señaló Katherine Arroyo, gerente de incidencia política del MarViva.

Uno de los cambios incorporados en el último texto sustitutivo, es brindar los recursos para que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en el periodo de un año realice los estudios pertinentes una vez que se apruebe dicha ley.

Sin embargo, Arroyo afirma que estos criterios que, cuestionados por la academia, el Incopesca y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), deben conocerse antes de la aprobación de cualquier iniciativa que pretenda revivir la pesca de arrastra.

Además, que el proyecto actual no subsana los criterios que en su momento tuvo la Sala Constitucional para ordenar la suspensión de dicha actividad en el 2013, ya que en materia ambiental es muy importante conocer la certeza científica de sus implicaciones.

“La Sala pidió que primero analicemos como está nuestra biomasa, que analicemos cuál es el impacto ambiental en nuestros fondos marinos y los impactos sociales y económicos a las comunidades pesqueras”, justificó.

Otra de las incógnitas que plantean es la nueva técnica que la ley avalaría para la pesca llamada AA Costa Rica, desarrollada por pescadores y científicos costarricenses que permitiría capturar el 70% de camarón y solo un 30% de la fauna de acompañamiento.

“Fundamentan su viabilidad en el hecho de que la duración del arrastre durará solo dos horas y que no estaría tocando el lecho marino, pero esta metodología ha sido cuestionada porque es muy débil en sentido técnico.

“Es un experimento que se desarrolló en un periodo de tres meses en seis áreas muy específicas del Pacífico y el proyecto tiene un alcance mucho más amplio”, concluyó Arroyo.  

Se espera que dicho proyecto de ley continúe su trámite legislativo en primer debate la próxima semana, así como si se solicita la respectiva consulta constitucional.