Fiscala se sacude de críticas de Rodrigo Chaves

La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, Criss González, se sacudió este miércoles de los fuertes cuestionamientos que el presidente Rodrigo Chaves hizo esta tarde en su contra.

González fue la encargada de analizar y tramitar la solicitud de desestimación que el Ministerio Público presentó al “megacaso” de fraude fiscal anunciado la semana anterior por Hacienda; y que involucra, entre otros, al Banco BCT y su dueño Leonel Baruch.

En conferencia de prensa, Chaves criticó que la fiscala dio una “respuesta relámpago” a un caso que “normalmente tarda años”, que lo hizo además en un día feriado y que debió inhibirse de esa causa, pues ella fue “subalterna directa” de Baruch mientras este fue ministro de Hacienda entre 1998 y 2002.

En un amplio correo electrónico enviado a los medios de comunicación, González detalló que la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios fue una de las que, por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, debía trabajar durante el receso de fin de año, que iba del 26 de diciembre al 6 de enero.

Ella fue seleccionada para laborar la semana comprendida entre el 2 y el 6 de enero, mientras que otro fiscal lo hizo del 26 al 30 de diciembre.

“Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE”, dijo González en relación con el megacaso anunciado por Hacienda.

En ese punto, la fiscala expuso la razón por la cual el Ministerio Público presentó esa orden de desestimación, que involucraba, además de a Baruch y el BCT, a una entidad financiera de Panamá y una empresa holding también de ese país.

Según González, cuando se le solicitó a Panamá el traslado de pruebas para ese caso, las autoridades judiciales del vecino país indicaron que no fue hasta 2019 cuando la defraudación fiscal se tipificó en su legislación, por lo que antes de ese año esas conductas eran competencia del ámbito administrativo y no penal.

“Lo anterior significaba que la Asistencia Penal Internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada”, dijo.

Explicó, además, que laboró en Hacienda desde enero de 1999 en la Dirección Jurídica y que su jefa era la directora Dagmar Hering, y que para el año 2000 solicitó un permiso sin goce de salario debido a que obtuvo una beca para estudiar una maestría en derecho internacional otorgada por los gobiernos de Chile y Estados Unidos.

“Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, dijo en relación con Baruch.

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, presentó el martes a la Procuraduría General una solicitud para mantener abierto el caso en virtud del presunto daño de ₡11 mil millones que el caso originó a la hacienda pública y de las sospechas que el Ejecutivo mantiene sobre el actuar del Ministerio Público y de la propia fiscala.

La Procuraduría le respondió hoy al jerarca que solicitará el expediente completo del caso para determinar cuál será su proceder.