Proyecto de cáñamo y cannabis avanza con dudas sobre financiamiento y permisos de producción

El proyecto para la producción, venta y uso del cáñamo y el cannabis medicinal en Costa Rica avanza con dudas sobre sus fuentes de financiamiento y las licencias para su cultivo.

Los diputados de la comisión de ambiente analizaron esta mañana 20 de las 29 mociones de fondo que hasta ahora ha recibido el expediente 21.388.

De estas se aprobaron siete: la más relevante un cambio precisamente para abrir una limitación incluida en el texto dictaminado que permite que se otorguen licencias únicamente a organizaciones de productores agropecuarios.

La discusión en torno a ese artículo 12 es que la propuesta era demasiado restrictiva, pues dejaba por fuera otros sectores que también podrían verse beneficiados con la producción de ambos productos e incluso a extranjeros que puedan enriquecer la industria.

La preocupación de los legisladores era que esa limitante afectara el principal objetivo de la ley que es ayudar a pequeños productores que podrían encontrar en el cáñamo o el cannabis una urgida fuente de ingresos.

Paola Vega (PAC), señaló sin embargo que esa medida podría abrir un oligopolio como ha sucedido en otros países y restringir más bien el ingreso a pequeños productores al concentrar la industria grandes empresas que, por su capacidad económica, puedan abarcar el mercado de la producción.

La moción, si bien se aprobó, podría ser mejorada en el segundo día de discusión de las propuestas de fondo.

Otro cambio relativo es la eliminación que el texto original hacía al levantamiento del secreto bancario como una forma de garantizar la procedencia de los recursos detrás de los productores de cáñamo y cannabis, garantizando así su legitimidad.

Zoila Rosa Volio y José María Villalta señalaron que dejar ese requisito iba a complicar la aprobación del proyecto al necesitar de mayoría calificada (38 votos), por lo que propusieron que, en su lugar, sea el Instituto Costarricense sobre Drogas quien haga las verificaciones sobre el capital inversor.

También se aprobó una moción para aclarar que los permisos de cultivo se podrán renovar por periodos idénticos de seis años las veces que así se solicite.

Donde sí no hubo consenso fue en la tarifa de la ley, que actualmente establece un impuesto del 1% a estos productos y que se intentó sin éxito bajar a 0.5%.

La propuesta original era incluso de 5%, pero los diputados habían acordado que ese monto sería contrario al interés de promover la industria y favorecer a los pequeños productores.

Sin embargo, Villalta y Vega fueron enfáticos en que reducir a 0.5% el impuesto o bien eliminarlo de todo, como también se propuso, dejaría a la ley como un “cascarón” al eliminar su única fuente de financiamiento.

Vega aclaró que ese 1%, además, va dirigido al Ministerio de Seguridad Pública para el control de la industria, a darle fondos a Banco para el Desarrollo para la promoción del cultivo y para la compra de medicamentos relacionados al cannabis.

La moción, que finalmente fue rechazada, dio por concluida la sesión de este miércoles.