Luis Guillermo Solís afrontará juicio por caso Bancrédito
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública acogió la solicitud planteada por el Ministerio Público contra el expresidente y cuatro altos cargos de su administración.
El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), deberá afrontar un juicio oral y público por presunta influencia contra la Hacienda Pública en el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Así lo confirmó el Ministerio Público en sus redes sociales este miércoles por la tarde, al mismo tiempo que señaló que cuatro exmiembros del gabinete de Solís también irán como acusados.
Se trata del exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas; la exviceministra de Egresos y extesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez; así como el subtesorero Mauricio Arroyo Rivera.
El juez a cargo del proceso acogió la solicitud de elevar el expediente 20-000115-1218-PE a contradictorio planteada por el Ministerio Público durante una audiencia que se llevó a cabo entre el 11 y el 22 de noviembre, en los tribunales de Goicoechea.
Ahora, el Tribunal Penal de la misma jurisdicción deberá abrir espacio en su agenda para celebrar el debate, que se perfila como uno de los más mediáticos del 2025.
Solís se convertirá entonces en el cuarto expresidente en la historia en afrontar un contradictorio, por detrás de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002).
Caso Bancrédito
El 30 de junio de 2023, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a Luis Guillermo Solís Rivera y cuatro de sus altos cargos de aparente influencia contra la Hacienda Pública.
La pieza además incluye seis cargos por supuesta falsedad ideológica en contra de Mauricio Arroyo Rivera.
El Ministerio Público sostiene que los imputados presuntamente convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional al Banco Crédito Agrícola, sin sustento y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad financiera aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
La maniobra —según la tesis— buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) interviniera a la institución por sus serios problemas de liquidez y, así, evitar un daño a la imagen de la administración.
Esta situación provocó una afectación al erario y el interés público, según concluyó la investigación de la Fiscalía.
La Contraloría General de la República (CGR) planteó una querella (acusación privada) en el mismo proceso, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción civil resarcitoria (figura que reclama una indemnización por los daños y perjuicios provocados).
