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Turquía aumenta represión a la prensa en medio de protestas
Una decena de periodistas turcos fueron detenidos y un corresponsal británico deportado a su país. El gobierno alegó que no estaba acreditado.
Una decena de periodistas turcos fueron detenidos y un corresponsal británico deportado a su país. El gobierno alegó que no estaba acreditado.
Las manifestaciones iniciaron tras el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan.
El ejército israelí dijo que tres palestinos fueron detenidos en Susiya por “arrojar piedras a ciudadanos israelíes, dañando sus vehículos”.
Las protestas comenzaron en Estambul tras la captura de Ekrem Imamoglu el miércoles y desde entonces se han extendido a más de 55 de las 81 provincias del país.
Ekrem Imamoglu, de 53 años, fue encarcelado el domingo por "corrupción", cuatro días después de su arresto, que desató las mayores protestas en el país en más de una década.
Según el comunicado de la oficina de la fiscalía, Ekrem Imamoglu está acusado de corrupción y extorsión, y es señalado como el jefe de una "organización criminal con ánimo de lucro".
Un primer documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua describe la implicación de militar en la represión ordenada por Daniel Ortega, que dejó más de 300 asesinados.
Los jueces iraníes han impuesto recientemente castigos poco convencionales a disidentes, a menudo mezclando penas tradicionales con medidas simbólicas o ideológicas.
En 292 páginas, este periodista expone las crónicas y entrevistas hechas durante un año de trabajo, en el que cubrió como reportero extranjero la situación del país petrolero.
En el afán de apagar las protestas contra la reelección de Maduro, el régimen persigue, encarcela, amenaza. Los organismos de derechos humanos están desbordados, los perseguidos organizan redes de protección.
Entre los fallecidos hay varios policías, según el recuento basado en reportes de hospitales y las fuerzas de seguridad.
La norma faculta al presidente para despojar de la ciudadanía por decreto a cualquier ciudadano que realice "actos contrarios" a los "intereses políticos" del país.