Por Julio Naranjo |11 de septiembre de 2019, 12:43 PM

Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos presentaron este miércoles un nuevo texto consensuado entre las fracciones con el fin de regular aquellas plataformas tecnológicas de transporte como Uber.

La acción de los legisladores se presenta luego de que la misma comisión rechazara dictaminar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

Entre los principales acuerdos según el texto, se determina que las plataformas digitales deberán pagar al Estado un derecho para registrarse en el país correspondiente a 20 salarios base (establecido en 446.200), es decir casi 9.000.000, el cual se renovará cada cuatro años con un costo adicional de 10 salarios base.

Además, las personas que presten servicio de transporte por medio de estas aplicaciones deberán cancelar el 13% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), pago que se exime para el gremio de taxistas.

Esta es una de las medidas con la que los diputados esperan formalizar el empleo que desempeñan hasta ahora los conductores de estas plataformas, ya que además de inscribirse como contribuyentes ante Tributación, también deberán hacerlo ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que coticen a la seguridad social como trabajadores independientes y contar con un seguro de cobertura total.

“Estamos viviendo circunstancias difíciles por el desempleo y con este proyecto se pretende garantizar el trabajo de mucha gente con un sano equilibrio. Lo importante es que el usuario acceda tanto al transporte público y las nuevas tecnologías en una sana convivencia”, comentó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Roberto Thompson.

La idea es que se garantice el buen servicio para los usuarios y el perfil de calidad a los conductores. Además, estos podrán emitir factura electrónica que hasta el momento no brindan.

Para los taxistas en cambio, se les autoriza a aquellos que tengan un vehículo con menos de ocho años de antigüedad realizar solo una revisión técnica, mientas que aquellos que superen ese periodo deberán hacerlo cada seis meses.

Además, los concesionarios podrán sustituir el vehículo cuando lo requieran, por uno usado, siempre y cuando el vehículo no supere la antigüedad permitida para brindar el servicio.

También se les autoriza la colocación de publicidad interna y externa en los taxis, algo que es muy practicado en otros países, siempre y cuando no afecte la visibilidad tanto del conductor como el usuario.

En cuanto a la tarifa, esta se regirá con un precio máximo de referencia, pero taxista y usuario podrán acordar un precio por debajo del establecido.

“No es un texto acabado porque escucharemos a todos los actores involucrados”, agregó el legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca.

Los diputados esperan que este nuevo proyecto de ley, expediente N° 21.587, se tramite mediante vía rápida en el proceso legislativo.