Proyecto busca poner límites a nombramientos de contralores
La iniciativa elimina la reelección “indefinida” que hoy permite la Constitución Política para contralores y subcontralores.
Una propuesta de ley pretende poner límites a los nombramientos de los contralores y subcontralores de la República.
La iniciativa, que impulsa buena parte de la fracción del PUSC junto a otros diputados, reforma la Constitución Política para, entre otras, eliminar la reelección “indefinida” que hoy se permite para los máximos jerarcas de la Contraloría General.
Puntualmente, la propuesta reforma el numeral 183 de la Carta Magna para precisar que ambos nombramientos se realizarán por espacio de cuatro años y no de ocho, como sucede en la actualidad.
El otro cambio importante es que ahora podrían ser reelectos por una única vez y no de manera indefinida, como está hoy permitido.
“Es una posición personal, no es un tema exclusivo de la contraloría. Considero que los puestos no pueden ser vitalicios, ya sea la Contraloría, defensor, magistrados, entre otros puestos.
“La concentración de poder no es sana y los cambios siempre refrescan las instituciones”, aseguró María Marta Carballo, jefa de fracción del PUSC y principal firma de la iniciativa.
La propuesta de ley, que apenas iniciará con su trámite, agrega además un transitorio para precisar que las personas que actualmente se desempeñan en ambos cargos, y ya han sido reelectas por al menos dos periodos consecutivos, deberán esperar un periodo para volver a ocupar ese cargo.
Mantiene, eso sí, que para la remoción del contralor y subcontralor, se requerirá de 38 votos del Congreso.
Esta reforma llega en medio del álgido pulso que el gobierno de Rodrigo Chaves mantiene contra la Contraloría General, y especialmente con la contralora Marta Acosta, por el contrapeso que esta realiza en contrataciones que el Ejecutivo impulsa, como la de Ciudad Gobierno.
El mandatario, además, ha criticado la permanencia de Acosta en ese cargo, quien fue electa en mayo de 2012 por ocho años y reelecta en 2020 por otro periodo idéntico.
De aprobarse esa reforma, la administradora deberá abandonar ese cargo en 2028.
Al tratarse de una reforma constitucional, se requerirá de la aprobación de los diputados en dos legislaturas distintas.
