‘Antes de reforma electoral los controles eran prácticamente inexistentes’, acepta Sobrado

El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, aceptó este miércoles que los controles de deuda pública aplicados durante las campañas de 2002 y 2006 eran prácticamente inexistentes.

En comparecencia ante los diputados de la comisión que investiga las campañas electorales del Partido Acción Ciudadana en los años 2002, 2006 y 2010, el magistrado calificó como “muy deficitarios” los procesos destinados a supervisar y corroborar los gastos por deuda pública presentados por los diferentes partidos.

“El modelo anterior era muy deficitario y los controles prácticamente inexistentes. La realidad es que eso fomentada ese clima de impunidad y un ambiente de opacidad”, dijo Sobrado ante las consultas de los legisladores.

El presidente del tribunal reforzó así lo dicho el lunes por la contralora general Marta Acosta, quien aseguró ante la misma comisión que antes de la reforma electoral el papel de la Contraloría en ese proceso era básicamente una revisión de requisitos.

Sobrado, además, explicó que hasta antes de la reforma el TSE tenía que aceptar la revisión realizada por la Contraloría y solo actuaba como mediador en el caso de que existiera inconformidad del algún partido con el informe presentado por el ente contralor.

“El tribunal no tenía la especialización en esa materia, lo que hacía era poner en conocimiento del partido el informe y arbitrar las diferencias entre la Contraloría y el partido afectado. Eso cambió con la reforma”, añadió.

La reforma electoral permitió que el TSE detectara en sus controles una estafa del PAC al Estado por el uso de contratos ilegales por servicios profesionales, que acabó con una condena por el fraude de ₡516 millones de la agrupación contra el erario público en la campaña de hace nueve años.

Los magistrados del tribunal aseguraron que no se investigaron las campañas anteriores pues la revisión se realizó solo para ese periodo en específico.
Las autoridades ahora analizan si el presunto accionar similar del PAC en las dos elecciones anteriores puede aún ser sancionado o los delitos ya prescribieron.