Caso Barrenador: Fiscalía abre causa contra ignorado por eliminación de 300 correos electrónicos
Dichas comunicaciones fueron borradas de la cuenta de un asesor de la gerencia médica de la Caja.
Según las investigaciones del OIJ y la Fiscalía, fueron 300 correos electrónicos que se borraron de la cuenta de un asesor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que habría estado involucrado en un informe que recomendó la adjudicación de los Ebáis ante la Junta Directiva de la entidad aseguradora.
Tras una consulta de Telenoticias, esto dijo la Fiscalía sobre los hechos:
"Por estos hechos existe una investigación abierta bajo el expediente 24-028102-0042-pe en la fiscalía anticorrupción, sin embargo, por ahora el caso se sigue contra persona ignorada".
Los correos se habrían borrado desde la cuenta de un funcionario de Arturo Herrera Barquero, quien es asesor de la gerencia médica de la Caja (ver video adjunto de Telenoticias).
Aunque no fue detenido tras los allanamientos del pasado 23 de setiembre, lo cierto es que el OIJ y la Fiscalía dirigieron diligencias de revisión en su residencia y su oficina de la Caja.
Incluso, la orden de allanamiento lo señala como imputado en el Caso Barrenador.
Dicho documento indica lo siguiente:
"En lo que respecta a los funcionarios de la Caja, los encartados Arturo Herrera Barquero y María de Los Ángeles Gutiérrez Brenes, emitieron resoluciones y análisis mediante los cuales pretendieron dar una apariencia de legalidad a las actuaciones, no obstante, el contenido de estos fue inconsistente e impreciso contrario al principio de legalidad, principio de menor costo y eficiencia requerido para que los mismos tengan el sustento técnico y jurídico.
Contrario a ello, en función de su cargo emitieron recomendaciones para la contratación, de modo que fueron el medio utilizado para producir un resultado determinado lesivo a los intereses del estado. Todo esto lo lograron con actuaciones irregulares, que si bien, se enmarcaron en el procedimiento de contratación administrativa, su connotación delictiva genera una probabilidad sobre los tipos penales de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias".
Este asesor rindió un dictamen ante la Junta Directiva de la Caja junto a la gerente general María de Los Ángeles Gutiérrez Brenes, recomendando la adjudicación de los Ebáis, así consta en el expediente del Caso Barrenador.
El borrado de los correos se realizó entre el 23 y el 25 de setiembre, mientras el imputado relacionado con los correos borrados se encontraba en audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Hacienda.
El jueves 26 de setiembre, el director del OIJ, Randall Zúñiga, informó de que alguien, aún no identificado, utilizó las credenciales de un funcionario de alto rango de la CCSS, lo que le otorgó acceso de administrador a las cuentas de correo institucional. Para ese momento, sin embargo, el funcionario de alto rango estaba de vacaciones con previsión de volver a labores hasta el 30 de setiembre.
Con estas credenciales, el desconocido accedió a la cuenta de uno de los detenidos.
Según la investigación del OIJ, el acceso y eliminación de los correos se efectuó desde una computadora ubicada en el Hospital Max Peralta de Cartago, de acuerdo con la trazabilidad del IP.
