El exjugador de Los Angeles Clippers, de 2,21 metros de estatura y quien disputó tres temporadas en la NBA entre 1997 y 2000, actualmente vive en Costa Rica junto a su esposa, Karla. Desde el país dirige la Keith Closs Skills Academy, un proyecto enfocado en la formación deportiva y mental de niños y jóvenes.

Closs también compartió su experiencia personal sobre los problemas de alcoholismo que afectaron su carrera y cómo logró superarlos. Para él, el deporte se convirtió en una herramienta para enseñar disciplina, sacrificio y perseverancia a las nuevas generaciones.

En entrevista con Teletica, el exjugador recordó la influencia que tuvo Kareem Abdul-Jabbar en su decisión de intentar llegar a la NBA, habló sobre las lecciones que aprendió durante su carrera y explicó por qué considera que los jóvenes que tienen grandes metas deben dejar de lado la comodidad y trabajar con disciplina.

¿Por qué le gusta el básquetbol?

Me enamoré del básquetbol por Kareem Abdul-Jabbar, que fue seis veces campeón y jugó para los Lakers de Los Ángeles. Era mi jugador favorito y fue mi primera inspiración para llegar a la NBA.

Superar una adicción al alcohol es un proceso difícil. ¿Qué lecciones aprendió?

La Dirección General de Educación Vial impartirá la capacitación del 12 al 16 de octubre en su sede central, ubicada en Paso Ancho, San José.

El curso estará disponible tanto para quienes buscan obtener su licencia de automóvil como de motocicleta y contará con dos horarios:

• 8 a. m. a 11 a. m.
• 3 p. m. a 6 p. m.

La capacitación se desarrollará bajo la modalidad regular. De lunes a jueves se impartirán las lecciones y se estudiará el Manual del Conductor, mientras que el viernes se realizará la prueba teórica.

La asistencia durante los cinco días es obligatoria.

De acuerdo con Educación Vial, tanto las lecciones como la prueba estarán adaptadas a las necesidades de las personas participantes. El servicio será brindado por personal capacitado del Departamento de Formación y Capacitación.

Estos son los requisitos para matricular.

Las personas interesadas deben contar con usuario y contraseña activos para ingresar al sistema de Educación Vial y haber realizado previamente el pago de ₡5.000 correspondiente a la prueba teórica.

El pago puede efectuarse en cualquiera de las entidades financieras autorizadas.

Educación Vial advierte que sin las credenciales activas o sin el pago realizado no será posible completar la matrícula.

Las citas ya están habilitadas y pueden consultarse y matricularse mediante el sistema oficial de Educación Vial.

La jornada de vacunación se realizará de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Los niños de 4 y 10 años recibirán sus respectivas dosis, mientras que los adultos podrán aplicarse la Neumococo-23.

Además, se estarán realizando pruebas de glicemia y toma de presión arterial. Los pequeños disfrutarán de diversas actividades recreativas, mientras que los padres recibirán información clave para mejorar la salud de sus hijos.

La institución distribuyó los exámenes en al menos 300 centros de aplicación en todo el país, con el objetivo de garantizar que la ubicación geográfica no limite el acceso a la educación superior pública.

Al finalizar la prueba, muchos jóvenes salieron optimistas, portando en sus manos el comprobante que certificaba la realización del examen.

Las notas de admisión estarán disponibles el lunes 16 de noviembre de 2026, al final del día, en el sitio web oficial de la UCR.

Según los expertos, esta situación podría estar ligada a una reducción en la disponibilidad de agua, lo que incluso ha provocado la baja en el nivel del lago cratérico. Este factor ayuda a prevenir la formación de lahares (flujos de barro y sedimentos).

No obstante, los vulcanólogos advierten que, en caso de presentarse una nueva erupción, el volcán podría emanar ceniza. Esta hipótesis se fundamenta en el comportamiento histórico y los antecedentes registrados en el coloso durante los años 2023 y 2024.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta amarilla para los distritos cercanos al volcán. Entre las zonas bajo este aviso figuran Dos Ríos y Aguas Claras del cantón de Upala, así como Mayorga, Cañas Dulces y Curubandé en Liberia.

Consultada por este medio, Cisneros afirmó no conocer al señor e indicó que ese día se tomó fotografías con mucha gente.

"No tengo la menor idea de quién es ese señor, nunca he hablado con él, ese día me pude haber tomado 400 o 500 fotografías, fue el día del gane de doña Laura que se hizo una celebración en el Aurola", mencionó.

Ante la pregunta de si sabía por qué el oriental estaba en dicha actividad, afirmó que no tiene idea, "no sé quién lo invitó, no tengo nada que ver con el partido, que fue el que organizó esa noche la actividad".

También se le consultó si anteriormente se había tomado fotografías con él o si bien lo conocía en el pasado, a lo que la exlegisladora reconoció que no puede asegurar si en el pasado se tomó otra foto con él, por la cantidad de personas con las que se fotografía, pero, afirmó que no ha cruzado palabras con el oriental antes.

"Nunca creo haberme tomado una foto con él antes, pero tampoco te puedo decir, porque en estos cinco años de carrera política me he tomado miles de fotografías, con un montón de gente, a la mayoría de los cuales no los conozco, no te puedo decir si sí o si no. Lo que sí te puedo decir es que con ese señor yo nunca he cruzado palabra", dijo la periodista.

El sujeto fue detenido por la Fiscalía, en coordinación con la agencia de drogas de Estados Unidos (DEA), como principal sospechoso de tener vínculos y realizar legitimación de capitales con los principales carteles de droga de México, y uno en Colombia.

En el operativo participaron también agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), quienes se encargaron de las diligencias judiciales correspondientes.

Los responsables del trasiego fueron identificados como dos costarricenses: Navarro, conductor del vehículo, y Quirós, quien se presentó en un segundo automóvil y manifestó ser el dueño del cargamento. Este último intentó sobornar a un oficial fronterizo para que permitiera el paso de la droga, por lo que podría ser procesado por el presunto delito de penalidad del corruptor.

Además de la sustancia, las autoridades decomisaron ₡435.000 en efectivo. El hallazgo fue posible gracias al uso de tecnología de detección de mercancías sospechosas y al apoyo de un can entrenado para localizar drogas, que dio positivo durante la inspección.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que determinarán las eventuales responsabilidades en este caso.

La estructura, de aproximadamente 50 metros cuadrados, resultó con daños totales. En la emergencia participaron 10 bomberos, quienes lograron controlar las llamas. No se reportaron personas heridas.

Por otra parte, la tarde de este sábado, se reportó un incendio en una casa de habitación en el barrio El Humo de Roxana, Pococí, cerca de la iglesia católica de la comunidad. Según el reporte inicial, las unidades M-38 y M-119 se desplazaron al lugar para atender la emergencia.

Por este otro incendio tampoco se reportaron personas heridas o afectadas.

Se trató de un vehículo Ford Mustang GT 2024, edición modificada. 

El accidente ocurrió en la radial de Belén, frente al depósito El Lagar.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron heridos de gravedad; de acuerdo con la Cruz Roja, se atendieron cinco pacientes, los cuales fueron valorados en el lugar del accidente.

El Cuerpo de Bomberos también fue despachado para atender la emergencia.

​

Los hechos ocurrieron en Carrizal de Alajuela y el video se ha hecho viral en redes sociales. Incluso una mujer fue protagonista.

En el video se observa cómo se escuchan gritos de "tome, dele, tome, dele".

La Fuerza Pública explicó que, al llegar al lugar, alertados por los vecinos, ya no había ninguna persona de las que protagonizaron el hecho.

La Cruz Roja confirmó que no atendió a ninguna persona por este incidente.

Ellos forman parte de un grupo de 16 ciudadanos colombianos que fueron expulsados del país.

Entre los delitos atribuidos a estos individuos destacan:

• Posesión y tráfico de drogas
• Alertas por tiroteo
• Homicidio simple y tentativa de homicidio
• Violencia doméstica
• Afiliación terrorista
• Uso de documento falso

  Lea también

  Nacional

  Costa Rica deporta a 26 extranjeros en vuelo hacia Colombia y Ecuador

  La operación salió este martes del Aeropuerto Juan Santamaría. El traslado contó con custodia de la Policía de Migración y financiamiento del Gobierno de Estados Unidos.

Deportación de ecuatorianos

De manera simultánea, se concretó la deportación de siete ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en condición migratoria irregular y pretendían continuar su trayecto hacia los Estados Unidos.

Este operativo corresponde al tercer vuelo de deportación masiva donde hay personas con historial delictivo de alto perfil. Se llevó a cabo con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.

El pronunciamiento fue firmado por 30 personas vinculadas anteriormente al Poder Judicial, quienes señalaron que su apoyo se fundamenta en la trayectoria, experiencia y conocimiento de la institución que atribuyen a Solano.

Los firmantes se identifican en el documento como personas comprometidas con la defensa del Estado de derecho, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia costarricense.

En el texto destacan la trayectoria de Solano dentro del Poder Judicial y consideran que su experiencia y capacidad para asumir responsabilidades de alta relevancia son cualidades valiosas para conducir la Corte Suprema de Justicia.

También señalan que, durante su carrera, la magistrada ha demostrado independencia de criterio, integridad y compromiso con la imparcialidad, la protección de los derechos fundamentales y los principios que, según los firmantes, sostienen el sistema democrático.

El grupo también destaca la capacidad de Solano para propiciar el diálogo y construir consensos, así como un liderazgo orientado a la transparencia y al fortalecimiento institucional.

“Por estas razones, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de Patricia Solano Castro para la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, señala el pronunciamiento.

Entre quienes suscriben el documento aparecen la excandidata presidencial Ana Virginia Calzada Miranda y la exdiputada Gloria Navas Montero.

También figuran nombres como Ligia de los Ángeles Arias Alegría, Carlos Alberto Araya Rivas, Walter Alfaro Rodríguez, Silvia Badilla Chang, Geovanny Castillo Orozco, Patricia Cordero Vargas, Olga Fallas Ulloa, María del Rosario Fernández Vindas, Ana María Gutiérrez Calderón, María Elena Gómez Cortés, Carlos María Jiménez Vásquez, Ana Lorena Jiménez Rivera, Frezie María Jiménez Bolaños, María del Rocío Jiménez Padilla y Ana Luisa Meseguer Monge.

La lista se completa con Olga M. Muñoz González, Marta Iris Muñoz Cascante, Sonia Navarro Solano, Víctor Hugo Navarro Araya, Miriam Sandi Murcia, Sonia Sandi Zúñiga, Guillermo Sojo Picado, Ana María Trejos Zamora, Vera Vargas Roldán, Guadalupe Velásquez Chaves y Joaquín Villalobos Guevara.

Solano confirmó su candidatura

Patricia Solano confirmó el pasado 30 de septiembre que presentará oficialmente su candidatura para convertirse en la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada hizo el anuncio durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.

“Voy a postular mi nombre para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En el momento histórico que vive Costa Rica y el momento que atraviesa el Poder Judicial, sí creo que es necesario asumir ese reto”, afirmó la magistrada.

Solano explicó que su decisión está relacionada con el momento que atraviesan el país y el Poder Judicial. También señaló que, en caso de asumir la Presidencia, mantendría un estilo de liderazgo directo y transparente.

“Yo soy muy directa siempre. Entonces, creo que ese estilo directo no puede ser que en ciertas cosas estemos a medias tintas. Las cosas deben ser claras para que las personas entendamos dónde estamos”, manifestó.

La elección de la nueva Presidencia de la Corte Suprema de Justicia está programada para el 26 de octubre. Al momento del anuncio de Solano, ella era la primera persona que había confirmado públicamente su candidatura, aunque otros magistrados habían manifestado previamente que valoraban la posibilidad de postularse.

Paralelamente, Solano enfrenta el proceso para buscar su reelección como magistrada de la Sala Tercera por un nuevo periodo de ocho años. Su actual periodo vence en noviembre de 2026.

Sin importar si estaba lloviendo, cientos de motociclistas acudieron al llamado, algunos incluso manejaron contravía, generando molestia y preocupación entre los otros conductores que se llevaron la sorpresa o quedaron atrapados en medio del caos cuando pasaban por el lugar.

"Pa' toda mi gente de Costa Rica, informarles que ya estamos acá en la ciudad; literalmente fueron cuatro horas de viaje en carro de la costa hasta acá. Ya llegamos, por ahí de las 8, 8:30 o 9 vamos a estar prendiendo, andando en las calles de Costa Rica, acá desde la capital como tal. Ahorita más tarde se viene lo bueno", fue parte del llamado que hizo el influencer en sus redes sociales.

La caravana se atrasó por el clima, pero el joven, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, dijo que igual salía, sin importar que estuviera lloviendo.

"¡Lleguen ya! Los amo, los amo, Costa Rica, los amo con mi vida, hijueputa, pura vida", transmitió Tangarife.

Entre las denuncias de los conductores, afirmaron que algunos motociclistas hicieron piruetas; hasta se reportaron choques entre ellos, como quedó registrado en uno de los videos. Otros reclamaron la poca o nula presencia de autoridades policiales.

El colombiano se encuentra en el centro de una fuerte polémica debido a un proceso de investigación penal en su país por una denuncia de presunto abuso sexual en contra de una menor de 14 años. Incluso, estando ya en Costa Rica, posteó una imagen contando que había roto relaciones con la firma de abogados que lo estaba representando en dicho caso.

Transitar por la ruta nacional 11401, en San Rafael de Moravia, se ha convertido en una preocupación constante para conductores y vecinos debido al avanzado deterioro que presenta la carretera.

Las lluvias de las últimas semanas han agravado la situación, especialmente en el sector conocido como el antiguo aserradero, donde se formó un enorme hueco que ya ocupa aproximadamente medio carril de la vía.

Según los vecinos de la zona, ya se han registrado incidentes con automóviles y motociclistas como consecuencia de las condiciones de la carretera.

Ruta clave para la movilidad del cantón

El alcalde de Moravia, Diego López, señaló que esta carretera es una vía estratégica para la movilidad del cantón, ya que conecta con el Liceo de Moravia y funciona como acceso a distintos distritos del municipio.

Además, permite la comunicación con cantones vecinos como Tibás y Vásquez de Coronado, por lo que diariamente es utilizada por una importante cantidad de conductores, estudiantes y peatones.

Debido a su condición de ruta nacional, la intervención corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Por esta razón, tanto la Municipalidad como los vecinos hacen un llamado para que las autoridades nacionales atiendan cuanto antes el deterioro de la carretera y eviten que la situación continúe empeorando.

Mientras se concreta una intervención, en el sitio únicamente se colocaron dos vallas móviles para advertir a los conductores sobre el peligro y evitar que caigan en el hueco.

Telenoticias consultó días atrás al Conavi sobre el estado de esta carretera y las eventuales acciones para atender el problema, pero la institución aún no emite una respuesta.

Sin embargo, una investigación reciente de la Universidad de Ciencias y Tecnología (Ulacit), en conjunto con otras instituciones, reveló que esa imagen proyectada no se refleja con la misma intensidad en las decisiones cotidianas de consumo de su población.

El hallazgo central del estudio confirma el contraste entre la marca país y el comportamiento real de los consumidores. 

El involucramiento promedio de los costarricenses con los productos verdes alcanzó apenas 22,33 puntos de un máximo de 50, y el 48% de la muestra se ubicó en los niveles de interés bajo o muy bajo, frente a solo un 23% con niveles altos o muy altos. 

"Costa Rica tiene una imagen verde, pero su consumo todavía no lo es", resumió Ana Lucy Zamora, decana de la Facultad de Industrias Creativas de ULACIT e investigadora partícipe del estudio.

La investigadora fue enfática en que el problema no es la ausencia de interés, sino la distancia entre la intención y la acción de compra. Según la académica, existe un problema para trasladar el valor real del producto al consumidor, es decir, ver más allá de las diferencias de precio y todo lo que está detrás, así como el impacto en diferenteas areas que tiene comprar un producto que viene de un proceso de producción sostenible frente a otro que no.

Según Zamora, la escala utilizada tiene un valor particular para el país: "la herramienta metodológica es hecha en Costa Rica, o sea somos el único país de la región que ha aplicado esta metodología, porque la mayoría de las escalas de sostenibilidad provienen de Estados Unidos o de Europa, pero esta escala nace de datos latinoamericanos y mide conductas, no solo opiniones".

El estudio también evidenció diferencias importantes entre segmentos demográficos. Las mujeres registraron un involucramiento significativamente mayor que los hombres (25,40 frente a 18,96 puntos sobre 50). 

La Generación Z presentó el mayor nivel de interés, con 27,01 puntos, seguida por la generación Y (23,00) y la generación X (21,67), mientras que el interés disminuye progresivamente con la edad hasta llegar a 17,75 puntos en la generación de mayor edad. 

La educación también marcó diferencias: las personas con formación universitaria alcanzaron 26,93 puntos, frente a apenas 14,82 entre quienes solo cuentan con educación primaria.

En cuanto a clase social, el comportamiento no sigue una relación lineal con el nivel de ingresos: la clase media-alta registró el mayor involucramiento (28,31 puntos), superando incluso a la clase alta (23,40), mientras que la clase baja mostró el nivel más bajo (12,23). 

Zamora resumió los tres hallazgos principales de la investigación: "el número uno es que Costa Rica tiene una imagen verde pero su consumo todavía no lo es [...] el segundo punto es no todos los costarricenses son iguales frente a la sostenibilidad [...] y el tercer punto [es] que la sostenibilidad de un país se construye también con la compra diaria".

La investigadora advirtió además sobre el riesgo que esta brecha representa para la reputación del país y de las marcas que se publicitan como sostenibles sin respaldo real en sus procesos, lo que calificó como "greenwashing": 

"Muchas veces existe la tentación a usar el concepto de sostenible como una etiqueta de comunicación, pero sin respaldo en un producto, en precios o en procesos [...] advertimos que actualmente hay una incongruencia entre la promesa y la práctica y que esto puede afectar la reputación".

Según Zamora, revertir esta tendencia no depende únicamente de campañas publicitarias, sino de hacer que los productos sostenibles sean más accesibles y de educar al consumidor sobre su valor real. 

El estudio "Segmentación verde en América Latina", realizado por Francisco J. Conejo, de INCAE Business School; Wilson Rojas y Ana Lucy Zamora, de ULACIT; y Clifford E. Young, de la Universidad de Colorado–Denver, analizó el interés de los consumidores por los productos verdes a partir de una muestra representativa de 1.036 personas adultas costarricenses.

En algunos casos, los pacientes deben trasladarse hasta el Hospital La Anexión para retirar sus medicamentos pese a que viven a más de una hora y media del centro médico.

La situación se complica por las dificultades de transporte público y las condiciones de acceso por carretera que enfrentan algunas de estas comunidades.

Además, la auditoría señala que en determinados puestos de atención no hay conexión para utilizar EDUS, por lo que todavía se realizan procesos de forma manual.

Esto provoca que el tiempo de espera para recibir un tratamiento dependa del lugar y del día en que el paciente sea atendido.

Por ejemplo, quienes reciben consulta los miércoles en Dulce Nombre y Gamalotal obtienen sus medicamentos hasta el día siguiente. En el caso de los pacientes atendidos los viernes en La Virginia, deben esperar hasta el lunes.

En La Esperanza y Juan Díaz, algunos pacientes también deben llevar la receta física hasta el Hospital La Anexión para poder retirar los medicamentos.

La auditoría advierte que estas barreras pueden afectar la continuidad de los tratamientos y aumentar el riesgo de complicaciones, incluso de que los pacientes terminen necesitando atención en los servicios de emergencias.

La respuesta del centro médico se da luego de que una mujer denunciara ante Telenoticias que su madre recibió atención en una silla y, por momentos, en el piso del hospital.

Según explicó la Dirección del centro, las instalaciones son reducidas y no es posible aumentar la cantidad de camas y sillones disponibles en el servicio.

“Por lo reducido del espacio, no es posible incrementar el número de camas y sillones que se ubican en el mismo y se ha requerido ubicar bancas o sillas para suministrar tratamientos como nebulizaciones o colocación de sueros”, señaló el hospital.

El centro médico reconoce, además, que debido a la saturación, algunos pacientes deben permanecer más tiempo del deseado en esas bancas o sillas, mientras se logra ubicarlos en camillas, camas o salones.

“Desde la Dirección y la Jefatura del Servicio de Emergencias, así como por parte de todo el personal del servicio y de los salones se hace el mayor esfuerzo por movilizar a los usuarios lo antes posible para poder reutilizar las camas y mejorar las condiciones de los pacientes, pero en ocasiones esto no es posible con la oportunidad requerida”, indicó el centro médico.

Cuando la condición del paciente lo permite, también se realizan traslados al Área de Salud de Siquirres o al Hospital de Día para continuar con la atención.

Sin embargo, el propio Hospital de Guápiles admite que la demanda supera la capacidad física del centro y que no siempre es posible ubicar o trasladar a los pacientes con la rapidez necesaria.

​

Los propietarios se percataron del robo a las 6:00 a. m. y, gracias al sistema de GPS instalado en el vehículo, lograron ubicarla en Taras de Cartago, aunque con un retraso de 10 minutos en las actualizaciones de ubicación.

Al llegar al sitio, los afectados identificaron al sospechoso con la bicicleta y dieron aviso a las autoridades. El individuo emprendió camino hacia San José, mientras era seguido por los dueños, quienes realizaron múltiples llamadas al 9-1-1.

Sin embargo, fue hasta que llegó a Escazú que la Policía Municipal de dicho cantón le comenzó a dar seguimiento.

La persecución continuó hasta la Ruta 27, donde cámaras de videoprotección lograron ubicar al sujeto. Oficiales motorizados de la Policía Municipal de Escazú (PME) iniciaron la búsqueda y coordinaron con la Policía Municipal de Santa Ana, ya que el sospechoso se dirigía hacia esa zona.

Tras un intenso operativo que incluyó rastreo casa por casa y la revisión de la última ubicación registrada por el GPS, finalmente los oficiales de la PME lograron ubicar al antisocial y recuperar la bicicleta.

Los afectados destacaron la coordinación y el apoyo de dicha policía municipal, así como el esfuerzo por evitar que el robo quedara impune.

Entre los detenidos se encuentran dos adultos, de 35 y 20 años, así como cuatro menores: dos adolescentes de 14 años, uno de 16 años y un niño de 12 años.

La investigación también apunta a que las dos mujeres adultas habrían utilizado a los menores de su familia para colaborar en la presunta distribución de drogas.

Tras los allanamientos, los agentes judiciales continúan con la búsqueda de indicios.

La adulta mayor, de 66 años, recibió alrededor de 25 machetazos, principalmente en el hombro, cuello y torso.

Según relataron familiares y vecinos, “Elsita”, como la conocen de cariño, se salvó de milagro, ya que el machete utilizado durante el ataque no tenía filo.

Gómez permaneció durante dos días en el Hospital Max Peralta de Cartago. Luego de presentar la respectiva denuncia, se trasladó a un lugar alejado del sitio donde ocurrió la agresión para continuar con su recuperación al cuidado de su nieta.

Desde ahí, y pese a las dificultades que todavía tiene para hablar debido a las heridas, decidió enviar un mensaje de agradecimiento a las personas que se han mantenido pendientes de su estado.

“Quería comentarles que he tenido una recuperación bastante estable. A pesar de que estoy golpeada y con unas heridas, y gracias a Dios me estoy recuperando. Gracias a todas las personas por estar pendientes y tenerme en sus oraciones. Esperemos que se haga justicia”, mencionó Gómez.

Las lesiones todavía le dificultan hablar por períodos prolongados, por lo que debe evitar forzar su recuperación.

Pineda cumplirá cuatro meses de prisión preventiva

La Fiscalía de Cartago dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Pineda por el presunto delito de tentativa de homicidio.

En el caso también figura su hija, de 29 años, quien, según la información suministrada, habría atacado a Gómez a patadas.

La joven permanecerá durante un mes internada en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.

Mientras Gómez continúa recuperándose, su familia pide que se mantenga a la sospechosa tras las rejas y reclama una sanción mayor.

Juan Brenes Gómez, hijo de la víctima, cuestionó la duración de la prisión preventiva impuesta a Pineda.

“Porque lamentablemente así es. Lo que opino es que con esas medidas cautelares que le metieron, o sea, con esa evidencia, ¿cómo la van a dejar libre en cuatro meses? Porque eso es lo que va a pasar, o sea, todos lo sabemos. ¿Cuánta gente no mata y ahí anda? ¿Y qué quieren? ¿Que siga matando?”, indicó.

Pineda también es investigada por otros dos casos de agresión con arma y amenazas agravadas contra varios vecinos.

De acuerdo con el hijo de Gómez, la mujer habría tenido múltiples conflictos con otras personas de la comunidad.

“Y hablando de que se hizo o no, mi mamá nunca le hizo nada a nadie. Y por eso tantos vecinos están indignados, porque esa señora se lo hizo a todos los vecinos. Y mi mamá era muy querida en el barrio por algo, sería”, afirmó Brenes.

El hijo de la víctima agregó:

“A esa señora nadie la quería, tiene un montón de causas abiertas y no le han hecho nada”.

Mientras avanza la investigación, Elsida Gómez continúa recuperándose de las heridas y espera que el proceso judicial permita esclarecer lo ocurrido.

Mediante una carta, el economista de profesión sugirió escoger el próximo 10 de octubre al exdiputado Óscar Izquierdo como el nuevo presidente de la divisa liberacionista, puesto para el que el también exlegislador Rolando González ya había expresado su interés en postularse.

La papeleta sugerida por el exaspirante incluye a Alexandra Blanco para la Secretaría General, cargo que ocupa en la actualidad, con deseos de continuar, Miguel Guillén.

Ramos también planteó mantener a Annie Saborío como tesorera, mientras que recomendó a Daniela Coll como vicepresidenta, a Alvis González como subsecretario, al diputado Rafael "Fello" Vargas como subtesorero y a Óscar González como fiscal.

"Mi recomendación concreta es que elijan una fórmula integrada y no candidaturas sueltas. Cuando cada puesto se elige por separado, el Comité Ejecutivo que resulta es un grupo de personas que no se deben nada entre sí y que llegaron por razones distintas; pasarán cuatro años negociando hacia adentro en lugar de construir hacia afuera. Una fórmula es un compromiso de trabajar en equipo. Que compita contra otras fórmulas, por supuesto, y ojalá las haya", escribió el excandidato.

El economista enfatizó que él solo plantea la sugerencia, al tiempo que recordó que él no tiene voto en la Asamblea Nacional a celebrarse la próxima semana y tampoco ocupa cargo alguno en la estructura del partido.

Bajo esa línea, el exaspirante señaló que prefiere hacer pública su posición y evitar "conversaciones de pasillo".

"Más del 80% del partido me confió su candidatura presidencial, eso no me da ningún derecho a decidir por ustedes. Sí me da la obligación de decir con claridad lo que pienso y sustentarlo. La decisión es suya y la respetaré", subrayó Ramos.

El excandidato reconoció el trabajo de quienes condujeron la agrupación en el último ciclo, mismo en el que se consumó el cuarto periodo constitucional en el que Liberación Nacional quedó fuera del poder.

De igual forma, hizo ver que su recomendación no busca descalificar a ningún otro candidato ni a los actuales miembros del Comité Ejecutivo Superior Nacional.

La agrupación sostiene que el problema no se limita al estado del calzado. Entre las denuncias también figuran deficiencias en los uniformes, la falta de capas para trabajar bajo la lluvia y la ausencia de botas de hule para enfrentar condiciones climáticas adversas.

“Oficiales están saliendo a trabajar en condiciones precarias, en chancletas, en tenis de color blanco", comentó Starlyn Sánchez, de UNATEPROT.

Estas inquietudes fueron planteadas al ministro de Obras Públicas y Transportes mediante una carta enviada por el sindicato.

Además, la organización señala presuntos problemas relacionados con los horarios y roles de servicio, así como la falta de actualización del manual de puestos.

UNATEPROT también cuestiona el proceso utilizado para la designación del subdirector de la Policía de Tránsito.

Según el sindicato, las solicitudes y reclamos han permanecido sin respuesta durante varios meses, por lo que consideran que la situación ha llegado a un límite.

Telenoticias consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre estos señalamientos, la respuesta oficial se mantiene en trámite.

Su salida se produjo luego de que la Junta Directiva resolviera seleccionar al también exdiputado Luis Antonio Barrantes Castro como nuevo director ejecutivo.

Porras confirmó su salida a este medio y explicó que participó en el proceso de selección para continuar al frente de la organización. Según relató, obtuvo todos los puntos correspondientes a la entrevista y perdió únicamente dos en la evaluación, aunque indicó que todavía debe revisar cuál fue el error.

“Yo fui al concurso, gané el examen, perdí dos puntos nada más, que todavía tengo que revisar en qué me los rebajaron”, manifestó Porras.

“Yo fui al concurso, pero bueno, ellos lo van a llamar como ellos lo consideran”, señaló al referirse a la decisión de la Junta Directiva.

Porras, quien también fue alcaldesa de Sarchí y diputada del Movimiento Libertario entre 2006 y 2010, aseguró que deja la institución después de una trayectoria de 16 años, periodo que comparó con “criar un hijo”. 

Agradeció a las municipalidades y autoridades locales por la confianza durante su gestión. “Me llevo un enorme cariño y gratitud por cada municipalidad y cada autoridad local”, expresó.

“Sin lugar a dudas, es un tema político”

Consultada sobre las razones que, a su criterio, llevaron a la Junta Directiva a realizar el cambio después de tantos años, Porras afirmó que existe un componente político.

“Sin lugar a dudas, ya lo han dicho, es un tema político. Yo no soy del partido político que ellos mantienen ahora”, declaró.

La exdirectora agregó que la UNGL es una institución en la que las decisiones tienen una dimensión política debido a que son autoridades municipales quienes integran sus órganos de decisión.

“Siempre yo lo dije en el momento en que el partido político... A ver, la Unión es una institución muy política; al fin y al cabo, son quienes toman las decisiones”, aseveró.

Porras también hizo referencia a que en otros momentos se cuestionó la influencia de agrupaciones políticas dentro de la organización. “Si ahora hay mayoría de ese partido, pues entonces ellos tienen la potestad de poner a su gente”, sostuvo.

La actual Junta Directiva de la UNGL está encabezada por Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón, quien renunció al PUSC para acercarse al chavismo.ría la dirección ejecutiva.

Luis Antonio Barrantes asumirá la dirección

El puesto será ocupado por Luis Antonio Barrantes Castro, quien fue diputado del Movimiento Libertario entre 2006 y 2010 y alcalde de Sarchí entre 2011 y 2016. Antes de su designación, se desempeñaba como director ejecutivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma).

Porras, por su parte, aseguró que por ahora no tiene previsto asumir otra función y que se tomará un descanso después de 16 años de trabajo al frente de la UNGL.

“Por ahora me voy a tomar un descanso. Tengo 16 años en el puesto. Solo podía tomar vacaciones los fines de año, que ni vacaciones eran”, finalizó.

La exdirectora afirmó que continuará respaldando al municipalismo desde el espacio que le corresponda y expresó su deseo de que la UNGL mantenga su papel como representante de los gobiernos locales del país.

Aprender nuevas formas de vender, aprovechar la inteligencia artificial y crear contenido para sus negocios fue parte de la experiencia que vivieron alrededor de 1.200 pymes durante el Seminario Pyme “Trazamos nuevas rutas”.

A través de charlas y experiencias, los participantes conocieron estrategias para enfrentar los cambios del mercado y aprovechar las nuevas tecnologías para hacer crecer sus empresas.

Solo durante 2025, más de 2.500 pymes lograron convertirse en grandes empresas como parte de este acompañamiento.

La aplicación del examen comenzará este sábado 3 de octubre y se extenderá durante el período establecido por la universidad para este proceso.

Para atender a todas las personas inscritas, la UCR distribuirá la prueba en más de 300 centros de aplicación ubicados en diferentes zonas del país.

La institución trasladará el material tanto a lugares con una alta concentración de estudiantes como a comunidades alejadas o de difícil acceso, esto con el objetivo de facilitar la participación y evitar que la ubicación geográfica se convierta en una barrera para quienes buscan ingresar a la educación superior pública.

“Sabemos que muchas personas estudiantes deben enfrentar caminos muy complicados para salir de sus comunidades. Por eso, la UCR les lleva la Prueba de Aptitud Académica para evitar que la ubicación geográfica vaya a limitar el acceso a la educación superior pública de cualquier estudiante”, explicó Marco Monge, jefe de la Oficina de Registro e Información y encargado del proceso de admisión de la UCR.

¿Qué deben revisar los estudiantes antes de la prueba?

Las personas inscritas pueden consultar su cita y los materiales oficiales del proceso de admisión en el sitio de la Oficina de Registro e Información de la UCR.

La universidad recomienda revisar previamente todas las indicaciones incluidas en el instructivo del proceso de admisión.

También pide verificar que el documento de identidad esté vigente y en buen estado, ya que será necesario para realizar la prueba.

¿Cuándo estarán las notas?

Las notas de admisión estarán disponibles el lunes 16 de noviembre de 2026, al final del día, mediante el sitio de consultas de la UCR.

Posteriormente, en diciembre, se realizará el concurso de ingreso a carrera y recinto para estudiantes de primer ingreso.

La inquietud nacional fue expresada tanto durante la intervención de la representación ante el organismo internacional como en una nota al pie en el acuerdo unánime alcanzado la mañana de este viernes en una reunión de cancilleres de los 32 miembros activos.

"Para Costa Rica no es un asunto lejano, somos vecinos. Hemos acogido a decenas de miles de nicaragüenses que han buscado protección y oportunidades en nuestro territorio. Conocemos directamente las consecuencias humanas y migratorias de esta crisis. Conocemos también sus consecuencias para nuestra seguridad.

"El gobierno de la presidenta Laura Fernández ha venido advirtiendo sobre la gravedad de la minería ilegal en nuestra zona norte y su vinculación con el crimen organizado transnacional. Hoy aquí reiteramos esa preocupación. La extracción ilegal de oro, el transporte de insumos, su procesamiento, comercialización y los flujos financieros asociados conforman una cadena ilícita que causa graves daños ambientales y amenaza la seguridad de nuestras comunidades", expuso la diplomática de carrera.

Precisamente, la resolución, derivada de una reciente reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para excluir a la oposición de las elecciones, al tiempo que amplía el periodo de mandato, reconoce que esas decisiones "tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región".

Bolaños hizo eco de esa conclusión y aseguró que la situación que se vive en tierras pinoleras amenaza la estabilidad de Centroamérica. De ahí que la viceministra enfatizara que el hemisferio no puede limitarse a expresar su preocupación, aprobar un texto y volver a reunirse para constatar que todo empeoró en el país vecino del norte, sino que la Organización de Estados Americanos debe mantener acciones sostenidas y objetivos claros para lograr cambios.

La representante costarricense abogó por la liberación de los presos políticos, la restitución de los derechos civiles y políticos, el cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como la celebración de elecciones libres, plurales y con observación internacional.

De igual manera, llamó al cese de la persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.

"El pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro. Costa Rica confía en que llegará el día en que Nicaragua recupere plenamente su democracia y sus libertades. Ese futuro no puede ser decidido por unos pocos; le pertenece al pueblo nicaragüense.

"Hasta que ese derecho sea plenamente respetado, Costa Rica seguirá alzando su voz, con firmeza y sin ambigüedades, en defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad", añadió la viceministra.

El acuerdo de los ministros de Relaciones Exteriores incluye la creación de un grupo de negociación para buscar un diálogo rápido y directo con el régimen.

Nicaragua es gobernada con mano de hierro por Ortega y su esposa, que endurecieron el control sobre la sociedad tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), quien explicó que las medidas fueron ordenadas durante una audiencia realizada la noche del jueves en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública. 

La suspensión del cargo es por un periodo de seis meses; además, la sospechosa deberá firmar una vez al mes ante la FAPTA.

El juzgado también impuso a la funcionaria impedimento de salida del país, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Primer Circuito Judicial de San José y la obligación de abstenerse de comunicarse, amenazar o intimidar a testigos, ya sea de manera directa o indirecta.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación, correspondiente al expediente 25-000239-1218-PE, contempla dos modalidades de presuntas contrataciones irregulares. 

La primera está relacionada con la adquisición de bienes, así como obras y mantenimientos mobiliarios, en los que se investiga la existencia de posibles sobreprecios.

La segunda modalidad corresponde a una presunta sustracción directa de fondos mediante anticipos ficticios de caja chica. Como parte de las diligencias, la FAPTA realizó allanamientos en dependencias del Poder Judicial y detuvo a la funcionaria investigada.

La investigación también incluye a un contratista privado de apellido Fallas, señalado como el proveedor que aparentemente habría resultado favorecido con algunas de las contrataciones cuestionadas. Esta persona no fue detenida durante las diligencias.

La Fiscalía informó que la prueba decomisada durante los dos allanamientos realizados será sometida a análisis por parte de la Policía Judicial, como parte de las pesquisas para determinar las eventuales responsabilidades en el caso.

Las autoridades recalcaron que la investigación se encuentra en curso y que las personas involucradas mantienen su condición jurídica de imputadas mientras se desarrolla el proceso.

Desde colonias de hormigas hasta colecciones de escarabajos, pasando por especies de colores brillantes y otras que se camuflan, el lugar ofrece una mirada cercana a un mundo que suele pasar desapercibido.

La UCR alberga este museo desde hace más de seis décadas. Se trata de una ventana a la biodiversidad más abundante del planeta: solo en este espacio, los visitantes pueden encontrar entre 5 mil y 10 mil ejemplares, incluso especies tan curiosas que quizá no conocían.

Federico Paniagua, técnico del Museo de Insectos de la UCR, comentó:

"La gente se pone contenta, sorprendida de ver que en Costa Rica tenemos tanta diversidad biológica relacionada a insectos. Cuando interactúan con los insectos vivos hay una serie de reacciones, desde el grito hasta la sorpresa, el asco o el rechazo. La idea es que con información y con una guía adecuada, la persona vaya poco a poco perdiendo esos temores y que salga con una experiencia positiva".

El museo es un espacio para la investigación, para descubrir este pequeño gran mundo que nos rodea cada día y para ver a estos animales con otros ojos, metafórica y literalmente.

"Hay un laboratorio donde hay estereoscopios y podemos ver las muestras de cerca. Hay colecciones didácticas que se pueden usar para ver. Se les da la instrucción a la persona de su uso y entonces la persona nos puede manipular independientemente. También tengo insectos vivos, hay varias especies o colonias con las que contamos acá para que las personas puedan desde verlos de cerca hasta interactuar con ellos", añadió Paniagua.

El museo se ubica dentro de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, específicamente en el sótano de la Escuela de Artes Musicales. Abre de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 mediodía y de 1:30 p. m. a 4:00 p. m.

La entrada cuesta ₡450 para menores de 12 años y ₡750 para mayores de 12 años.

Las personas que deseen más información, coordinar su visita o incluso organizar una gira educativa pueden llamar al 2511-8551.

A veces, para entender lo grande que es la naturaleza, hay que aprender a mirar lo pequeño. Mientras tanto, arriba, en la Escuela de Artes Musicales, las melodías continúan.

De acuerdo con la institución, aproximadamente el 25% de las denuncias que recibe están relacionadas con incumplimientos en el uso y manejo de los campos preferenciales.

Utilizar estos espacios sin necesitarlos puede generar una multa de entre ₡20.000 y ₡60.000; además, no se trata de un parqueo más, sino de áreas reservadas para garantizar otros derechos.

El uso indebido de estos espacios no solo afecta la posibilidad de acceder a un lugar, sino que puede limitar el derecho a la movilidad, a un trato en igualdad de condiciones, a recreación, estudio, entre otros. 

Se trata de derechos que buscan garantizar que las personas puedan desenvolverse y participar plenamente en diferentes espacios de la sociedad.

Así lo revela el informe Education at a Glance 2026 de la OCDE, publicado el 29 de setiembre.

En secundaria baja, el salario efectivo de los docentes en Costa Rica equivale al 169% de los ingresos de los trabajadores con educación terciaria. Es decir, es un 69% superior.

La diferencia también se observa en otros niveles educativos: en preescolar, los docentes reciben en promedio un 25% más que otros trabajadores con educación terciaria, mientras que en primaria y secundaria baja las diferencias son mayores.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se analiza la estabilidad laboral.

Solo el 56% de los docentes de secundaria baja en Costa Rica tiene un contrato permanente. En el promedio de la OCDE, esta proporción alcanza el 81%.

En Costa Rica, un 22% de los docentes tiene contratos de un año o menos y otro 22% cuenta con contratos de más de un año. En conjunto, al menos 44% trabaja bajo alguna modalidad de contrato de plazo fijo.

La OCDE señala que los contratos permanentes generalmente están asociados con una mayor seguridad laboral y previsibilidad profesional, mientras que una alta dependencia de contratos temporales puede generar mayor incertidumbre, especialmente entre docentes que están iniciando su carrera.

El informe también señala que, en Costa Rica, el salario efectivo de los docentes de secundaria baja es 62% superior al salario establecido para un docente con las calificaciones más comunes y 15 años de experiencia.

Según la OCDE, esta diferencia refleja, en parte, el peso de las bonificaciones y otros pagos adicionales.

El informe Education at a Glance 2026 analiza distintos indicadores de los sistemas educativos de los países miembros de la OCDE, entre ellos las condiciones laborales y salariales de los docentes.

Del total, ₡8.602 millones corresponden a medidas de contención del gasto y otros ₡370 millones a 100 plazas que permanecieron vacantes durante el primer semestre de este año.

Uno de los principales ajustes se concentra en el programa de Tecnología Educativa, que perdería ₡3.648 millones.

De ese monto, ₡2.024 millones corresponden a tarjetas sensoriales, kits de robótica, computadoras portátiles, accesorios y licencias.

Los otros ₡1.623 millones están vinculados con conectividad, redes internas, infraestructura en la nube y una nueva etapa del proyecto SABER.

En infraestructura y equipamiento se recortarían ₡1.747 millones. De ese monto, ₡1.745 millones estaban destinados a la construcción de una escuela.

Los programas de equidad también tendrían una reducción de ₡380 millones, principalmente por un recorte de ₡363 millones al transporte estudiantil.

Además, los recursos para diez nuevos centros educativos y proyectos de huertas escolares serían trasladados para ejecutarse en 2027.

El segundo presupuesto extraordinario fue presentado por Hacienda el 28 de setiembre y contempla reducciones para distintas instituciones públicas, entre ellas el MEP. El expediente ahora deberá ser analizado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Optimización del Primer Nivel de Atención y funcionará con el Asistente Inteligente Digital para la Atención (AIDA), que identificará las condiciones de cada paciente para enviarle contenido educativo a su medida.

“Un mensaje oportuno puede convertirse en el impulso que una persona necesita para tomar sus medicamentos correctamente, mejorar sus hábitos, regresar a sus controles o reconocer una señal de alerta”, afirmó el doctor Roy Wong McCure, epidemiólogo del equipo de la estrategia.

Según explicó, los mensajes serán educativos y preventivos, incluirán el nombre del usuario y se elegirán a partir de las condiciones registradas en su expediente digital. Por eso, no todos recibirán lo mismo.

Una persona con hipertensión arterial, por ejemplo, podrá recibir consejos sobre la importancia de medirse la presión con regularidad, reducir la sal, tomar bien sus medicamentos y no faltar a sus citas. 

Quienes viven con diabetes recibirán recomendaciones sobre alimentación, actividad física, exámenes de control, cuidado de los pies, cumplimiento del tratamiento y señales que requieren consulta oportuna. 

También habrá consejos para prevenir complicaciones del colesterol elevado, la obesidad y otras condiciones ya identificadas por los equipos de salud.

“La persona podrá recibir en lenguaje sencillo recomendaciones relacionadas con sus propias necesidades de salud, lo cual fortalece su participación porque le permite comprender mejor su condición, tomar decisiones más claras y conversar con los profesionales de salud con mayor conocimiento”, declaró el doctor. 

El especialista aclaró que los mensajes no sustituyen el contacto humano ni la valoración profesional, más bien, lo que se quiere es acompañar a la población antes de que surjan complicaciones.

Además, los mensajes no comunicarán nuevos diagnósticos, no reemplazarán las indicaciones médicas y tampoco modificarán ni suspenderán medicamentos sin valoración profesional. 

“Si la persona presenta una emergencia o un deterioro repentino de su condición, deberá acudir al servicio correspondiente y no esperar la llegada de un mensaje o una cita programada”, enfatizó.

La implementación será progresiva, según los temas que se aborden. Esto permitirá medir el alcance, la utilidad y la respuesta de la población antes de ampliar el servicio de forma masiva.

La CCSS invita a descargar la app, mantener actualizados los datos personales y revisar con frecuencia las notificaciones.

​Sin embargo, las autoridades mantienen una preocupación: hay menores que reciben la primera dosis, pero no regresan para completar la segunda.

Los especialistas recuerdan que completar el esquema de vacunación es importante para obtener la protección esperada.

Se trata de la denuncia presentada por Calzada en enero anterior mientras era candidata a la presidencia de la República por el partido Centro Democrático y Social, luego de que Cisneros la llamara “pensionada de lujo y sinvergüenza”. 

“De conformidad con el artículo 380 del Código Procesal Penal, se confiere a la querellada Pilar Cisneros Gallo audiencia por el plazo de CINCO DÍAS para que manifieste lo que considere conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes y oponga excepciones y recusaciones que estime convenientes”, dictó el Tribunal el pasado miércoles.

Las declaraciones que ahora son investigadas por las autoridades llegaron después de que la campaña de Calzada publicara un video en el que aseguraba que “volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al Diablo. Fuera Laura, fuera Chaves, fuera el narco”.

Poco después, Cisneros, quien en ese momento ejercía como jefa del oficialismo y estratega de la campaña de Laura Fernández, le respondió a la exmagistrada.

“Cuando la pensionada de lujo y sinvergüenza, Ana Virginia Calzada, salga del margen de error, tal vez me tome la molestia de contestarle ese video”, dijo.

El Tribunal advirtió a Cisneros que, en un plazo de tres días, debía nombrar al abogado que la representará en el caso.

Al respecto, la ahora asesora presidencial dijo a Teletica que no ha sido notificada, pero que está tranquila porque dijo que no cometió difamación.

"Vea qué extraño, dicen que me dan cinco días para presentar mi descargo y ni siquiera me han notificado, es increíble. Realmente, el Poder Judicial en este país no toma en cuenta los derechos de la gente que es acusada. 

"Yo esperaré a que me comuniquen, porque no me han comunicado absolutamente nada, y me siento tan tranquila porque si alguien cometió difamación fue ella (Calzada), no yo", aseveró.

Cisneros también criticó que se dio cuenta de la decisión del Tribunal por la prensa. 

"¿Dónde están mis derechos? Todo el mundo sabe dónde vivo, mi número de teléfono, mi correo, menos el Poder Judicial. El Poder Judicial es el único que no encuentra a Pilar Cisneros, todo el resto del país, incluyendo la prensa, puede encontrar a Pilar Cisneros", finalizó.

Este valiente pequeño, quien además se encuentra en el espectro autista, nació con una condición difícil: solo le funciona la mitad de su corazón. 

En Costa Rica ya le han practicado dos cirugías que le permitieron ganar valiosos años de vida; no obstante, en esta etapa requiere una tercera operación de alta complejidad que no puede realizarse en el país.

Debido a la complicación del caso, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tampoco pudo incluirlo en el convenio que mantiene el Hospital Nacional de Niños con el centro especializado en Barcelona, España.

​Ante esta situación, sus padres, Arellis Mora y Francisco Sequeira, emprendieron una intensa campaña de recaudación de fondos para costear el procedimiento de manera privada en el extranjero. Aunque el viaje está programado para este mismo mes y ya han logrado reunir una parte importante del dinero, aún les falta un tramo final para alcanzar la meta financiera.

La urgencia es máxima. El deterioro físico del niño es evidente en signos como la coloración morada en sus labios y uñas, por lo que requiere ser intervenido a la brevedad.

"Estamos muy cerca de lograrlo y de viajar a España, pero necesitamos ese último impulso de la gente", expresó su madre, Arellis Mora.

Por su parte, don Francisco Sequeira mantiene la fe intacta en el apoyo de la ciudadanía para superar este reto y darle a su hijo una oportunidad de desarrollo y salud.

¿Cómo ayudar a Santi?

Si usted desea colaborar con esta familia, puede comunicarse con ellos a través del número 6385-5359 o en la Fundación CorAll Family CR.

La investigación, realizada por la Gestión de Investigación de la Policía Profesional de Migración, determinó que los sospechosos abusaron de la víctima mediante engaños y falsas promesas de un trabajo digno y bien remunerado.

Una vez trasladada al Gran Área Metropolitana, fue llevada a San Joaquín de Flores, donde enfrentó condiciones muy distintas a las ofrecidas.

Según el reporte oficial, la mujer indígena vivió situaciones de abuso de poder, violencia verbal, impedimento de comunicación, restricción a la educación y formación profesional, además de jornadas laborales extenuantes sin remuneración ni aseguramiento médico.

"Incluso se le cobraba la alimentación, vulnerando sus derechos fundamentales, su seguridad personal y su integridad física, psíquica y moral", indicó Migración.

Los detenidos fueron trasladados a los Tribunales de San José para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Se trata de un hombre de apellidos Zhang Guobin, al que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos asocia con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo (CDG), ambos de México, así como con el Clan del Golfo, de Colombia.

Las tres estructuras criminales fueron declaradas organizaciones terroristas extranjeras por la administración del presidente estadounidense Donald Trump entre el 20 de febrero y el 17 de diciembre de 2025.

El sujeto es requerido en el gigante norteamericano por delitos relacionados con el narcotráfico, indicó el Ministerio Público en un comunicado que no ahonda en detalles.

La captura de Zhang Guobin estuvo a cargo de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y fue posible tras un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD). También participaron en la Administración de Control de Drogas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La nota de prensa del Ministerio Público ratifica el compromiso de la institución de llevar a cabo acciones coordinadas con autoridades nacionales e internacionales para perseguir delitos relacionados con el crimen organizado.

La caminata salió desde el Liceo Vicente Lachner Sandoval y finalizará en la Plaza Mayor (Ruinas), donde dará paso a conciertos y actividades culturales abiertas a toda la familia.

La actividad es apoyada por la Municipalidad de Cartago y reúne a instituciones educativas como el IPEC, la Unidad Pedagógica, el Colegio Occidental, el CTP de Orosi, el Colegio Elías Leiva Quirós de Tejar de El Guarco, así como escuelas y centros educativos como el kínder y la escuela Ascensión Esquivel Ibarra.

“Es una forma de levantar la voz de manera positiva, de que nuestros jóvenes sean la conciencia de muchos de nosotros que ya tenemos más edad. Este movimiento pacífico es para decir que estamos cansados de una sociedad donde todos ven un problema, pero que tenemos la oportunidad de mejorar y crecer”, afirmó Mauricio Giutta Sánchez, director del Liceo Vicente Lachner Sandoval.

Los organizadores pidieron a los ciudadanos vestir camiseta blanca como símbolo de unión y compromiso con la paz.

Actualmente, la estructura permanece completamente cerrada por latas, pero adentro trabajan para tenerla lista entre abril y mayo del 2027. 

Antes de iniciar la construcción, se realizó una evaluación preliminar para determinar el estado del inmueble. Los estudios concluyeron que la mejor alternativa era ejecutar una remodelación integral, debido al desgaste acumulado por el paso del tiempo.

“La empresa tiene aproximadamente un mes de haber ingresado al inmueble, tomado posesión del inmueble y empezado las obras de reconstrucción y remodelación.

“Todo va según los planes, según el diseño, y esperamos que para abril del próximo año ya estemos inaugurando nuestro gimnasio”, mencionó Mario González, director del colegio. 

El edificio posee un importante valor patrimonial y social. Durante décadas fue sede de distintas actividades deportivas, culturales y comunitarias, tanto a nivel local como nacional, por lo que su recuperación es vista como un beneficio para los cartagineses.

Para el Colegio San Luis Gonzaga, institución con 184 años de historia, el gimnasio representa además una parte fundamental de su identidad. La estructura fue construida a inicios de la década de 1950 y, según las valoraciones técnicas, requería una intervención profunda para garantizar su conservación y seguridad.

“Estamos muy contentos por haber empezado esta obra. Ha sido una lucha de muchos años, de muchas personas que han estado detrás de la gestión”, añadió González, director del colegio.

​El 24 de abril de 2020, tras años de problemas de infraestructura, filtraciones graves en el techo y fallas de seguridad, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para desalojarlo por completo. 

Desde ahí, el edificio permaneció clausurado desde entonces; durante este tiempo sufrió severas consecuencias debido a causas naturales y el vandalismo.

​La obra la lleva a cabo la empresa Construcciones Peñaranda y tiene una inversión de poco más de ₡1.303 millones en beneficio de los 2.047 estudiantes que asisten a la institución.

El proyecto, ejecutado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), mediante el Programa Proeri, se encuentra en su etapa final.

Esta semana se completó el asfaltado en las aproximaciones y ahora trabajan en los últimos detalles para habilitar la infraestructura.

La nueva estructura sustituye un paso de vigas de madera deterioradas por el tiempo y las lluvias, que representaba un alto riesgo de colapso para quienes cruzaban. Los vecinos tenían varios años esperando por un paso seguro.

Además de mejorar la comunicación entre Guatuso y Tilarán, los vecinos esperan que sirva para impulsar la actividad productiva de la zona, caracterizada por el cultivo y traslado de yuca, chamol, tiquizque, piña, maíz, cítricos, carne y lácteos.

Según la CNE, la inversión supera los ₡480 millones y beneficiará directamente a unas 900 personas, además de otras 150 en comunidades cercanas.

Este es el cuarto puente que se finaliza en Guatuso bajo el Programa PROERI. El año anterior se entregó el puente sobre el río Frío en San Rafael, y este año se concluyeron las estructuras sobre el río Brazo y la quebrada Sin Nombre en Katira.

El programa, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), contempla más de 450 proyectos de reconstrucción de obras públicas en peligro inminente y emergencia, tras los daños ocasionados por la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el huracán Julia, atendidos por la CNE junto con CONAVI, MEP, INCOFER y MIVAH.

La Policía de Control Fiscal (PCF) allanó varias bodegas ubicadas en San Joaquín de Flores, específicamente en el sector de calle Los Mosaicos, como parte de una investigación por presunto ingreso irregular de mercancías al país.

El operativo se desarrolló de manera conjunta con la Policía Profesional de Migración, la Fuerza Pública y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Las autoridades intervinieron bodegas de gran tamaño donde se presume era almacenada mercancía que habría ingresado al territorio nacional sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

Como parte de la investigación, siete personas permanecen a la espera de ser indagadas por las autoridades judiciales y policiales.

Investigación inició tras denuncia anónima

De acuerdo con información preliminar, el caso comenzó luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima que alertaba sobre movimientos inusuales y distribución de mercancías desde el inmueble intervenido.

A partir de ese momento, los cuerpos policiales iniciaron labores de seguimiento y vigilancia tanto del sitio como de los vehículos que ingresaban y salían de las instalaciones.

Como parte de las acciones, los oficiales interceptaron un vehículo que transportaba mercancía que, según las autoridades, carecía de la documentación necesaria para demostrar su ingreso legal al país.

Este hallazgo sirvió como uno de los elementos que permitió solicitar las órdenes judiciales para allanar las bodegas ubicadas en San Joaquín de Flores.

Durante la intervención, las autoridades ubicaron diversos productos que presuntamente estaban destinados al abastecimiento de distintos puntos de venta.

Las autoridades continuan con el proceso de revisión y cuantificación de la mercancía decomisada, por lo que aún no se ha determinado el valor económico total de los productos encontrados en las bodegas.

Ante el aumento de consultas generado por la nueva medida, representantes del sector privado aseguran que existe disponibilidad de vacunas. Farmacias y centros de vacunación se han abastecido para atender la demanda actual y prevén la llegada de nuevos cargamentos durante los próximos meses.

Massimo Manzi, de la Cámara de la Salud, confirmó que el mercado privado cuenta con suficientes dosis para los usuarios que requieran inmunizarse antes de sus viajes.

El costo de la vacuna varía según el establecimiento donde se aplique, pero oscila entre los ₡60.000 y ₡80.000.

La vacuna también está disponible a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No obstante, el servicio está sujeto a la disponibilidad de citas para personas que demuestren contar con un boleto aéreo hacia alguno de los destinos catalogados como de riesgo.

Por su parte, el certificado de vacunación puede obtenerse en formato digital mediante la Oficina Virtual del Ministerio de Salud, la aplicación EDUS y la plataforma Pura Vida Móvil.

Los expertos hacen un llamado a la población para mantener una adecuada higiene oral y un correcto cepillado dental, con el fin de eliminar las bacterias que pueden provocar inflamación en las encías.

Este problema también ha sido relacionado con enfermedades cardiovasculares y artritis. Sin embargo, los especialistas aclaran que una asociación no implica necesariamente una relación de causalidad, por lo que las investigaciones sobre el tema continúan.

El asunto es analizado en Costa Rica por el reconocido especialista español en periodoncia, Antonio Bascones Martínez, junto con expertos de Colombia, México y Ecuador.

Las exposiciones forman parte de la XIX edición del Congreso Académico Internacional de Odontología de la Universidad Latina de Costa Rica, que se realiza en San Pedro de Montes de Oca y concluye este viernes.

Son 26 centros educativos los que reportaron alguno de estos sistemas durante 2025, según el Censo Escolar del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Doce de ellos se encuentran en la Dirección Regional de Sulá, que atiende territorios indígenas de Talamanca y otras zonas de Limón. Otros seis están en Turrialba.

Entre ambas regiones concentran 18 de los 26 casos registrados, es decir, casi 7 de cada 10 escuelas que reportaron alguno de estos sistemas.

Sin embargo, la cifra ha disminuido de forma importante durante los últimos años.

En 2014 eran 113 escuelas las que reportaban letrinas, pozos negros o sanitarios de hueco. Once años después, en 2025, la cifra bajó a 26.

El dato del Censo Escolar no permite determinar qué tipo específico de sanitario utiliza cada centro ni conocer las condiciones en las que se encuentra.

Telenoticias consultó al MEP qué plan tiene para atender estas escuelas. La respuesta está en trámite.

¿Qué dijo José Miguel Villalobos?

“Pero llegar una diputada del Partido de Liberación con un cinturón verde, con pantalón blanco, todo eso molesta a un público que es mayoritariamente antiliberación”.

¿Violencia política?

Las diputadas de oposición denunciaron que el comentario de Villalobos fue violencia política.

“Diputado Villalobos, pretender responsabilizar a una mujer por las ofensas y la intimidación que recibe debido a su manera de vestir es violencia política, el recurrir a viejos patrones machistas para descalificarla”, reclamó en el plenario Abril Gordienko, del partido Unidad Social Cristiana.

“Sí, es violencia política, referirse a la vestimenta de una persona, de una mujer o de una diputación y más para usar esto como justificación”, también reclamó Eugenia Román, legisladora del Frente Amplio.

En Puntarenas también se registraron provocaciones desde la bancada de Gobierno. Un video que circuló muestra al diputado Ariel Mora silbando a la legisladora mientras esta se encontraba en uso de la palabra.

Horas después del incidente, Mora ofreció disculpas públicas por su comportamiento.

No obstante, pese a la disculpa, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una denuncia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa por presunta violencia política.

La denuncia contempla lo ocurrido durante la sesión solemne en Puntarenas, así como otros dos incidentes que, según el PLN, se registraron durante el mismo mes.

Según relató, algunos pacientes incluso recibieron parte de sus tratamientos mientras permanecían en estas condiciones y que su madre continuó en el piso hasta las 5 a. m., cuando recibió la última mascarilla.

Telenoticias solicitó una explicación al Hospital de Guápiles sobre lo ocurrido. Al cierre de edición, el centro médico no había respondido.

El documento fue emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y la Dirección General de Servicio Civil, y fue publicado el pasado 23 de setiembre.

La disposición establece que estos ceses son excepcionales y deberán estar respaldados por una rigurosa justificación técnica.

Las instituciones deberán presentar estudios financieros, presupuestarios y organizacionales, identificar los puestos afectados y demostrar cómo la medida responde a la falta de fondos o a la reorganización.

Además, antes de aplicar un despido, deberán analizar otras alternativas, como traslados, reubicaciones, redistribución de funciones o el congelamiento de plazas vacantes.

Cuando el motivo sea una reorganización, esta deberá afectar al menos al 50% de los empleados de la respectiva dependencia.

La norma también establece que, antes de hacer efectivo el cese, deberán pagarse las prestaciones y la indemnización que correspondan.

Telenoticias consultó a Mideplan sobre el alcance de la circular. Al cierre de esta publicación se está a la espera de una respuesta.

El servicio de Emergencias tiene capacidad para atender a 100 pacientes, pero en algunos momentos llega a recibir hasta 150. 

Además, no funciona las 24 horas del día.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Cartago, que investiga a la mujer por el presunto delito de tentativa de homicidio en perjuicio de su vecina, Elsida Gómez.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de setiembre, en El Bosque de San Rafael de Oreamuno.

Gómez todavía presenta secuelas físicas y emocionales tras la agresión. Luego de permanecer varias horas en el hospital para recuperarse de las heridas, acudió a los Tribunales de Cartago para interponer la denuncia contra Pineda, de nacionalidad nicaragüense.

La situación también generó preocupación entre habitantes de la comunidad, algunos de los cuales acudieron a los tribunales para pedir justicia.

Los vecinos aseguran tener temor de que la sospechosa regrese al barrio y señalaron que, según su versión, han recibido diversas amenazas.

Por este caso también permanece detenida la hija de Pineda, de 29 años. Sin embargo, por disposición judicial, la joven permanecerá durante un mes internada en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley, donde será sometida a evaluaciones médicas para determinar el procedimiento que corresponda.

Mientras avanza la investigación judicial, Gómez intenta recuperarse de las lesiones provocadas por el ataque y del impacto emocional que le dejó la agresión.

La Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades dentro del proceso.

Después de cinco días de intensa búsqueda, equipos de rescate localizaron su cuerpo este jueves por la mañana.

Cubero se había graduado a finales de 2025 del colegio San Luis Gonzaga, en Cartago. Durante su paso por la institución, destacó por su participación en diferentes actividades y por sus cualidades de liderazgo.

Ese mismo año fue presidente del colegio y participó en actividades académicas, entre ellas el Festival de Oratoria.

Quienes fueron sus profesores lo recuerdan con especial cariño y destacan la huella que dejó entre sus compañeros y docentes.

Actualmente, el joven cursaba Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional (UNA) y Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica (UCR).

También era un miembro activo de los Boy Scouts en Cartago, donde participaba en diferentes actividades.

Más de 20 cruzrojistas y bomberos participaron en las labores de búsqueda para localizar al joven.

Ahora, sus familiares, amigos, profesores y compañeros podrán darle el último adiós a este joven cartaginés, recordado por su liderazgo, carisma y participación en distintas actividades durante su corta vida.

Esto a través de una reforma parcial a la Ley General de Contratación Pública, que fue presentada por el subcontralor Bernal Aragón y el gerente de la División de Contratación Administrativa, Alfredo Aguilar, ante los diferentes jefes de las fracciones representadas en el Congreso.

La propuesta se basa en que, en el 66,5% de los recursos presentados contra el pliego de condiciones, la administración acepta las observaciones planteadas por el recurrente.

Otro grupo importante —del que no se dio un porcentaje— corresponde a meras aclaraciones al cartel; es decir, que la administración explica lo que entiende en un apartado del pliego de condiciones.

La idea es, entonces, que mediante una modificación del numeral 95 de la Ley de Contratación Pública, esas objeciones sean planteadas directamente ante la administración y que ellos escalen al órgano auxiliar a la Asamblea Legislativa solo si existen diferencias entre las partes.

Aguilar incluso hizo ver que el traslado de la gestión puede hacerse de forma automatizada mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), de manera tal que el concursante no tenga que hacer un doble trámite.

La otra parte de la reforma aplica a los artículos 97 y 99 de la citada legislación. La misma busca reubicar el control de las compras de medicamentos y equipo médico por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En ese sentido, el gerente de Contratación Administrativa señaló que en este tipo de compras existe un alto grado de especialización; las decisiones deben ser tomadas por médicos con el perfil y la experiencia necesarios.

Dado que en la Contraloría no se tiene ese tipo de profesionales, se propone que esos temas sean resueltos a lo interno de la propia institución administradora de los hospitales públicos del país y que el ente fiscalizador únicamente se concentre en licitaciones mayores.

Cuestionado por el líder de la bancada del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, sobre qué sucedía en casos en los que se sospechaba de corrupción, Aragón recordó que la reforma no toca de ninguna forma la denuncia ciudadana y las funciones de fiscalización de la Contraloría.

La citada fracción, al igual que las de las bancadas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO, oficialista), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), pidieron tiempo para revisar la iniciativa, pero dejaron entrever que ven con buenos ojos el planteamiento expuesto.

Los castigos se derivaban de un operativo realizado en los establecimientos —cuyos nombres no fueron revelados— en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas, realizado en setiembre y cuyos resultados fueron dados a conocer la tarde de este jueves.

Durante la revisión a estos negocios, la Dirección General de Tributación reportó haber encontrado que todos incumplían con la emisión de facturas electrónicas por la compra de las fichas de juego.

Asimismo, se tiene que "algunos" —no se precisó cuáles— no declararon la totalidad de mesas y juegos de azar (con lo que evadían impuestos), mientras que "otros" declararon cero ganancias en impuestos a las utilidades o cero impuesto al valor agregado (IVA), en las que luego se aplicaron créditos fiscales que se acreditaban o pedían de regreso, de acuerdo con el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

"En esta lucha no hay intocables. Nos comprometimos a enfrentar la evasión fiscal en todos los sectores y lo seguiremos haciendo. En cuanto a estos negocios que estaban incumpliendo sus obligaciones tributarias, ya se iniciaron los procesos para aplicar sanciones", aseguró el jerarca.

De igual forma, con las gestiones iniciadas se busca recuperar los impuestos dejados de pagar, según Carvajal.

El viceministro explicó que la acción ejecutada forma parte de los planes de control que llevan adelante las direcciones generales de Tributación, Aduanas y de Policía de Control Fiscal, en el marco de una estrategia de lucha contra el contrabando y la evasión fiscal.

Murillo compartió un mensaje en redes sociales luego de que las autoridades confirmaran la captura del quinto sospechoso. Se trata de un hombre de apellido Moya, de 23 años, quien quedó detenido tras presentarse en los Tribunales de Justicia de San Carlos.

​“Después de tantos días de dolor, incertidumbre y espera, hoy puedo decir que se ha logrado esclarecer este caso y que las personas señaladas como responsables ya fueron detenidas”, escribió Murillo.

La joven reconoció que las detenciones representan un paso que su familia esperaba con esperanza.

“Es un paso que esperábamos con mucha esperanza y que, aunque no borra el dolor ni cambia lo sucedido, significa mucho para nosotros y nuestra familia”, expresó.

Murillo también agradeció el trabajo de los investigadores encargados del caso.

La pareja del fallecido también dedicó palabras de agradecimiento a las personas que acompañaron a la familia durante estos meses.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Ari Murillo (@ari.mcr29)

El homicidio ocurrió el 10 de julio de 2026 frente a la Quesera Los Vásquez, en Sucre de Ciudad Quesada, San Carlos. La víctima, de apellidos Vásquez Torres, y de 26 años, trabajaba en el negocio junto con su padre.

Según la información preliminar de la investigación, dos hombres llegaron al establecimiento en motocicleta con la intención de asaltar el negocio y robar ₡5 millones. El joven habría intentado defenderse y recibió varios disparos.

Su padre persiguió a los sospechosos durante la huida y también recibió un disparo. El hombre sobrevivió y fue trasladado al Hospital San Carlos.

Este jueves, el OIJ y la Fiscalía de San Carlos realizaron cinco allanamientos para detener a los sospechosos. Cuatro personas fueron detenidas durante los operativos.

Entre ellos figura el presunto gatillero, quien tenía 17 años al momento del crimen y actualmente ya es mayor de edad.

Con la captura de Moya, de 23 años, las autoridades reportan cinco sospechosos detenidos por este caso.

​“Hoy doy gracias a Dios por este paso y sigo pidiendo que nos dé fortaleza para continuar, consuelo para nuestros corazones y justicia en este proceso”, concluyó Murillo.

Tras salir del hospital, donde permaneció varias horas en recuperación, Gómez decidió presentarse a los Tribunales de Cartago para interponer la respectiva denuncia contra la mujer de apellidos Pineda, de nacionalidad nicaragüense.

Varios familiares indicaron a Teletica que los problemas entre ambas no eran nuevos y que ya habían existido una serie de roces antes de la agresión.

La preocupación también se trasladó a los tribunales, donde vecinos de la comunidad se presentaron para pedir justicia.

"No es justo la forma como esta persona tan violentamente la golpeó, la volvió nada", reclamó Rosalba Giraldo, una de las vecinas que se manifestó hoy.

Los habitantes aseguran tener miedo ante la posibilidad de que la mujer regrese al barrio, pues, según señalaron, han recibido diversas amenazas.

Por este caso, tanto la mujer de apellidos Pineda como su hija de 29 años permanecen detenidas y enfrentan una investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la situación de ambas y las medidas que correspondan dentro del proceso.

La mujer, de apellido Esquivel, ocupa de manera interina el cargo de proveedora judicial. El despacho también investiga a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor aparentemente favorecido con las contrataciones cuestionadas, aunque este último no fue detenido en la jornada.

Las diligencias incluyeron allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información del Poder Judicial.

Según la FAPTA, en el expediente 25-000239-1218-PE se indagan dos modalidades:

• Adquisiciones irregulares y sobreprecios en obras y mantenimientos mobiliarios.
• Sustracción directa de fondos mediante anticipos ficticios de caja chica.

A Esquivel se le tomará la declaración indagatoria y posteriormente se solicitarán medidas cautelares.

La gestión está en proceso de redacción y se relaciona con los chiflidos que hizo el legislador del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) durante el discurso de la congresista Norjelens Lobo, informó el vocero verdiblanco, Álvaro Ramírez.

"Me parece muy grave que incluso algunas diputaciones de Pueblo Soberano hayan promovido esos ataques. Y peor aún, un diputado de Pueblo Soberano, silbándole a una diputada de Liberación mientras estaba en el uso de la palabra. Eso es violencia política contra la mujer, evidentemente, y nosotros vamos a presentar la denuncia respectiva. Ya la estamos preparando, porque esas cosas no pueden pasar", expuso el líder de la bancada verdiblanca.

Este miércoles, después de que trascendiera un video del hecho, Mora emitió una disculpa pública. "Esta actitud va en contra de mis valores y principios", señaló.

Ramírez también lamentó las declaraciones dadas por el parlamentario de la agrupación en el poder, José Miguel Villalobos, al espacio radiofónico Nuestra Voz, en las que señaló que el hecho de que Lobo vistiera una faja verde y un pantalón blanco (colores de Liberación Nacional) al acto causó molestia a un público que "mayoritariamente" rechaza a ese partido.

El tema entró en la reunión de jefes de fracción luego de que la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, pidiera un informe al Departamento de Seguridad del Congreso sobre si, para la celebración de la sesión solemne del Plenario celebrada el miércoles en la Casa de la Cultura de Puntarenas, se acataron o no las recomendaciones que dicha oficina había emitido previo al acto.

Lo anterior, luego de que, producto de gritos e insultos de parte del público que se hizo presente en el improvisado recinto parlamentario, la sesión tuviera que interrumpirse y, una vez terminada la misma, fue necesaria la presencia de oficiales de la Fuerza Pública para resguardar el orden.

Tal situación fue calificada de una "emboscada" por Ramírez, mientras que la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, calificó lo sucedido de "bochorno". En bloque, la oposición señaló al oficialismo de haber planeado deliberadamente para bloquear los discursos que no le eran afines.

La presidenta en ejercicio de la Asamblea, Esmeralda Britton, enfatizó que desde Pueblo Soberano se promovió que la sesión se hiciera en otros espacios, mientras que el público que asistió al acto fue el que llegó a hacer fila primero.

​

La iniciativa surgió mediante una alianza entre el centro educativo y Coopedota. Los estudiantes pueden llevar la formación de manera optativa y gratuita (ver video adjunto en la portada).

El programa busca preparar a las nuevas generaciones para una actividad que forma parte de la identidad y de la economía de la Zona de Los Santos.

La formación se extiende durante dos años. Los jóvenes conocen distintas etapas de la actividad cafetalera y adquieren herramientas para desenvolverse en este sector.

El plan incluye contenidos de agroindustria, control de calidad, tueste, barismo y cooperativismo.

Para algunos estudiantes, el café representa una oportunidad de desarrollo personal y profesional. La formación les permite conocer un sector con presencia histórica en sus comunidades.

Las aulas se convierten así en un espacio para acercar a los jóvenes al futuro de la caficultura.

El café deja de ser solo una tradición de la zona. También se convierte en una opción de formación y en una oportunidad para las nuevas generaciones.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense (CRC), el conductor de un vehículo vino, al parecer, hizo un viraje a la izquierda sin percatarse de la motocicleta que se aproximaba, lo que provocó que el motociclista chocara violentamente contra el costado derecho del carro.

Tras el impacto, el motociclista voló por varios metros y cayó sobre el zacate de la acera, donde fue atendido por ambulancias que atendieron el incidente. Sin embargo, los socorristas confirmaron que ya no había nada que hacer por la víctima, quien fue declarada fallecida en el sitio.

El accidente generó un importante congestionamiento vial el sector mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho.

El cargamento fue interceptado en un camión y, según las autoridades, los productos presentaban condiciones no aptas para la venta ni el consumo humano. En la inspección se detectó la presencia de moho, huevos podridos y gusanos, entre otros aspectos que evidenciaban el riesgo sanitario.

Los productos fueron trasladados en una vagoneta al relleno sanitario autorizado, donde se procedió a su destrucción siguiendo los protocolos establecidos.

La vicealcaldesa Silvia Navarro destacó que este operativo conjunto refleja el compromiso de las instituciones en la protección de la salud pública y en el combate contra la comercialización de productos de dudosa procedencia.

Además, la jerarca municipal dijo que seguirán verificando el tema de las patentes en todos los negocios, así como los permisos del Ministerio de Salud.

​

En su lugar, el órgano que reúne a las rectorías de las cinco casas de enseñanza superior explicó que la investigación que actualmente realiza el Ministerio de Hacienda por presuntos incumplimientos tributarios —dada a conocer por Teletica— responde a una diferencia con el tratamiento que la cartera hace de las cuotas de filiación a organismos internacionales.

En un extenso pronunciamiento, el Consejo de Rectores precisó que la fiscalización de Hacienda pasa por una serie de transferencias internacionales que los centros educativos realizan y que, según el fisco, estarían sujetas al impuesto sobre las remesas al exterior (IRE).

“El diálogo entre las universidades y la Dirección General de Tributación se refiere a operaciones específicas, realizadas para atender actividades académicas, científicas y de cooperación universitaria.

“Entre ellas se encuentran las cuotas de afiliación a organizaciones académicas regionales e internacionales sin fines de lucro, como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udualc), así como pagos por acceso a plataformas, bases de datos, revistas académicas, libros electrónicos y repositorios científicos”, indica el pronunciamiento.

El acceso a esas plataformas, según los rectores, permite disponer de recursos bibliográficos y científicos indispensables para la docencia, la investigación, la innovación y la formación de las personas estudiantes.

El Consejo de Rectores insistió en que ni las cuotas de afiliación ni el acceso a contenidos científicos deben calificarse automáticamente como regalías, franquicias o servicios gravados.

“La normativa tributaria grava las rentas o beneficios de fuente costarricense que se paguen, acrediten o pongan a disposición de personas no domiciliadas. Por ello, Conare considera que la determinación del impuesto debe fundarse en los supuestos expresamente previstos por la ley, sin extender su aplicación por analogía a operaciones de otra naturaleza.

“La materia no corresponde a una controversia sobre evasión tributaria. Se trata de una diferencia de criterio técnico sobre la correcta calificación de determinadas operaciones internacionales vinculadas con los fines públicos de las universidades. Las instituciones han acudido a las vías formales de consulta y gestión ante la Administración Tributaria desde 2021, con el propósito de contar con certeza jurídica y cumplir adecuadamente sus obligaciones”, añaden los rectores.

La disputa entre las universidades públicas y Hacienda fue dada a conocer la semana anterior por este medio, luego de que el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, confirmara que existe una investigación en curso contra los centros educativos por presuntos incumplimientos “bastante graves”, que dijo responden a una “cantidad significativa de recursos”, aunque no precisó montos.

En su momento, el ministro aseguró que se trataba de cobros sobre impuestos de renta no retenidos, aunque luego se precisó que respondían a cobros por remesas.

El Consejo de Rectores confirmó, tal y como dijo Carvajal a este medio, que la solicitud de información inició desde 2021.

La Dirección General de Tributación convocó a las universidades públicas, mediante el oficio MH-DGT-DGCN-SGT-UGB2-TEMPORAL-OF-0329-2026, del 11 de setiembre de 2026, a continuar el análisis técnico de este tema durante la primera quincena de noviembre.

A julio de este año, la institución reportaba un faltante de ₡943 millones de los cerca de ₡30 mil millones que requiere para mantener su operación durante todo el año.

El dato que más preocupa es que 66 comités se encuentran en riesgo de dejar de operar a partir de 2027 si no consiguen los recursos necesarios. La cifra representa casi la mitad de los 134 comités que tiene la institución en todo el país.

Además, dos comités de Heredia, San Rafael y San Pablo ya dejaron de operar. En este caso, la Cruz Roja explicó que la decisión respondió a un proceso de reorganización territorial y que esas zonas serían atendidas desde los comités de Santo Domingo y San Isidro.

Mantener abierto un comité básico cuesta entre ₡110 millones y ₡120 millones al año. Con ese cálculo, sostener los 66 comités durante un año requeriría una suma que podría superar los ₡7.200 millones.

Mientras tanto, la Cruz Roja mantiene una red de atención que el año anterior recibió alrededor de 500 mil llamadas de emergencia. Esto representa, en promedio, cerca de una emergencia cada minuto.

El modelo de financiamiento también representa un desafío: cerca del 40% del presupuesto de la institución proviene de fondos públicos, mientras que el 60% restante debe ser generado mediante recursos propios, entre ellos donaciones, actividades de recaudación, capacitaciones y contratos de servicios.

La Cruz Roja lanzó la campaña nacional “Colecta que Salva Vidas” para buscar nuevos recursos. Según los datos proporcionados para este reportaje, hasta ahora la iniciativa ha recaudado ₡8,5 millones frente a una necesidad de ₡25 millones para garantizar la atención básica.

La institución también ofrece capacitaciones, vende botiquines y artículos institucionales y brinda cobertura de eventos como parte de las alternativas para generar ingresos.

La Cruz Roja asegura que continúa buscando alternativas para evitar nuevos cierres y mantener la atención de emergencias en todo el territorio nacional.

El cuerpo del joven se encontró en un cañón ubicado a unos 300 metros de la catarata, cuando se cumplía el sexto día de labores de búsqueda. En el operativo participaron equipos especializados de rescate urbano y vaqueanos de la zona.

Durante la semana, los socorristas realizaron operaciones de rastreo en diferentes sectores del río, incluyendo Naranjillo y Finca Los Reyes, con apoyo de drones, vehículos operativos y personal especializado.

Para estas labores, la institución destinó 10 cruzrojistas y cuatro unidades entre ambulancias y vehículos de rescate.

La Cruz Roja informó que las acciones se mantuvieron de manera coordinada, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, mientras las autoridades competentes realizan los procedimientos correspondientes en el sitio, hasta lograr dar con el paradero del joven.

En lo que va del año, la Cruz Roja registra 93 personas ahogadas en todo el territorio nacional; además, se han trasladado a 25 personas en condición crítica por accidentes acuáticos.

 

"Estas cifras reflejan la importancia de extremar las medidas de prevención y seguridad al realizar actividades en ríos, playas, cataratas y otros cuerpos de agua", indicó la Benemérita.

Hace 66 años, 96 pequeños productores decidieron unirse para comprar el beneficio de café donde hoy funciona Coopedota (ver video adjunto en la portada).

La meta era reunir ₡120.000. Los productores aportaron ₡29.000. El Banco Nacional facilitó el dinero restante.

Así nació Coopedota. El proyecto creció con el trabajo de las familias caficultoras y con una idea central: el trabajo conjunto permite alcanzar nuevas metas.

Hoy, cerca de 1.200 asociados forman parte de la cooperativa. La actividad cafetalera también genera empleo y movimiento económico en la zona.

El café abrió nuevas oportunidades para Dota. El pueblo ahora recibe visitantes interesados en conocer la producción y la historia de la actividad cafetalera.

El Coffee Tour, la Escuela de Café y otras experiencias de la cooperativa acercan a los visitantes a ese legado. Cada recorrido muestra una historia construida durante generaciones.

Coopedota también prepara un nuevo capítulo. La cooperativa incorporará una nueva tostadora para continuar con la transformación del café.

El proyecto busca generar nuevas formas de dar valor al trabajo de las personas caficultoras. También pretende llevar el sabor de Los Santos a más consumidores.

El impacto será más fuerte en el Diésel, que registrará un aumento de ₡97 por litro, superando incluso el precio de las gasolinas. La gasolina Súper también tendrá un ajuste al alza de ₡38 por litro.

Por su parte, la Regular subirá ₡12 por litro. Mientras que el gas para cocina (GLP) tendrá un aumento de ₡107 en el caso del cilindro de 25 libras.

Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados (gasolinas, Diésel, asfaltos, entre otros), por lo que las tarifas nacionales dependen directamente de las variaciones en los mercados internacionales.

Históricamente, el Diésel ha mantenido un precio inferior al de las gasolinas debido a una menor carga impositiva. Pero, según explicó Aresep, los incrementos recientes en su cotización internacional han sido superiores, reduciendo esa diferencia y provocando que, en esta fijación, su costo alcance un precio mayor.

Las variaciones en el precio del Diésel impactan directamente en sectores estratégicos como el transporte público, el traslado de mercancías y la generación eléctrica mediante plantas térmicas, donde este combustible es insumo principal.

Aresep aclaró que los ajustes no responden a decisiones discrecionales, sino a la metodología tarifaria vigente, que incorpora factores como los precios internacionales de los productos importados por Recope, el tipo de cambio, los impuestos y otros componentes normativos.

La resolución será remitida para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de la medianoche del día de su publicación.

El accidente ocurrió cerca de las 4:05 a. m., en el kilómetro 2 de la vía, en un sector cercano a la salida de Pavas y La Sabana (ver video adjunto en la portada).

Según información de Global Vía, el hombre viajaba en una motocicleta. Las autoridades encontraron en el sitio la motocicleta y el casco del conductor.

Otros conductores alertaron sobre el accidente. La Policía de Tránsito y unidades de emergencia de la concesionaria acudieron al lugar. El motociclista ya no presentaba signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también se desplazó hasta la escena. Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizan las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente.

La víctima aún no ha sido identificada. Tampoco se conoce su edad.

A las 6:16 a. m., un carril permanecía cerrado durante unos 100 a 150 metros para permitir el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencia.

En ese momento no se reportaban presas en el sector. Las autoridades mantienen presencia en la zona.

El grupo está integrado por cuatro ciudadanos colombianos y un costarricense. Las autoridades trasladaron a los requeridos desde el Centro de Alta Contención hasta el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela (ver video adjunto en la portada).

El operativo contó con agentes del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Dirección de Inteligencia y Seguridad. También participaron agentes de la DEA.

Entre los extraditables figura Farid Alberto Morales Araya, alias "Beto". Las autoridades lo detuvieron en mayo de 2025, en San Francisco de Dos Ríos. El caso incluye el decomiso de 48 kilos de metanfetamina tipo cristal.

Otro de los requeridos es José Franklin Cuesta, de nacionalidad colombiana. Él fue detenido el 5 de mayo de 2025 junto con otra persona.

También será extraditado Luis Alberto Siniestra Lozano, ciudadano colombiano con condición de residente en Costa Rica. Las autoridades lo detuvieron en junio de 2025. En ese operativo decomisaron 70 kilos de cocaína. En el mismo caso aparecen Andrés Felipe Restrepo Uribe y John Fredy Sánchez Chavarría.

Los cinco son requeridos por un tribunal de Florida por una investigación relacionada con tráfico internacional de drogas hacia Estados Unidos.

Las autoridades aclararon que la extradición no representa una condena. Los requeridos enfrentarán el proceso judicial correspondiente en territorio estadounidense.

El traslado incluye un protocolo de seguridad y migración. Los agentes costarricenses entregarán a los extraditados a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto Juan Santamaría.

El grupo salió cerca de las 6:15 a. m. del Centro de Alta Contención y llegó pocos minutos después a Base 2 del aeropuerto. Las autoridades estiman que los trámites migratorios podrían tardar varias horas.

La salida hacia Estados Unidos está prevista para horas de la mañana, en una aeronave que recogerá a los cinco extraditables.

@telenoticiascr7

Cinco personas serán extraditadas a Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico. Más información en Teletica.com. 📲

♬ sonido original - Telenoticias

El decreto que pretende reducir el precio de más de 500 medicamentos en Costa Rica a partir del próximo 23 de diciembre genera expectativas entre los consumidores, pero también preocupaciones dentro del sector farmacéutico.

La iniciativa establece precios máximos para una amplia lista de medicamentos con el objetivo de facilitar el acceso de la población a estos tratamientos. 

Sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica considera que la medida debe aplicarse sin comprometer aspectos fundamentales como la calidad, la eficacia, la trazabilidad y la disponibilidad de los productos.

​Lea también

Según la presidenta de la organización, Aura Gabriela Jara, el análisis del decreto debe contemplar no solo el impacto sobre los precios, sino también los efectos que podría tener sobre el abastecimiento de medicamentos en el mercado nacional.

La mayoría son tratamientos para enfermedades crónicas

De los 142 principios activos incluidos en el decreto, cerca del 80% corresponde a medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Entre ellos figuran fármacos empleados por pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, colesterol elevado, trastornos de la tiroides, padecimientos respiratorios y algunas condiciones de salud mental.

Debido a la naturaleza de estos tratamientos, el Colegio de Farmacéuticos considera indispensable garantizar que los pacientes puedan acceder a ellos de forma continua y sin interrupciones.

Preocupación por medicamentos con pocos proveedores

La principal inquietud del sector se concentra en aquellos medicamentos que cuentan con un único proveedor o con una oferta limitada dentro del mercado.

Según advierten los especialistas, una regulación de precios que no contemple adecuadamente las condiciones de abastecimiento podría desincentivar la comercialización de determinados productos y generar dificultades para mantener inventarios suficientes.

Presentaron observaciones al decreto

La organización informó que durante el período de consulta pública presentó una serie de observaciones técnicas relacionadas con el contenido del decreto.

Asimismo, mantiene comunicación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con el objetivo de aportar criterios especializados que permitan fortalecer la implementación de la regulación y minimizar eventuales riesgos para los pacientes. 

La cosecha de café en Costa Rica depende cada vez más de la mano de obra migrante para completar la recolección del grano en las distintas regiones productoras del país.

Cada año, miles de trabajadores cruzan las fronteras para incorporarse a las labores de cosecha, una actividad clave para el sector cafetalero y para la economía nacional.

De acuerdo con el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) la mayoría son procedentes de Nicaragua y Panamá.

Un reto para los productores

Aunque la recolección ya comenzó en algunas regiones del país, los productores continúan buscando trabajadores para atender la demanda de las fincas cafeteras.

El precio estimado de pago por fanega ronda los ₡1.816, aunque este monto puede variar dependiendo de las condiciones y características de cada finca.

Según el ICAFE, garantizar la disponibilidad de mano de obra sigue siendo uno de los factores determinantes para lograr una cosecha exitosa y aprovechar el potencial productivo de los cafetales.

ICAFE facilita el contacto entre fincas y trabajadores

Con el objetivo de apoyar el proceso de contratación, el Instituto del Café de Costa Rica funciona como un enlace entre los productores que requieren recolectores y las personas que llegan al país en busca de oportunidades laborales.

Entre los aspectos que se procura garantizar figuran condiciones adecuadas de alojamiento, acceso a servicios básicos y el respeto de los derechos laborales de quienes participan en la cosecha.

Durante la cosecha anterior se recolectaron aproximadamente 1,6 millones de sacos de café. Para la temporada 2026-2027, el ICAFE proyecta un crecimiento del 16,67% en la producción nacional.

Hasta el momento, las autoridades reportan cuatro detenidos.

El crimen ocurrió el 10 de julio de 2026 frente a la Quesera Los Vásquez, en Sucre de Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela.

La víctima, de apellidos Vásquez Torres, trabajaba en el negocio junto con su padre. Según la información preliminar, dos hombres en motocicleta llegaron al establecimiento para asaltarlos y robarles ₡5 millones.

El joven intentó defenderse, pero los sujetos le dispararon en varias ocasiones. El hombre murió en el sitio.

Durante la huida, el padre de la víctima persiguió a los sospechosos. Uno de ellos también le disparó y lo hirió. El hombre sobrevivió y fue trasladado al Hospital San Carlos.

Cinco allanamientos y cuatro detenidos

Los operativos de este jueves incluyeron cuatro puntos en Ciudad Quesada y uno en San Isidro de Alajuela.

Entre los detenidos figura el presunto gatillero, quien tenía 17 años el día del crimen y actualmente ya cumplió la mayoría de edad.

Las autoridades mantienen pendiente la captura de un quinto sospechoso, vinculado con un inmueble en Alajuela.

La investigación busca esclarecer la participación de cada uno de los sospechosos en el asalto y homicidio del joven.

"Esta actitud va en contra de mis valores y principios", aseveró Mora, al mismo tiempo que agregó que todo ocurrió en un contexto de mucha tensión en la sesión solemne este miércoles en Puntarenas.

Las disculpas públicas las hizo en un video en sus redes sociales.

En su mensaje, Mora abogó por construir puentes para seguir "trabajando por el desarrollo de la provincia".

Arroz, frijoles, picadillo, ensalada y una fuente de proteína han formado parte, durante generaciones, de la alimentación de los costarricenses.

Pero los hábitos han cambiado y la alimentación actual representa uno de los retos de salud que señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el organismo, 27% de la población costarricense reportó haber consumido refrigerios salados ultraprocesados, el tercer porcentaje más alto entre 13 países de la región analizados.

Además, 51% de los adultos en Costa Rica no realiza suficiente actividad física, frente a un promedio de 30% entre los países de la OCDE.

El reto está en fortalecer la prevención y promover hábitos que ayuden a reducir los factores de riesgo asociados con enfermedades crónicas.

“Obviamente nosotros ya habíamos monitoreado, son varios los viajes, no me acuerdo en este momento cuántos, pero la policía rápidamente determina en su análisis, el Organismo de Investigación Judicial, que aquí ya hay factores que nos hacen sospechar como probabilidad de que el sujeto se va a quedar más tiempo en Colombia”, comentó Mauricio Boraschi, Fiscal Adjunto.

El 31 de enero anterior, alias “Gemelo” fue blanco de un ataque armado mientras viajaba en un vehículo junto a una mujer. De acuerdo con la investigación, sicarios dispararon contra el automóvil, provocándole heridas de gravedad.

A pesar de las lesiones, el sospechoso logró conducir hasta el Hospital Calderón Guardia, donde tanto él como su acompañante recibieron atención médica.

Ahora, alias “Gemelo” y varios presuntos integrantes de esta banda fueron detenidos durante operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El Ministerio Público informó que ya indagó a los detenidos, quienes permanecen a la espera de la audiencia en la que se definirán las medidas cautelares.

La Defensa Pública informó en un comunicado que formuló un amparo contra la cartera, luego de una publicación realizada el martes que se tituló "Los Jachudos van directo al CACCO (Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado)".

Al recurso —según la nota de prensa— se le asignó el expediente 26-036382-0007-CO.

La institución explicó que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, interpuso la gestión con el objetivo de hacer una "tutela efectiva" de los derechos de los privados de libertad que, a su criterio, pueden verse comprometidos por las actuaciones del jerarca, difundidas a modo de anuncio.

El comunicado apunta que la Defensa Pública debe procurar que se garantice el acceso a la justicia y que se vele porque los reclusos sean tratados con respeto a su dignidad, integridad y demás garantías fundamentales, conforme lo establecen la Constitución Política, las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La nota de prensa reconoce que la seguridad y la disciplina resultan "esenciales" para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; sin embargo, resalta que estas deben desarrollarse dentro del Estado de Derecho.

Sobre el particular, Teletica tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

Previamente, la Defensoría de los Habitantes también condenó lo visto en el video. Al respecto, Justicia emitió un comunicado en el que señaló que el jerarca de la cartera le agradecía a la defensora de los habitantes estar pendiente de su trabajo pero que su criterio no le es vinculante.

El residencial La Bendición, ubicado en Barranca, ya fue entregado. 

Este proyecto de vivienda social costó más de ₡6.100 millones y dará techo a 660 personas.

Alba Castro, una de las beneficiarias, expresó:

"Sueñen, que sueñen en grande, y que pongan el granito de arena, y que tengan fe, tengan fe, que todo lo que desde corazón se hace, Dios se lo cumple".

El nuevo barrio tiene calles asfaltadas, aceras, desagües, parques y juegos infantiles, agua potable, electricidad y tanques sépticos mejorados.

El proyecto fue financiado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

El anuncio fue hecho por el organismo multilateral la mañana de este miércoles en medio de la sesión solemne del Consejo de Gobierno que realizó la presidenta Laura Fernández en una gira por el 170 aniversario de la Campaña Nacional de 1856-1857.

“Estamos haciendo una donación de $1,6 millones para los primeros estudios para que el tren vuelva a Puntarenas y que la actividad económica llegue a sus bolsillos”, precisó el director de Costa Rica ante el BCIE, Erwen Masís.

La cooperación técnica irá a las arcas del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), encargados de analizar la posibilidad de conectar Alajuela con Puntarenas por vía férrea, en una línea que también tendría que pasar por el puerto de Caldera.

“Los resultados permitirán analizar la viabilidad técnica, económica, financiera, ambiental, social y legal del proyecto, así como definir las condiciones necesarias para su eventual diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento. El análisis comprenderá los sectores de Alajuela, Ciruelas y El Coyol, así como los cantones de Esparza, donde se ubica el puerto de Caldera, y Puntarenas”, añadió el organismo internacional en un comunicado posterior.

Actualmente, el proyecto se encuentra presentado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en etapa de perfil.

Las etapas de prefactibilidad y factibilidad son necesarias para contar con los estudios que sustenten las decisiones sobre el desarrollo y eventual ejecución del proyecto.

El histórico ferrocarril al Pacífico detuvo sus operaciones de manera oficial en 1995, debido a la fuerte crisis económica que enfrentaba en aquel entonces el Incofer.

​

Así lo anunció este miércoles la presidenta Laura Fernández durante una sesión solemne del Consejo de Gobierno, celebrada en Puntarenas en el marco de actividades oficiales por el 170 aniversario de la Campaña Nacional de 1856-1857.

"La veda que ustedes dan, que ustedes respetan, es un servicio ecosistémico y por eso lo vamos a empezar a pagar como lo que es, un servicio ecosistémico que se los va a depositar el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), porque una cosa es un servicio ecosistémico y otra muy diferente es una ayuda social de Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

"Por eso ustedes van a recibir, los pescadores sujetos a veda, el pago por servicios ambientales que le dan a esta patria", indicó la mandataria.

De seguido, la gobernante pasó a una mesa junto a su ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro, para firmar un decreto titulado Reglamento para el reconocimiento por servicios ecosistémicos marino-costeros por el no aprovechamiento del recurso marino en épocas de veda en el Golfo de Nicoya.

Teletica solicitó una copia del documento a la oficina de prensa de la Casa Presidencial, sin que la misma haya sido suministrada. También se buscó el mismo en el diario oficial La Gaceta, pero el alcance respectivo no había sido publicado. De manera que no fue posible conocer a detalle cómo funcionarán las citadas compensaciones.

La Ley Forestal define los servicios ambientales como aquellos que brindan el bosque y las plantaciones forestales que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente (incluido el resguardo del agua, de los ecosistemas, así como de la biodiversidad para su conservación y su uso sostenible).

La grabación, compartida por el propio despacho de Lobo, muestra a Mora silbando en medio de un bullicio, mientras su compañera de bancada, María Isabel Camareno, se ríe. Al percatarse de que es grabado, el legislador deja de chiflar.

El hecho fue parte de los bochornosos actos que marcaron la sesión del Plenario en Puntarenas, esto en el marco de los tradicionales homenajes del 30 de setiembre.

La sesión, que se vio interrumpida por los gritos e insultos de decenas de simpatizantes de Pueblo Soberano que se dieron cita en el lugar contra los diputados de oposición, requirió incluso la presencia de Fuerza Pública para resguardar el orden en el sitio y la seguridad de los legisladores.

Consultada, Lobo compartió a la prensa un video en el que dice que "no le extraña" la actitud de Mora, pero sí le sorprende su "cobardía" por taparse la boca mientras le chiflaba. 

Teletica mantiene en trámite una consulta ante el equipo de prensa de la fracción de Pueblo Soberano por una reacción de Mora.

​

Así lo hizo ver el presidente ejecutivo de la entidad, Wágner Quesada, durante la sesión solemne del Consejo de Gobierno celebrada en Puntarenas, en el marco de actividades oficiales por el 170 aniversario de la Campaña Nacional de 1856-1857.

"Esperamos en diciembre próximo, señora presidenta (Laura Fernández), que usted firme el nuevo contrato de concesión y, a partir de setiembre del año entrante, comiencen las obras de infraestructura en dicho puerto", indicó el jerarca en el acto.

Quesada recordó que el proyecto fue adjudicado al consorcio Sunset, conformado por las empresas HGT Inversiones y APM Terminals; acto que quedó en firme en la vía administrativa el 8 de julio pasado, cuando la Contraloría General de la República (CGR) rechazó los recursos presentados por otros concursantes en la licitación 2024-LY-CAL-000001-INCOP.

Sin embargo, el presidente ejecutivo omitió hacer algún tipo de comentario respecto a una medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que, según lo dio a conocer el 17 de setiembre anterior el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, obligó a frenar las negociaciones con el adjudicatario.

"El proyecto, como saben, ya se encuentra adjudicado y estamos avanzando en la preparación del próximo contrato de concesión con el consorcio Sunset. Esto va a traer una transformación radical del puerto actual de Caldera y va a beneficiar a todos los cantones alrededor de esta instalación, generando nuevas oportunidades de negocio y una ampliación en la dinámica de logística, no solo para Puntarenas, sino para todo el país", afirmó el jerarca.

La concesión es por 30 años y una suma de $600 millones.

Esta ampliación incluye la construcción de nuevos muelles con mayor profundidad de atraque, así como la ejecución de dragados de capital y mantenimiento por el tiempo que se extienda el contrato.

Asimismo, se contempla el agrandamiento de los patios y zonas de almacenamiento, la modernización de equipos y tecnología, más accesos terrestres y servicios logísticos, así como una nueva plataforma digital de trazabilidad y control de mercancías.

Según el reporte preliminar del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA), el movimiento tuvo una magnitud de 5,0 y su epicentro se registró 79.2 km al Suroeste de Frijolar de Santa Cruz de Guanacaste.

El sismo tuvo además una profundidad de 10 kilómetros, según el reporte.

Usuarios reportaron el movimiento leve en diferentes puntos del país como Heredia centro, Tibás, Desamparados, Liberia y Alajuela.

Así consta en la propuesta de acuerdos analizada y firmada durante la sesión de la Junta Directiva de la CCSS, realizada de manera virtual este martes 29 de setiembre.

Durante la sesión también se detallaron las carencias identificadas en el Sistema Integrado de Gestión de Personas y las acciones que se deben implementar para atender las afectaciones que enfrentan los funcionarios.

Uno de los datos que llama la atención es que las cifras identificadas en estos análisis no coinciden con algunos de los números brindados por la institución tras la huelga.

Por ejemplo, en una evaluación correspondiente al periodo entre el 11 y el 24 de julio, ya se contabilizaban casos de funcionarios sin salario, diferencias salariales, problemas con nombramientos e incidencias relacionadas con sustituciones.

En ese periodo se registraron 4.106 incidencias distribuidas en 24 componentes salariales.

Los análisis también identificaron 1.600 documentos sin trámite, 808 funcionarios con problemas de pago en el Hospital México, 250 casos de cubre libres en el Calderón Guardia y 250 movimientos pendientes de cancelarse en el Hospital San Juan de Dios.

Actualmente, la CCSS se apoya en otros sistemas para efectuar los pagos necesarios y mantiene equipos técnicos designados y desplegados en diferentes centros de salud para atender las carencias identificadas.

Además, la institución continúa con el análisis del SIPE y mantiene la fecha de pago para estos funcionarios durante los primeros días de octubre.

Geely Costa Rica recibió recientemente la visita de Bryan Wu, vicepresidente de Geely Auto International Corporation, como parte del seguimiento a los planes de crecimiento y fortalecimiento de la marca en el mercado costarricense.

Durante su visita, se realizó un recorrido por las operaciones locales y se revisaron diferentes áreas estratégicas para el desarrollo de Geely en el país, incluyendo la experiencia en los puntos de venta, la presencia de marca, el portafolio de vehículos y los próximos pasos de la compañía en Costa Rica.

Uno de los principales temas abordados fue la evolución del portafolio de Geely, que continuará incorporando nuevas tecnologías y alternativas de movilidad para responder a las necesidades del consumidor costarricense. La marca incorporará al país los modelos: Cityray, Starray FL y el M9, además de la estrategia de la compañía alrededor de nuevas soluciones híbridas con el modelo EX5 EM-R.

La visita también permitió reforzar la importancia de mantener una comunicación cercana con los clientes y continuar apoyando el desarrollo de la operación local, alineando la estrategia de Geely Costa Rica con la visión global de la compañía.

“Continuaremos escuchando a nuestros clientes y apoyando a nuestro distribuidor local Veinsa Motors, convirtiendo nuestras capacidades globales en productos y experiencias que respondan a las necesidades de cada mercado”, destacó Mr. Bryan durante su visita.

Asimismo, el representante agradeció el crecimiento constante en ventas de los últimos años realizado por el equipo de Geely Costa Rica, reconociendo los esfuerzos que han permitido fortalecer la presencia y posicionamiento de la marca en el país.

La visita forma parte del compromiso de Geely de continuar desarrollando el mercado costarricense y de acercar al país nuevas tecnologías, productos y experiencias, respaldadas por la capacidad global de la compañía.

Desde 2023, el vivero forestal del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal ha producido 3.367 árboles forestales y frutales de especies nativas, destinados a proyectos de restauración ecológica y conservación del bosque tropical seco costero. 

Durante 2026, estas acciones se han fortalecido mediante la recolección de semillas, la producción de plantas y la donación de árboles, como parte de los esfuerzos para conservar cerca de 40 hectáreas de bosque y manglar en Cabo Velas, Guanacaste.

La conservación también se promueve junto a las comunidades mediante Simbiosis, el programa de educación ambiental de Reserva Conchal, que desde 2017 ha involucrado a más de 4.000 estudiantes en actividades sobre biodiversidad, manglares, reforestación y especies nativas.

El refugio fue creado el 18 de septiembre de 2009 para proteger una muestra representativa de uno de los ecosistemas más amenazados del país y forma parte del Corredor Biológico Marino Costero Baulas-Conchal. La recuperación de la flora permite fortalecer los hábitats de especies como monos congos, venados cola blanca, aves, reptiles y pequeños mamíferos.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así terminó una riña entre dos mujeres, luego de que una de estas, de apellido Pineda y de nacionalidad nicaragüense, atacó a otra de apellido Gómez, quien habría discutido con ella.   

En algún momento, y por situaciones que aún se investigan, Pineda sacó un machete y atacó a la adulta, provocándole graves heridas al punto de tener que ser trasladada al hospital Max Peralta de Cartago. 

El ataque ocurrió en horas de la tarde de este martes 29 de setiembre. 

Por su parte, la atacante fue detenida por la Fuerza Pública por delito de tentativa de homicidio e irá al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Uno de ellos sería Esparza; sin embargo, esta sede también enfrenta importantes limitaciones para mantener su operación.

Los problemas de infraestructura son evidentes: hay huecos en el techo y el segundo piso ni siquiera cuenta con cielorraso.

El calor en esta área es tal, que los cruzrojistas no pueden permanecer allí durante largos periodos.

El edificio tiene 63 años y su sistema eléctrico necesita un cambio completo.

Pero el deterioro no es el único desafío.

El Comité de Cruz Roja de Esparza atiende, en promedio, 15 incidentes cada día. En lo que va del año, ya suma cerca de 3.600 emergencias, entre urgencias médicas, casos traumáticos y accidentes de tránsito.

Todo esto en una zona de cobertura que se extiende desde Caldera hasta Peñas Blancas.

Actualmente, esta extensa área cuenta con una sola ambulancia operativa. Lo ideal sería disponer de dos, pero no existen recursos suficientes para aumentar los salarios, contratar personal, comprar combustible y mantener la operación.

Y ahí surge uno de los principales riesgos: si Orotina deja de operar, Esparza tendría que atender una mayor demanda cuando ya funciona con recursos limitados.

El eventual cierre de un comité podría aumentar la presión sobre otro que también enfrenta dificultades para responder a las emergencias de una extensa zona.

@telenoticiascr7

Cruz Roja de Esparza atiende 15 emergencias por día con una sola ambulancia. Más información en Teletica.com. 📲

♬ sonido original - Telenoticias

La medida cautelar fue confirmada por la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia e incluye a cuatro hijos del sujeto al que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acusa de tráfico internacional de drogas.

Entre los imputados que permanecerán privados de libertad están los de apellidos León, Sojo, Corrales, Romero (mujer), Coto, Botti, Botti, Ardón (mujer), Marín, Martínez, Kelly (mujer), Mc Lean, Pizarro, Slack, Collado, Vaz, Gordon (mujer), López, Segura, Scoby, Córdoba, Wray (mujer), Marchena, López (mujer), Cámeron, López, López, Calero, López (mujer), Angulo (mujer), Lara, Mena, Pinnock, Spencer, Gutrie, Weir y Weir.

La prisión preventiva se mantendrá hasta al menos el 23 de junio de 2027, que es cuando se cumplirá un año de los históricos operativos del caso policialmente denominado "Riverside", que permitió la desarticulación de la organización que lideró "Pecho de Rata".

Otros 17 sospechosos, en cambio, descontarán medidas cautelares alternativas. Estos son de apellidos Maxwell (mujer), Talavera, Sánchez, Campos (mujer), Cuendis (mujer), Castillo (mujer), Sánchez, Prendergast, Villalobos, Minat (mujer), Jerez (mujer), Wray, Wray, Arroyo (mujer), Gutiérrez (mujer), Arroyo (mujer) y Vaz (mujer).

Mientras servía bebidas junto a otras personas, identificada con un carné que la acredita como funcionaria del Congreso, una mujer que dijo ser parte de la oficina de Esquivel explicó ante consulta de Telenoticias que los frescos eran "lo mínimo en ese calor", antes de asegurar que las bebidas habían sido pagadas con recursos de la legisladora.

"De la diputada Ana Ruth de Puntarenas. La representante de todos los pescadores y todo el sector", indicó.

Sin embargo, Esquivel, en presencia de su subalterna, contradijo lo indicado y aclaró que las bebidas y la alimentación en realidad habían sido adquiridas por "pescadores" organizados que acudieron a la Casa de la Cultura para el acto.

"Ella (la funcionaria de su despacho) no puede comentar. No están dando refrescos. Los refrescos son de los pescadores porque ellos se organizan con refrescos, con alimentación... ¡los pescadores!", aclaró la diputada al ser abordada por este medio.

La repartición de las bebidas se hizo entre las decenas de asistentes que quedaron fuera del auditorio en el que sesionó el Plenario, en medio de gritos e insultos.

Tanto los diputados como la presidenta Laura Fernández y su gabinete están en Puntarenas en el marco de actividades oficiales por el 170 aniversario de la Campaña Nacional de 1856-1857, las cuales incluyen honras fúnebres en memoria del expresidente Juan Rafael Mora, así como los generales José María Cañas y José Joaquín Mora.

La decisión, según justificó la máxima autoridad electoral, responde a la prohibición que la propia Constitución Política establece en su artículo 105, que indica que “El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a (…) pensiones”.

“Ello impide a la Magistratura electoral autorizar procesos de recolección de firmas para someter a consulta popular proyectos de ley sobre esa materia, como reiteradamente lo ha resuelto el TSE”, justificó el Tribunal.

La solicitud, que fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en agosto anterior, planteaba que fuera esa iniciativa ciudadana la que decidiera sobre la discutida posibilidad de devolverles a los trabajadores los recursos ahorrados en el régimen una vez que se pensionaran.

La propuesta, que también se discute en la Asamblea Legislativa, sigue sin encontrar la voluntad política necesaria para aprobarse, a pesar de que bancadas como el PLN o el Frente Amplio han presionado por la entrega de esos recursos.

En el video titulado “Los jachudos van directo al CACCO”, se observa al ministro Aguilar durante una visita este martes a la cárcel ubicada en El Roble de Puntarenas para una inspección.

En la grabación, se ve al jerarca increpando a los privados de libertad y amenazándolos con trasladarlos a máxima contención.

La Defensoría de los Habitantes mostró su preocupación ante esos actos.

“En dicho video, se aprecia al jerarca de la cartera incurriendo en conductas verbales violentas y vejaciones hacia personas privadas de libertad, ordenando su traslado inmediato al Circuito de Alta Contención del Sistema Penitenciario Nacional, para, posteriormente, ser ubicados en el CACCO, prescindiendo, de manera flagrante, de los procedimientos técnicos y normativos vigentes emitidos por el propio Ministerio de Justicia”, condenó la defensoría. 

Además, aseguran que los “actos registrados en el video de referencia, que incluyen gritos, humillación pública, la colocación forzada de personas privadas de libertad en el suelo y la clasificación estigmatizante mediante el uso de vocabulario denigrante, constituyen una vulneración directa a la dignidad humana de estas personas". 

También eleva su preocupación, pues aseguran que la reubicación de personas en máxima seguridad no puede responder al arbitrio o al impulso de una autoridad política.

Ante esta posición, el Ministerio de Justicia y Paz emitió un escueto pronunciamiento del ministro Aguilar. 

“Ante una posición oficial que ha expresado la Defensoría de los Habitantes, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, le agradece a la señora defensora por estar pendiente de su trabajo, pero su criterio no le es vinculante”, indicaron. 

La Defensoría también instó al ministerio a no seguir “estas prácticas de exposición pública y hostigamiento hacia las personas privadas de libertad”.

Los disturbios llegaron al punto que, menos de una hora después de haber arrancado el encuentro en el auditorio de la Casa de la Cultura, la sesión tuvo que interrumpirse en medio de reclamos de la oposición por el desorden en el recinto, ante cánticos de "fuera Claudia (Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana - CAC)" y "fuera Abril (Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana - PUSC)".

El punto de ruptura fue cuando el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, se acercó a la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, para hacerle ver que no era posible continuar con el ambiente que imperaba con los asistentes.

"A nosotros nos parece muy importante que haya esta apertura de tener a las personas de Puntarenas participando de una sesión abierta, pero lo que nos parece importante es que haya respeto para que se pueda establecer un diálogo y para que las personas puedan escuchar los mensajes de las diputaciones. De eso se trata este ejercicio", hizo ver el vocero verdiblanco.

De inmediato, el diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Wilson Jiménez, se acercó e increpó a Ramírez.

"En Nicoya nos gritaban y no decían nada. Aquí son menos y ahí sí tienen miedo. ¿Por qué no dejan que el pueblo se exprese? Es un recinto abierto. Les estoy diciendo a ellos que dejen que el pueblo se exprese también, el pueblo tiene derecho a expresarse. ¿O es que estamos en una dictadura? Los tienen que escuchar. Hay que ser consecuentes", señaló el legislador de la agrupación en el poder.

Poco después, Britton ordenó desalojar del auditorio a la prensa que da cobertura a la sesión y que se le situara en el espacio que originalmente se había asignado para dar seguimiento.

En los alrededores del lugar, un equipo de Telenoticias pudo constatar la repartición de comida y refrescos entre los asistentes a la sesión abierta.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 10:56 p. m. y varias unidades de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender a las víctimas.

Al llegar, los cruzrojistas localizaron a ambas personas en vía pública y con múltiples impactos de bala. Tras la valoración, confirmaron que las dos habían muerto en el lugar.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la balacera, así como el móvil del ataque.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias que rodearon el doble homicidio.

El incidente ocurrió minutos antes de las 5 a. m. justo al frente del liceo de la localidad y, según las versiones preliminares, el autobús que viajaba de sentido sur a norte, colisionó de frente con la motocicleta que transportaba a las dos personas. 

Al llegar al lugar, Cruz Roja atendió a dos pacientes adultos; uno es trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios y el segundo murió en el lugar.

La persona fallecida era el chofer de la moto, que fue identificado como un hombre entre 20 y 30 años de apellido Sequeira; mientras que su acompañante de apellido Ortiz fue trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios. 

La Fuerza Pública se encuentra en la escena a la espera de que lleguen los oficiales de la OIJ para esclarecer el caso y hacer el levantamiento del cuerpo. 

Se les pide a los conductores tener paciencia si circulan por esta zona o bien utilizar vías alternas. 

De acuerdo con el reporte de emergencia, el incidente ocurrió en el séptimo piso de la Torre Este del centro médico, donde se registró un derrame de aproximadamente dos metros cuadrados de una sustancia corrosiva.

Las unidades especializadas de Bomberos atendieron la situación y ejecutaron labores de contención para evitar mayores riesgos dentro del hospital.

Asimismo, trascendió que al menos dos personas resultaron afectadas por la emergencia y fueron valoradas y atendidas por personal médico del hospital.

Tras la intervención de los cuerpos de emergencia, la situación quedó bajo control y no se reportaron incidentes adicionales relacionados con el derrame.

También le hallaron una caja con 51 municiones calibre .22, un arma de fuego cargada con nueve municiones en el cilindro, un proyectil calibre 5.56 milímetros y un pasamontañas.

El detenido quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.

El socavamiento afectó uno de los carriles, por lo que el paso permanece cerrado para todo tipo de vehículos.

Los trabajos para rehabilitar la vía comenzarán este miércoles y podrían extenderse por aproximadamente un mes.

Mientras se realizan las obras, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas.

Solo durante los primeros siete meses de 2026, el INS atendió 433 casos relacionados con enfermedades cardíacas, un promedio de dos atenciones por día.

Por eso, las autoridades insisten en la importancia de prevenir y controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y el tabaquismo.

Como parte de una estrategia aplicada en 15 áreas de salud modelo, la CCSS reportó más de 1.500 nuevos diagnósticos de hipertensión, diabetes o ambas condiciones, además de más de 1.100 personas que retomaron sus controles médicos.

Los controles médicos, la actividad física, una alimentación saludable y evitar el tabaco son algunas de las medidas recomendadas para proteger la salud cardiovascular.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los detenidos estarían vinculados con disputas entre grupos criminales y otros hechos violentos ocurridos en la zona.

Entre los sospechosos figuran un menor de edad y una mujer que portaba una tobillera electrónica. Según las autoridades, esta última ya había sido relacionada con otra investigación policial desarrollada en 2023.

“Es un fenómeno que nosotros hemos venido observando en los últimos 10 o 15 años, donde muchas de estas personas que se involucran en estas actividades criminales son menores de edad. Porque son personas más fáciles de disuadir y hay un fenómeno también importante que es la necesidad de adquirir ciertos bienes sin mucho esfuerzo. Esos son factores que se han presentado”, comentó Nelson Barquero, viceministro de Seguridad Pública.

Barquero añadió que el promedio de edad de las personas detenidas oscila entre los 20 y los 25 años.

La investigación se extendió durante varios meses y permitió identificar a los presuntos integrantes de estos grupos, conformados en su mayoría por jóvenes. Según las autoridades, las disputas por el control de la venta de drogas habrían provocado robos, balaceras, agresiones con armas y disturbios en la comunidad.

“Este trabajo tiene como propósito desarticular las bandas criminales que han estado operando en este barrio, amenazando y extorsionando a vecinos, además de dedicarse al narcomenudeo”, agregó el ministro de Seguridad Pública.

Las autoridades también señalaron que los sospechosos habrían aprovechado la cercanía de centros educativos para comercializar drogas.

Los 13 detenidos quedaron a la espera de que el Juzgado Penal correspondiente determine las medidas cautelares que se les impondrán.

Entre las reducciones más significativas se encuentran ₡13 mil millones al Poder Judicial, ₡12.900 millones al Ministerio de Seguridad Pública y ₡8.900 millones al Ministerio de Educación Pública.

Los ajustes responden a una solicitud de Hacienda para que las entidades revisaran sus partidas presupuestarias ante la caída de los ingresos del Estado y la situación fiscal del país.

El expediente será analizado ahora por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, donde los diputados deberán discutir y aprobar los cambios planteados por el Gobierno.

La iniciativa busca garantizar que la institución pueda recibir los fondos establecidos por ley y mantener sus servicios de atención de emergencias.

La propuesta surge en medio de la crisis financiera que enfrenta la institución benemérita, que ya cerró dos comités en Heredia y advierte sobre el riesgo de cierre de otros 66 en el país.

La Cruz Roja requiere cerca de ₡30 mil millones al año para operar y reportó un faltante de ₡943 millones a julio de este año.

Alrededor de 100 pacientes de la región Chorotega son trasladados diariamente al antiguo hospital para recibir atención en servicios como ortopedia, odontología y clínica de mama.

En Sarchí, la institución plantea avanzar en la adquisición de un terreno donde pueda construirse una nueva infraestructura con el objetivo de atender la demanda de la población.

La propuesta forma parte de las acciones que se analizan para responder al crecimiento de las necesidades de atención en esta comunidad.

En Grecia, otra de las alternativas planteadas consiste en implementar un hospital de día para descongestionar el servicio de Emergencias del Hospital San Francisco de Asís.

De esta manera, las autoridades de salud plantean distintas soluciones según las necesidades de cada comunidad: aprovechar infraestructura existente en Puntarenas, avanzar con una nueva instalación en Sarchí y crear un hospital de día en Grecia.

Actualmente, la sede opera con una sola ambulancia y cuatro funcionarios distribuidos entre los turnos diurno y nocturno.

Varias unidades están fuera de servicio después de sufrir accidentes y, aunque alguna podría volver a la calle, no hay suficientes paramédicos para operarlas.

Todo esto ocurre en un comité que atiende, en promedio, 17 emergencias cada día.

Muchas corresponden a colisiones, debido a la amplia zona que tiene bajo su cobertura.

El comité atiende emergencias en la Ruta 27, la Ruta 1, específicamente en el sector del Monte del Aguacate, donde son frecuentes los vuelcos y derrapes, y parte de la Ruta 34.

Una extensa zona que actualmente depende prácticamente de una sola ambulancia.

En cuanto a la infraestructura, la parte externa del edificio se mantiene en buenas condiciones; sin embargo, el sistema eléctrico representa una preocupación para quienes trabajan en el lugar.

Uno de los aires acondicionados incluso se incendió debido a problemas relacionados con el tendido eléctrico.

A esto se suma la situación económica.

El convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social por traslados programados, uno de los principales ingresos del comité, ya terminó.

Ahora, la advertencia es que los recursos disponibles permitirían mantener la operación únicamente durante tres meses más.

Si el comité cierra, el impacto alcanzaría a Orotina, San Mateo, Turrubares y Garabito: más de 35 mil personas.

Las sedes más cercanas están en Esparza y Atenas, pero los tiempos de respuesta desde esos puntos podrían llegar hasta una hora.

Para quienes trabajan en Orotina, el llamado es a evitar que el cierre de una sede termine significando también mayores tiempos de espera para quienes necesitan atención de emergencia.

@telenoticiascr7

Una sola ambulancia y cuatro funcionarios: la crítica situación de la Cruz Roja de Orotina. Más información en Teletica.com. 📲

♬ sonido original - Telenoticias

Lea también

Nacional

Cruz Roja alerta: cerrará casi la mitad de sus comités por falta de recursos

Institución advierte la disminución de sus ingresos y el cierre de 66 de sus 134 comités en todo el país debido a crisis financiera.

Según el informe del órgano contralor, entre 2022 y 2025 el ICT aumentó en 223% la inversión en mercadeo y publicidad, al pasar de $8,5 millones a $27,7 millones.

Sin embargo, la llegada de turistas creció 27%, al pasar de 2.1 millones a 2.6 millones de visitantes.

Uno de los principales indicadores señalados por la Contraloría es el costo de atracción por turista, que aumentó de $4 a $10 durante el periodo analizado.

Además, el retorno por cada dólar invertido en mercadeo disminuyó de 45 a 20 centavos.

La Contraloría también señaló que no encontró evidencia de una relación significativa entre el mayor gasto en publicidad del ICT y la llegada de visitantes.

El informe concluyó que los recursos destinados a mercadeo y publicidad no están generando los resultados económicos, sociales y ambientales esperados de manera eficiente y sostenida.

El órgano contralor también indicó que los mercados que recibieron campañas publicitarias no registraron un crecimiento estadísticamente superior al de los países que no fueron incluidos en estas acciones.

Por ello, la evidencia analizada no permite acreditar que el aumento del gasto se haya traducido en un crecimiento diferencial de los mercados que buscó atraer el instituto.

La Contraloría además señaló que los ingresos generados por los turistas extranjeros no crecieron al mismo ritmo que el gasto en publicidad y mercadeo internacional.

Otros hallazgos

En cuanto a la permanencia de los visitantes, la estancia promedio de los turistas extranjeros pasó de 13,5 noches a 10,3 noches entre 2022 y 2025.

El órgano contralor indicó que, aunque este y otros indicadores todavía presentan resultados positivos en términos absolutos, debe prestarse atención a la tendencia a la baja.

El informe también analizó el impacto del turismo en el desarrollo sostenible y señaló que los esfuerzos del ICT no se han traducido en un mayor impacto del turismo en el desarrollo sostenible del país.

La Contraloría identificó, además, limitaciones en el progreso social de algunas comunidades vinculadas con centros de desarrollo turístico y señaló que la participación del sector turístico en el empleo nacional se mantuvo entre 7,85% y 7,61% durante el periodo analizado.

En 2025, el sector registró 16.475 empleos menos que en 2024.

Según la Contraloría, estos resultados están relacionados, entre otros factores, con la ausencia de una política pública en turismo que articule la participación de los distintos actores y establezca roles y responsabilidades específicas.

El órgano contralor también señaló debilidades en la rectoría del ICT y en el seguimiento de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados.

El ICT, por su parte, informó que recibió el informe este lunes 28 de setiembre y que se encuentra analizándolo para implementar, dentro de sus facultades y en los plazos establecidos por la Contraloría, las recomendaciones que correspondan.

El Poder Judicial informó este martes que recibió un oficio del Ministerio de Hacienda, en el cual le ordena al presidente de la Corte, Orlando Aguirre, poner a disposición de la Tesorería Nacional dos cuentas que tiene el Poder Judicial en el Banco de Costa Rica.

 A esas cuentas ingresan los intereses que generan los recursos que hay en los depósitos judiciales. 

El mismo oficio le da cinco días para enviarle a la Tesorería Nacional el comprobante de que se hizo el cambio en la gestión de las cuentas.

Según comunicó la Corte, los intereses de esas cuentas son generados por depósitos judiciales relacionados con expropiaciones, pensiones alimentarias, fianzas, procesos sucesorios, entre otros, o sea que son depósitos de dineros que no son de ese Poder de la República, sino de la gente que tiene pendientes procesos.

 "Tal como lo ha señalado la Sala Constitucional, estos recursos pertenecen a las partes de los respectivos procesos judiciales, es decir, a las personas usuarias, de acuerdo con lo que determine la autoridad judicial en cada caso. 

"Una vez que existe una resolución judicial que autoriza la entrega, el dinero puede ser girado a la persona beneficiaria, conforme al procedimiento correspondiente. Ni los depósitos ni los intereses generados pertenecen al Poder Judicial", reza en un comunicado.

La Corte reiteró que no tiene potestad legal para disponer administrativamente de esos recursos, pues no son de su patrimonio, y agregó que están analizando el contenido del oficio emitido por Hacienda y las acciones a seguir. ​

Por primera vez en la historia, las votaciones para conocer al sustituto de Orlando Aguirre serán públicas. Es decir, el voto de cada magistrado se conocerá y quedará registrado. 

Este es uno de los cambios más relevantes respecto a procesos previos al 2022, año en el que se aprobó la reforma para eliminar el voto secreto. 

“Bueno, yo me postulé hace cuatro años y tuve un desgaste elevado porque fueron hasta cinco rondas de votación en cada una de ellas en un voto secreto. 

“El voto público permite saber cómo se está conformando la Corte, quiénes están de un lado, quiénes están en candidaturas individuales, quiénes pueden tener 2, 3, 5 o 7. Y entonces la negociación puede ser más fácil para saber si usted llegó a 10 o 11, a quién debe buscar para alcanzar los mínimos 12”, declaró el magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Salazar. 

Precisamente, Salazar estuvo a un solo voto de lograr la presidencia en 2022, pero luego se retiró en la ronda número 16 del proceso. 

Otra que estuvo muy cerca de llegar fue la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, quien aseguró que ahora el proceso será más preciso.

“Sí creo que es importante para que la población judicial y la ciudadanía sepan qué ideario están apoyando los magistrados. Cada uno de nosotros puede coincidir en alguno de los temas o tener discrepancias, así que el hecho de que sea pública de alguna manera deja ver cuál es el ideario o cómo se apoya a una u otra postulación”, destacó Solano.

Además, para la presidenta de la Sala Tercera habrá una mayor “transparencia”, pues hace cuatro años “algunas personas decían que estaban apoyando a ciertos magistrados, pero los números no daban, entonces ahí no hay manera de poder decir qué sí que apoyo y al final se vota por otra persona”.  

Un similar criterio tuvo la alta juez de la Sala Segunda, Julia Varela, quien también aplaudió esta novedad. 

“Ahora, dichosamente, contamos con un proceso por disposición, ya por ley; me siento satisfecha para que cada quien asuma la responsabilidad de su voto. Ayuda a la democracia en el Poder Judicial”, mencionó Varela. 

En la elección anterior, que se extendió desde agosto hasta setiembre del 2022, ya se había aprobado la ley que obligaba a que el voto fuera público, pero para ese momento dicha norma no estaba publicada y por eso se votó en secreto. 

​Actualmente, la elección se encuentra en proceso de recepción de candidaturas hasta el 12 de octubre. 

Posteriormente, el próximo 26 de octubre, se realizarán las primeras cinco rondas de votación a partir de los nombres postulados.

Desde el pasado 22 de abril y hasta el 15 de mayo de este 2026, el Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA) tomó el edificio a modo de protesta por la falta de acuerdos en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES 2027).

Según informó la UCR tras consulta de Teletica, los daños provocados y costos asociados ascienden a ₡42.465.854,02, esto luego de las inspecciones técnicas, levantamientos notariales y otras diligencias realizadas una vez recuperadas las instalaciones.

Pese al monto estimado, la universidad señala que no ha cobrado estos costos a personas determinadas, debido a que hasta ahora no ha sido posible establecer, con el sustento probatorio requerido, quién o quiénes realizaron cada una de las acciones que provocaron los daños o afectaciones.

Por estos hechos existen dos procesos penales en curso, en los cuales la universidad figura como ofendida. Ambos expedientes se siguen por el delito de daños agravados y se encuentran en etapa de investigación.

“En el marco de estas investigaciones, la Universidad ha puesto a disposición de las autoridades competentes la información, documentación y elementos probatorios recopilados y ha brindado la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos”, manifestó la institución académica.

Será el proceso judicial el que permita determinar las circunstancias de los hechos, individualizar las conductas y establecer las eventuales responsabilidades penales.

La UCR también señala que esto no significa que renuncie a reclamar el resarcimiento de los daños patrimoniales que sean acreditados, una vez que existan elementos suficientes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Tampoco hay sanciones disciplinarias 

En el ámbito interno, tampoco se han impuesto sanciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.

Según explicó la institución, aunque se pueda identificar a personas que participaron o permanecieron durante la ocupación, esto no permite atribuirles automáticamente la responsabilidad por daños, sustracciones u otras conductas específicas.

Por ello, hasta ahora no se cuenta con los elementos necesarios para formular imputaciones disciplinarias concretas.

“De obtenerse elementos suficientes para individualizar eventuales responsabilidades disciplinarias, corresponderá proceder conforme al régimen aplicable y ante los órganos universitarios competentes”, añadieron.

Los más de ₡42 millones contabilizados se dividen, de momento, en ₡19.828.792,45 corresponden a trabajos de reparación, limpieza, recuperación y mantenimiento correctivo de la infraestructura.

Otros ₡21.387.061,57 están relacionados con afectaciones y costos atendidos por la Sección de Seguridad y Tránsito, incluidos sistemas de seguridad y recursos extraordinarios requeridos durante la atención de la situación.

Además, la institución reportó ₡1.250.000 en bienes institucionales faltantes.

Tras esta toma de Rectoría, la UCR adoptó nuevas medidas de seguridad como fortalecimiento de la seguridad perimetral, controles de ingreso, recuperación y revisión de los sistemas de videovigilancia, así como control de acceso. 

Se trata de lo dicho por el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, en declaraciones al programa En Profundidad de Teletica.com la semana anterior, en las que aseguró tener reportes de que los centros de enseñanza superior no realizan, desde hace años, la retención del impuesto de renta que les corresponde, de manera que tampoco trasladan esos recursos al fisco.

En respuesta a una consulta de Teletica, el TEC aseguró que ha atendido los requerimientos de la autoridad fiscal, pero que desconocen los resultados de esa investigación.

“Sobre este tema, el TEC ha atendido todas las solicitudes de información del Ministerio de Hacienda, de forma transparente y responsable, como ha sido siempre nuestra gestión. Desconocemos los resultados de esta investigación, los cuales se atenderán en lo que corresponda en total apego a la ley”, aseveró el centro de estudios.

El rector de la UTN, William Rojas, aseveró a su vez que las retenciones en el impuesto de renta se aplican de manera automática en las planillas de la institución, por lo que no tienen ninguna notificación formal sobre esa materia.

Sin embargo, precisó que “existe la posibilidad de que el señalamiento se refiera a un concepto tributario distinto, como el de las remesas; sin embargo, en cuanto al impuesto sobre la renta salarial, la universidad cumple con sus obligaciones al día”.

Posteriormente, la universidad aclaró que en el tema de las remesas “hay una fiscalización en proceso por parte de la auditoría que ha venido solicitando información al respecto”.

Finalmente, la UNED aseguró que sería el Consejo Nacional de Rectores (Conare) el que emita un comunicado al respecto.

Consultado, el Conare confirmó que ese pronunciamiento ya está redactado y está en revisión del departamento jurídico antes de compartirlo a los rectores y posteriormente a la opinión pública.

El Banco Nacional, en alianza con Mastercard, presentan Día a Día, una nueva tarjeta de crédito diseñada para generar beneficios sobre gastos esenciales y recurrentes que ya forman parte del presupuesto de miles de familias costarricenses.

El BN también hace énfasis en el uso responsable del crédito, la planificación financiera y la capacidad de pago.

La tarjeta de crédito Día a Día puede solicitarse llamando al 2212-2000 o en cualquiera de las oficinas del Banco Nacional en todo el país.

En lo que va del año se han registrado 12 casos, principalmente en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Cañas, Naranjo y Upala. Los bovinos son la especie más afectada.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) hizo un llamado a la población para mantener al día la vacunación antirrábica de perros y gatos.

La recomendación es aplicar la vacuna una vez al año, de acuerdo con las indicaciones de profesionales en medicina veterinaria.

La rabia es una enfermedad viral que puede afectar tanto a las personas como a otros animales de sangre caliente. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es mortal.

El virus está presente en la saliva de animales infectados y puede transmitirse principalmente mediante mordeduras.

Para los legisladores, esa decisión constituye una desobediencia al voto 2026-13498, emitido el 30 de junio anterior por la propia Sala Constitucional, en el que se le ordenó a la Presidencia del Congreso someter a conocimiento del Plenario la lista de aspirantes a la mayor brevedad posible.

El proceso lo confirmó la mañana de este martes el jefe de la fracción del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, en una conferencia improvisada en las afueras del salón de sesiones del Plenario, tras una sesión en la que abruptamente se rompió el cuórum.

A la rueda de prensa asistieron además los voceros de las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Los opositores consideran, a su vez, que la moción aprobada momentos antes por la agrupación en el poder no alcanzó los votos necesarios para devolver el expediente en el que se tramita la nómina de suplentes a la Comisión Permanente Ordinaria de Nombramientos, como anunció la presidenta en ejercicio de la Asamblea, Esmeralda Britton. El bloque cree que, de esa forma, se violentó el reglamento legislativo.

Inicialmente, por acuerdo de fracciones y de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, la lista de postulantes debía someterse a votación este mismo martes. Esto, finalmente, no ocurrió, dada la gestión del diputado de Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.

El legislador considera que Britton cumplió con lo dispuesto en el citado fallo, pues llevó el tema al Plenario y este, mediante la moción por él presentada, acordó devolver el expediente a comisión para que ese órgano se encargue de consultar a los postulantes si, casi un año después, aún tienen interés de ser jueces suplentes. Luego se emitirá una nueva recomendación al pleno de congresistas.

Pero durante la sesión, antes de que se levantara en medio de gritos y señalamientos entre las partes, la diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román, señaló que la interpretación de Villalobos es errónea. De igual forma, la legisladora debatió la versión dada por el oficialista, respecto a que la Corte debe enviar un mínimo del doble de plazas vacantes en su nómina, pues sostiene que ello no está estipulado en ninguna ley.

"Se puede elegir, lo que pasa es que la fracción de Gobierno quiere seguir quitándole los derechos a la gente y que la Sala no pueda resolver los recursos de amparo que usted, costarricense, necesita para que le resuelvan los temas de atención en salud, en derecho ambiental, para defender su parque o su comunidad, y que no haya forma de que la Sala Constitucional pueda seguir trabajando. Es una orden lo que le dieron a esta Asamblea Legislativa que debería acatar", afirmó la congresista.

"¿Saben por qué, costarricenses? Porque ellos quieren nombrar solo a personas que ellos conozcan, que sean afines a su partido y que resuelvan como ellos quieren. Eso no se vale. Hay que elegir a las personas que venían en la lista. (...) Es evidente que aquí hay un interés oculto en juego cuando no se nombra de esas 18 personas a nadie, pero sí el Consejo de Gobierno coge a una de esas personas que estaba postulándose para la magistratura y la nombra en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Entonces no era que no le gustaban los nombres, porque para una cosa sí son buenos y para otras no", agregó.

De burlas y atropellos

En bloque, la oposición calificó el actuar del oficialismo de una ruptura del orden democrático.

La diputada de la Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, manifestó al respecto:

"Lo que pasó hoy, lo que hizo hoy Pueblo Soberano es atentar, en primer lugar, contra el orden constitucional costarricense; en segundo lugar, contra el Reglamento de la Asamblea Legislativa; en tercer lugar, rompieron un acuerdo que se tomó en jefaturas de fracción y un compromiso de la presidenta de la Asamblea Legislativa de entregarnos una ruta que la conversáramos y la aprobáramos entre todos. Nuevamente rompen los puentes de diálogo. Y están atropellando los derechos de los costarricenses más vulnerables, que son todas aquellas personas que acuden a la Sala Constitucional".

Complementariamente, la congresista de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, apuntó:

"La pregunta que tenemos que hacernos, costarricenses, es, si nosotros ya no queremos ser un Estado de Derecho, ¿qué vamos a ser? Cuando la fracción del partido de gobierno, esto quiere decir que hay una coordinación con el Poder Ejecutivo, dice 'no vamos a respetar la Constitución' —que todos aquí juramos respetar—, entonces, ¿qué sigue hoy en Costa Rica? Si no vamos a respetar las resoluciones de los tribunales, ¿qué sigue en Costa Rica? Si ya no vamos a respetar los reglamentos de la propia Asamblea Legislativa, ¿qué sigue en Costa Rica? ¿Qué sigue cuando un Estado decide que los tribunales y las leyes ya no se tienen que respetar? ¿Cómo entramos, la ciudadanía, en indefensión? ¿A quién se recurre? Si las resoluciones de un tribunal ya no tienen que respetarse por parte del Poder Ejecutivo y tampoco por su fracción aquí en la Asamblea Legislativa".

Por su parte, el jefe de la fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, calificó de "burla" el actuar de Pueblo Soberano, y la enmarcó en una "guerra" que el Poder Ejecutivo tiene con el Judicial.

Lo anterior, especialmente si se considera que la presidenta Laura Fernández calificó el fallo de la Sala Constitucional de un "golpe de Estado" del Judicial al Legislativo, pero ahora viene a defender que el mismo fallo vino a resolver —aunque sea de forma temporal— la paralización derivada del bloqueo a la designación de los magistrados suplentes.

​

Para hacer posible la aplicación de la prueba en esta comunidad indígena, fue necesario realizar una travesía que comenzó a las 3 a. m. del día 1 y terminó a las 9 p. m. del día 3. Esto incluye el traslado al lugar y el hospedaje. 

Para tener una idea de la dimensión de esta travesía, solo el recorrido desde las instalaciones en Cartago hasta el lugar de la aplicación requiere de un viaje de aproximadamente 18 horas.

Este traslado incluye un recorrido terrestre hasta Pavones, un viaje en lancha hasta Piedra del Barco y, posteriormente, el desplazamiento en mula hasta Alto Guaymí.

La movilización del funcionario encargado de aplicar el examen en esta comunidad tiene un costo de ₡1.006.501, monto que contempla alimentación y transporte terrestre, acuático y terrestre en la zona.

Este año, cinco estudiantes realizaron el examen de admisión en Alto Guaymí.

“Quiero agradecer al TEC porque realmente ha sido una de las únicas universidades que ha brindado un servicio directo a los estudiantes de venir hasta acá, de sacar el tiempo y todo para que los chicos puedan continuar sus estudios”, comentó Heber Guerra Vásquez, profesor de inglés y guía del Liceo de Alto Guaymí.

Un restaurante se convirtió en sala de examen

Las condiciones climáticas también obligaron al personal del TEC a buscar alternativas en otras zonas alejadas.

En Barra del Colorado, el colegio se inundó durante el fin de semana en que estaba prevista la aplicación de la prueba. Ante esta situación, el personal recurrió al centro turístico Brisas del Mar, que facilitó el restaurante del establecimiento para convertirlo temporalmente en una sala de aplicación.

“Tenemos el compromiso de venir año con año acá y viajar desde Cartago y hacer esta travesía para brindarles esa oportunidad de que sean la familia TEC”, señaló Arturo Gutiérrez, integrante del Comité Organizador del Examen de Admisión.

En total, 16.227 jóvenes realizaron este año el examen de admisión del TEC en 156 sedes distribuidas en diferentes regiones del país.

La aplicación se desarrolló en cuatro jornadas: tres durante agosto y una durante septiembre, esta última dirigida a personas que guardan el sábado por motivos religiosos o que contaban con apoyos educativos previamente aprobados.

De las 20.853 personas inscritas, 16.227 realizaron la prueba, lo que representa una asistencia del 77,82%.

Según informó la universidad, para llevar adelante el proceso se requirió que más de 500 funcionarios se trasladaran a las distintas regiones del país. 

La rivastigmina en parches se utiliza para el manejo sintomático de personas con enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia y fue incorporada recientemente a la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la institución.

Según la CCSS, mientras se completa el proceso de compra centralizada, cada centro de salud debe continuar realizando las gestiones locales para adquirir el medicamento de acuerdo con sus necesidades.

La institución indicó que, una vez que el producto ingrese al almacén central y complete las pruebas de control de calidad correspondientes, podrá iniciar su distribución mediante el mecanismo centralizado.

No obstante, la experiencia de algunas familias es distinta.

"El medicamento estaba agotado"

Karen Villavicencio, hija de uno de los pacientes que utiliza este tratamiento, relató que acudió al Hospital Blanco Cervantes para entregar la receta correspondiente a su papá.

Después de presentar la receta, asegura que recibió la noticia de que el medicamento estaba agotado.

"Fui a entregar la receta de los parches de mi papá, ese día me indican que el medicamento está agotado, entonces yo me asusto", relató.

Villavicencio explicó que desde entonces ha llamado de manera frecuente a la farmacia del centro médico para conocer cuándo volverá a estar disponible, pues desde agosto le dicen que en cualquier momento llegará.

"Prácticamente todas las semanas he llamado, especialmente lunes y martes", indicó.

La familiar aseguró que incluso este mismo martes recibió nuevamente la respuesta de que el medicamento estaba agotado y que no existía una fecha clara para su ingreso.

Ante la falta de disponibilidad en el centro médico, Villavicencio explicó que ha tenido que buscar el medicamento en farmacias privadas, donde, según indicó, el costo puede oscilar entre ₡40.000 y ₡70.000.

Uno de los principales retos, explicó, es encontrar el parche en la presentación de 9,5 mg, debido a que busca mantener la dosis prescrita para su papá.

"Tiene que ser el parche justo de 9.5 para no alterar la dosis. No pueden ser dos de 4.6, pues nos indicaron que no es recomendado hacer eso", comentó.

La familiar señaló que también ha tenido dificultades para encontrar esa presentación en farmacias privadas.

Para evitar quedarse sin tratamiento, aseguró que consiguió otra marca en una farmacia privada y adquirió dos cajas para cubrir los meses de septiembre y octubre.

¿Qué dice la CCSS?

De acuerdo con la información proporcionada por la CCSS a Teletica, los datos registrados en sus herramientas institucionales de consulta de existencias al 24 de setiembre de 2026 mostraban disponibilidad de rivastigmina en las diferentes presentaciones de parches en distintos establecimientos de la Red de Servicios de Salud.

La institución aclaró que la distribución y utilización de esas existencias depende de la gestión que realiza cada centro médico, de acuerdo con sus necesidades.

Incluso, según los datos suministrados, en el Blanco Cervantes se encontraban 420 de la dosis de 4,6 mg y 208 de la de 9,5 mg.

“El abastecimiento depende de la adquisición local realizada por los centros de salud, hasta que el medicamento ingrese al Almacén Central y se encuentre disponible para su distribución. Corresponde a cada establecimiento suplir el medicamento como históricamente lo han venido realizando”, mencionó la institución.

Cabe resaltar que, según la lista suministrada por la Caja, en ningún hospital había escasez de este medicamento.

Se trata de Ana María Picado, quien adujo que su designación concluyó el 16 de diciembre pasado y nunca se le pidió su parecer respecto a la posibilidad de mantenerse en el cargo mientras los diputados escogen a 12 nuevos suplentes.

"Considero que no estoy obligada a continuar trabajando como magistrada suplente porque mi nombramiento había terminado y no se me consultó si quiero seguir trabajando", comunicó la jurista al alto tribunal, de acuerdo con información proporcionada a Teletica por su ofoicina de prensa.

Producto de lo anterior, la Sala Constitucional solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia que excluya a Picado de los sorteos que se hagan a futuro, cuando alguno de los titulares se enferme o se tenga que separar de un expediente.

Este es el único caso que registra el Alto Tribunal —hasta ahora— de suplentes que se negaron a continuar durante el periodo excepcional derivado de la resolución 2026-13498, del 30 de julio pasado.

Sin embargo, el pasado 22 de setiembre, la Sala Constitucional no pudo sesionar porque el magistrado Paul Rueda se incapacitó por una situación médica.

Ante esa situación, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia efectuó los sorteos correspondientes para designar a un suplente.

Primero, un día antes, resultó seleccionado José Roberto Garita (sorteo 15.108), pero este no pudo aceptar el nombramiento por una sesión de trabajo como gestor contencioso administrativo y notarial.

El propio 22, Jorge Solano resultó electo (sorteo 15.109), pero este tampoco pudo integrar el Alto Tribunal por una diligencia en la que debía participar.

Posteriormente, el sustituto Hubert Fernández fue seleccionado en un tercer intento (sorteo 15.110), pero debía celebrar una audiencia.

Frente a ese escenario, la Sala Constitucional dejó sin efecto la votación que tenía programada para ese día y la trasladó para el 23 de setiembre, cuando Rueda se reincorporó.

Estaba previsto que este mismo martes el Congreso realizara un nuevo intento para elegir al menos uno de los magistrados suplentes; sin embargo, el oficialista Pueblo Soberano se volvió a negar a votar y dijo que solo lo hará una vez que la Corte envíe a la Asamblea Legislativa la lista completa de 24 postulantes. 

Hasta ahora, la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que goza de una mayoría de 31 legisladores, se ha negado a elegir sustitutos al aducir que no le gusta ninguno de los aspirantes incluidos en las listas remitidas por los magistrados, por lo que demanda que se le envíe una nueva nómina con más opciones para los cargos vacantes.

Esto a pesar de la resolución 2026-13498 que ordenaba a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, o a quien ocupara su lugar, someter a conocimiento del Plenario la nómina de candidatos a los cargos "a la mayor brevedad posible".

Con su mayoría, la fracción de la agrupación en el poder aprobó una moción para trasladar el expediente en el que se tramita la elección de los sustitutos a la Comisión Permanente Ordinaria de Nombramientos, promovida por el diputado José Miguel Villalobos.

La gestión tiene como objetivo que ese foro pueda determinar si los aspirantes mantienen interés en el cargo y, una vez que se tengan sus respuestas, las mismas se evalúen y se haga una recomendación al Plenario para que este finalmente vote.

"El voto de la Sala Constitucional dispone que la Asamblea conozca en la próxima oportunidad posible la nómina de candidatos. Ya usted (Esmeralda Britton, presidenta en ejercicio) lo puso en conocimiento. Ya cumplió con el voto de la Sala. La Sala inclusive, en la página 89-90 señala la posibilidad de que no exista garantía de que la Asamblea vaya a nombrar las magistraturas suplentes con la celeridad que la situación demanda y por eso prorrogó el nombramiento de los suplentes hasta que la Asamblea elija a los suplentes. Es decir, en este momento hay suplentes que pueden resolver cualquier demora. En ese sentido, ya no hay ningún riesgo de atraso en los expedientes. Hay suplentes designados, bien o mal, que verán quienes aceptan y quienes no, así que ya no hay demora.

"El problema que tenemos, y ese es el sentido de la moción, en la página 103 de la resolución dice la Sala Constitucional que atendiendo a que la nómina incluye a 18 personas, y corresponde la elección de 9, sin perjuicio que el número varíe por la disminución en caso de que alguna persona perdiera el interés en el cargo. Es decir, en este momento no sabemos si las 18 personas que habían remitido en octubre del 2025 mantienen su interés en el cargo", expuso Villalobos.

El legislador puntualizó, a modo de ejemplo, que uno de los aspirantes, Christian Campos, fue designado el 1.° de julio pasado en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) y, por consiguiente, tiene una incapacidad absoluta para fungir como juez sustituto.

Por su parte, la candidata Rosibel Jara renunció al concurso el 11 de junio anterior y, cuatro días después, dejó sin efecto aquella comunicación que había enviado por correo.

En el acto, el congresista anunció que el acuerdo de la bancada de la agrupación en el poder es no votar el tema hasta que la Corte Suprema de Justicia remita la nómina completa de aspirantes, pues hasta ahora solo han remitido 18 de los 24 candidatos.

"Si quieren hacer respetar la Constitución, respétenla primero, señores magistrados. Hay 12 vacantes; tienen que mandar 24 nombres. Mientras no existan 24 nombres, no se cumple el 164 de la Constitución ni el 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta fracción no va a votar ninguna nómina hasta que no esté completa la nómina. Y la nómina estará completa la otra semana, según han informado la Sala Constitucional y la Corte, que llegarán los nombres restantes. De aquí a esa fecha, la Comisión de Nombramientos deberá consultarles a los 18 cuáles realmente quieren permanecer", abonó Villalobos.

El compromiso del oficialismo es que, una vez que se tenga la lista de 24 aspirantes, se harán las 12 designaciones, sin que se devuelva de nuevo la nómina a los magistrados.

Contra la moción aprobada, la oposición presentó cinco gestiones de revisión, pero estas no alcanzaron a ser votadas, pues antes se levantó la sesión.