Por Rodolfo González |23 de abril de 2019, 14:18 PM

Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron este martes por la noche al Ministerio Público que investigue la actuación de varios exfuncionarios públicos por el caso conocido como hueco fiscal.

La solicitud la hicieron mediante un informe de mayoría, en el cual algunos de los legisladores mencionaron directamente al expresidente Luis Guillermo Solís y al exministro de Hacienda, Helio Fallas, como parte de las personas que deberían ser investigadas. Igualmente sería el caso de Marta Cubillo, tesorera nacional. El informe menciona otras cuatro personas más.

El legislador de Nueva República Jonathan Prendas señaló en conferencia de prensa que la actual ministra de Hacienda Rocío Aguilar también tiene responsabilidad en el hueco fiscal, pero no al mismo nivel que Solís y Fallas, por lo cual no todos los miembros de la comisión consideran que deba tener una responsabilidad penal.

De todos los miembros de la comisión, la única que tomó una posición distinta a la de la mayoría fue la oficialista Paola Vega, quien en un informe de minoría señaló que no encontró una conducta que debe ser indagada penalmente.

La liberacionista Franggi Nicolás, manifestó que este informe de mayoría se da “tras ocho meses de investigación seria y profunda” y que la conclusión a la que llegaron fue que algunos realizaron acciones que sólo le correspondían “al Primer Poder de la República y comprometieron las finanzas públicas”

El informe también le pide a la Contraloría General de la República inhabilitar por cuatro años de ocupar cargos públicos a las personas señaladas.

¿De qué se trató el caso del hueco fiscal?

El caso se remonta a mediados del año pasado, cuando el actual Poder Ejecutivo solicitó en dos presupuestos extraordinarios, unos 900 mil millones de colones que originalmente debían de haber sido solicitados por la administración de Luis Guillermo Solís, pero que nunca se hizo.

Una buena parte de ese dinero era para pagar deuda del Estado.

Según los diputados, varios funcionarios públicos habrían actuado irresponsablemente o por cálculo político en el marco de las elecciones del 2018 y esto generó ese millonario hueco.

Algunos han apuntado a que haber pedido mucho más dinero habría afectado negativamente las posibilidades del partido Acción Ciudadana de ganar en los comicios.

Como no había dinero presupuestado a tiempo, se debió utilizar otros recursos para pagar esa deuda. Según la legislación costarricense, tal cosa debía tener la autorización de la Asamblea Legislativa, pero el Ejecutivo no solicitó el permiso.