Caso “Cochinilla”: Fiscalía alega peligro de fuga y pide prisión para 14 imputados
En estos casos, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción fundamentó en el peligro de fuga su solicitud de prisión preventiva contra 14 de los 30 imputados en el caso “Cochinilla”.
Además, las autoridades alegaron la existencia de otros dos peligros procesales: obstaculización de la investigación y continuidad delictiva.
“La Fiscalía informó que anoche terminó la exposición en la audiencia de medidas cautelares y solicitó un año de prisión preventiva para 14 de los imputados, así como medidas cautelares distintas a la prisión en contra de 16 personas imputadas”, señaló el Ministerio Público.
El presidente de MECO, Carlos Cerdas Araya, y Mélida Solís, dueña de la empresa H. Solís, figuran en la solicitud de prisión preventiva.
Esta medida cautelar también fue solicitada para Abel González Carballo (gerente general de MECO), Alejandro Bolaños Salazar (representante legal MECO), Óscar Martínez Martínez (ITP), Carlos Solís Murillo (Conavi), Tobías Arce Alpízar (MECO), Carmen Madrigal Rímula (Conavi), Hugo Fallas Zúñiga (Conavi), William Herrera Chacón (Constructora Herrera), Alister Cervantes Morales (Diccoc), Elsie Carmona Rivas (Conavi) y Harold Mora Obando (Conavi).
En este cuarto día de audiencia, la defensa de los imputados presentará sus descargos.
Durante las tres jornadas anteriores, el Ministerio Público presentó un total de 41 causas en contra de los 30 imputados.
Las autoridades judiciales investigan supuestos delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Los delitos que se investigan son cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso. Podrían incluirse otros conforme avance la investigación.
Al parecer, las empresas involucradas habrían dado regalos, viajes y hasta favores sexuales a funcionarios públicos. Por este caso, habría una malversación de fondos por 78 mil millones de colones.
