Fiscalía recibe un promedio de ocho denuncias diarias por violencia en escuelas y colegios

En los últimos meses, la Fiscalía ha registrado un preocupante incremento en el número de denuncias por casos de violencia en escuelas y colegios, recibiendo un promedio de ocho denuncias diarias.

Datos brindados por Gabriela Alfaro, fiscal Adjunta Penal Juvenil, revelan que durante el 2022 se registraron 1.221 causas por violencia, en 2023 fueron 2.919 causas (superando en más de 1.600 a las de 2022), mientras que en lo que va de 2024 ya han ingresado 1.751, es decir, este año han recibido ocho denuncias en promedio, por día.

En tan solo tres meses de este 2024 ingresaron más de 600 causas.

“Todas estas causas han ingresado a nivel país, en las diferentes fiscalías penales juveniles que se ubican en el territorio nacional. Esta es una estadística que realizamos de manera mensual que vamos registrando mes a mes donde de acuerdo con el ingreso de la causa, si se identifica que la violencia se ejecutó dentro de un centro educativo o bien tiene relación a personas estudiantes que se están trasladando a su casa y demás, si tiene alguna vinculación, se registra como parte de la violencia bajo este contexto”, comentó Gabriela Alfaro, fiscal Adjunta Penal Juvenil.

Esta cifra refleja una realidad alarmante y pone en evidencia la necesidad urgente de abordar y combatir este problema que afecta a la comunidad educativa.

Según datos proporcionados por la Fiscalía, las denuncias abarcan una amplia gama de situaciones, desde acoso escolar y violencia física, hasta abuso sexual y ciberacoso. Este fenómeno no discrimina por nivel educativo, afectando tanto a instituciones de educación primaria como secundaria; en zonas urbanas y rurales por igual.

“La violencia en centros educativos es una alerta de que estamos perdiendo a las personas menores de edad y más cuando tienen acceso a material pornográfico, drogas y armas. Esto es un fenómeno social que tiene un ligamen a diferentes circunstancias y manifestaciones de la violencia, las personas menores de edad tienen una condición de vulnerabilidad, pero se ven vulnerabilizados cuando sus entornos de seguridad no lo son.

“Esos entornos de seguridad son el seno familiar y el centro educativo, que es donde mayor tiempo va a estar en permanencia el menor de edad. Por lo general, tanto niños como adolescentes replican las conductas abusivas que han sufrido y observado en las cuales han estado inmersos”, señaló Alfaro.

Para Alfaro, hay factores que contribuyen a la violencia entre los menores, como la condición de pobreza, el acceso fácil a sustancias psicoactivas, y la exclusión de la educación, entre otros.

Ante esta situación, la Fiscalía ha manifestado su preocupación y ha instado a las instituciones educativas a adoptar medidas más estrictas para prevenir y responder a estos incidentes.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) también ha reaccionado a estas cifras, reconociendo la gravedad del problema y comprometiéndose a implementar políticas más efectivas para garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todos los estudiantes. Entre las medidas propuestas se encuentran la formación de docentes en técnicas de resolución de conflictos, la implementación de programas de concientización para estudiantes y padres, y la creación de canales seguros para la denuncia de estos casos.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, dijo el pasado 10 de julio, en la conferencia de prensa del Concejo de Gobierno, que su cartera está analizando el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para pedir castigos más severos para los casos de agresiones y violencia entre estudiantes.

“Estamos actualizando el protocolo de violencia del MEP porque nuestro objetivo es erradicarla por completo y vamos a incluir medidas correctivas más severas. El bajarle 45 puntos de la nota de conducta y darle al estudiante 30 días naturales de inasistencia en el centro educativo no es suficiente para los casos de violencia.

“Por eso, hemos ordenado la revisión del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para endurecer las sanciones contra estos estudiantes que realicen este tipo de actos y lo someteremos al Consejo Superior de Educación", dijo Müller.

La lucha contra la violencia en las escuelas es una tarea que requiere del compromiso y la acción coordinada de todos los sectores de la sociedad. Solo así será posible garantizar que los espacios educativos sean verdaderamente seguros y propicios para el desarrollo integral de los niños y jóvenes.