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Tras una extensa jornada de manifestaciones estudiantiles en las calles, las universidades públicas y autoridades el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a la tensa semana que se vivió por el uso del Fondo Especial de Educación Superior (FEES). 

Dicho acuerdo implica que los centros de enseñanza harán una redistribución de sus recursos para cumplir con los 35.000 millones de colones en inversión de capital (compra de equipo o construcción de edificios) pero quedó claro que ese dinero no tiene que venir exclusivamente del FEES que le gira el Gobierno, sino que podrá valorar sus presupuestos totales.

Antecedentes

Días atrás, una orden el Ministerio de Hacienda establecía que la inversión de capital proveniente del FEES tenía que ser de 70.000 millones, decisión que había desatado una convulsa semana de manifestaciones entre estudiantes universitarios, que provocó el cierre de vías en San José y Heredia y la toma del edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica por parte de un grupo de estudiantes desde el jueves anterior. 

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Posteriormente, por una moción aprobada en la Comisión de Hacendarios, se determinó la cifra bajaría a 35.000 millones, monto que también generó preocupación para las universidades.

Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, estimó miles de despidos si tomaban esos 35.000 millones del FEES para inversiones de capital y no para gasto corriente (salarios).

El pulso era, entonces, por un lado la posición del Ejecutivo, representado por el ministerio de Hacienda, en el que se establecía que el dinero para inversión de capital debía de salir del FEES, mientras que, por el otro, las universidades apuntaban a que debía de tomarse del presupuesto total.

El acuerdo 

El acuerdo entre el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) respalda la autonomía universitaria y afirma que “no se deben dar clasificaciones de partidas del FEES que no hayan sido aprobadas por las universidades de manera autónoma", como sucedió con los ₡70.000 millones propuestos originalmente por Hacienda.

La ministra de Hacienda Rocío Aguilar, la voz más crítica en la necesidad de esa redistribución, no estuvo presente en la discusión de esta tarde.

El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, aseguró que no se excluyó a nadie de la discusión, sino que se representó al Ejecutivo mediante la presencia de él, la ministra de Educación y el propio presidente Carlos Alvarado, quien tampoco estuvo en la lectura del acuerdo.

Según Morales, la presencia de Hacienda en este momento de la discusión era innecesaria, pues el presupuesto ya está en manos de la Asamblea Legislativa.

El acuerdo también incluye la incorporación a futuro de la representación estudiantil en la Comisión de Enlace que negocia el monto del FEES, así como la reiteración de la intención del regreso a la discusión quinquenal de este como se hacía antes de 2015.

Voceros de la oficina de prensa de Casa Presidencial defendieron que las universidades sí deberán cumplir con el traslado de esos 35.000 millones de gastos ordinarios a gastos de capital, solo que lo harán a través de la reclasificación de partidas específicas ya existentes pero que, "por error", estaban clasificadas como gastos cuando en realidad son inversión.