Procesos de contratación pública retrasan compra urgente de cámaras en CAI Terrazas
Sala Constitucional ordenó la compra de los dispositivos para grabar todas las requisas y recuentos que se realicen en el centro penitenciario.
Los procesos de contratación pública obligan al sistema penitenciario nacional a correr para cumplir con la orden de la Sala Constitucional de instalar cámaras de seguridad en el Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas, ubicado en San Rafael de Alajuela.
Este centro, inaugurado en noviembre de 2021, estuvo en la mesa de los magistrados porque un privado de libertad interpuso un recurso de habeas corpus: denunció, aparentemente, haber sido víctima de una golpiza por parte de oficiales penitenciarios.
Aunque la Sala no falló a favor del denunciante ante estas acusaciones, sí lo hizo al ordenar que la dirección del CAI Terrazas debía instalar cámaras de seguridad, para salvaguardar la integridad de los reclusos y respaldar el accionar de las autoridades.
“Que se proporcione al Centro de Atención Institucional Terrazas de dispositivos electrónicos idóneos, y con los implementos que sean necesarios, para la grabación de video y de audio, que tengan las condiciones adecuadas a los efectos de filmar, almacenar, registrar y documentar todas las requisas y recuentos que se lleven a cabo”, indica la resolución del expediente 23-003378-0007-CO.
Muerte tras las rejas
Otro caso que se registró dentro de estas instalaciones fue la muerte de un interno, luego de recibir un golpe en su cabeza, en medio de una pelea.
La Policía Penitenciaria detalló que el hombre, de apellido Chévez, fue trasladado hasta el Hospital México, donde murió minutos después.
Para Juan Carlos Arias, director general de Adaptación Social, ellos son respetuosos de la orden judicial, pero el proceso para adquirir y mejorar los recursos de protección en los centros penitenciarios se rige por el principio de contratación pública.
“A veces, ese señalamiento riñe con las posibilidades de contratación pública que nosotros tenemos que aplicar, además de ciertos estudios de viabilidad y en los tiempos para la programación presupuestaria. Por lo que, en ocasiones, no encaja con el del periodo que esos entes jurisdiccionales nos imponen”, manifestó Arias.
Ante los dos casos que se presentaron en el CAI Terrazas, Arias asegura que, pese a tener una tendencia a la baja en cuanto a incidentes en los que está en juego la integridad de los privados de libertad y de los agentes penitenciarios, estos hechos pueden agilizar los procesos de adquisición de equipos y fortalecimiento de la seguridad.
“Uno no quisiera tener que valerse del dolor humano, de la tragedia o de una crisis para justificar la aprobación de presupuestos; pero, lamentablemente, cuando se da un incremento de ciertos incidentes, es posible que haya una mayor conciencia de la importancia de crecer en materia presupuestaria, eximirnos de ciertas normativas en materia presupuestaria, como lo es la la regla fiscal, por ejemplo”, indicó Arias.
En lo que va del año, este es el único incidente que se presenta en el sistema penitenciario en el que un privado de libertad perdió la vida.
