Fiscalía abre investigación por supuesto acercamiento de Gobierno con grupos narco
La causa se tramita por presunto incumplimiento de deberes y se sigue contra ignorado.
El Ministerio Público abrió una investigación por el supuesto acercamiento del Gobierno de la República con grupos narco, denunciado por el diario mexicano El Universal.
La pesquisa se tramita por presunto incumplimiento de deberes, bajo el expediente 23-000069-0033-PE, confirmó la Fiscalía General ante una consulta de Teletica.com, efectuada a través de su oficina de prensa.
Sin embargo, el órgano acusador explicó que el delito a perseguir puede cambiar conforme avance el proceso penal.
El caso se tramita contra ignorado, lo que significa que, de momento, no existen personas individualizadas como sospechosas.
Sobre el resto de detalles de la pesquisa, el Ministerio Público enfatizó que no podía ahondar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria de la investigación.
No obstante, el numeral 332 del Código Penal establece el incumplimiento de deberes como la conducta en la que un funcionario público omita, rehúse hacer o retarde un acto propio de funciones. Ese ilícito se castiga con entre 1 y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Sacudida internacional
Citando fuentes que solicitaron el anonimato por temor a represalias, el reportaje en cuestión apunta que, aproximadamente un año atrás, la administración de Rodrigo Chaves realizó acercamientos con "redes mafiosas costarricenses", vinculadas con los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
Los contactos con las organizaciones criminales, en apariencia, estuvieron a cargo de "personajes clave de las estructuras costarricenses de seguridad" -de los que no se precisaron los nombres- que incluyen tanto a funcionarios públicos como allegados al Gobierno de la República, entre ellos abogados defensores.
Estas aproximaciones iniciaron contactos casi un año atrás y tenían como objetivo bajar los altos índices de violencia, a cambio de que se les permitiera el tráfico de droga. Lo anterior, sin embargo, nunca sucedió.
Los ministros de Seguridad Pública, Mario Zamora, así como de Comunicación, Jorge Rodríguez, desmintieron lo indicado en la publicación.
También anunciaron una denuncia para investigar la revelación y su trasfondo, con el objetivo de descartar que mediara alguna relación de esta con las citadas estructuras narco, en un intento por evitar la expansión en la instalación de escáneres en todos los puestos fronterizos nacionales.
Para el Poder Ejecutivo, esa iniciativa -bautizada Operación Soberanía- ha golpeado a las bandas que exportan cocaína desde Costa Rica hasta Europa.
