Por Juan José Herrera |18 de julio de 2024, 15:35 PM

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, insistió este jueves que fue la “falta de lealtad” del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada la que permitió la liberación de 10 imputados en el llamado caso Turesky.

Lo hizo ante los diputados de la Comisión de Seguridad de Narcotráfico que, precisamente, lo citaron hoy para que explicara por qué la Fiscalía no presentó, a tiempo, la acusación contra las personas señaladas en ese caso de narcotráfico.

Díaz aseguró ante el órgano que esa acusación se presentó el 20 de junio pasado, pero que se hizo precisamente en la exposición de motivos que buscaba extender, de manera extraordinaria, la prisión preventiva y medidas cautelares que tenían los 23 imputados en el caso.

“Ellos (el tribunal) tenían por demostrados totos los presupuestos procesales, pero como la acusación no se presentó (al expediente), la cual sí se presentó y la fiscal la ofrece, el simple hecho de que se cegaron para no tenerla a mano es lo que les da el fundamento para liberar a las personas, no por los peligros procesales, sino por no haberse presentado la acusación, la cual sí se presentó y se firmó”, aseveró.

El liberal Gilberto Campos le pidió explicar a qué se refería cuando señaló, en diferentes momentos y espacios, de esa falta de lealtad.

“Cuando se instauraron las reglas de oralidad en el Poder Judicial, siempre se parte de la lealtad, y los que han litigado saben que uno le tiene que dar información de calidad al tribunal. El tribunal, si en este caso no le creía a los fiscales y la fiscal le indicó que ahí tenía el documento en el escritorio, pudieron habérsela pedido y ahí se hubieran exhibido si sí o si no los fiscales faltaron a la verdad, pero por eso hablaba de la lealtad, porque siempre nos hablaron de eso y la lealtad es muy importante entre las partes que litigan”, añadió.

Díaz insistió en que los ajustados plazos que tenía la Fiscalía entre la presentación del último informe (mayo) y la audiencia para esa prórroga (junio) fue precisamente la que impidió que la acusación se presentara, con mayor antelación, al expediente.

“Imagínese lo que tuvieron que correr los muchachos para continuar con este proceso”, afirmó.

El fiscal también criticó que el tribunal calificara como desproporcionada la extensión de la prisión preventiva por hasta tres años cuando los acusados se enfrentan a penas mínimas de 18 años de prisión y máximas de 40 años.

La frenteamplista Priscilla Vindas cuestionó, sin embargo, si la falta de esa acusación en el expediente podría significar un problema para el derecho de defensa de los imputados, al no poder acceder a información crítica del caso, pero Díaz insistió en que no.

“Esta es la primera prórroga extraordinaria, desde el mismo momento en que se les indaga se les dice de qué se les acusa, pero ya ellos tienen una defensa letrada y cada acto que se agrega al expediente tienen acceso inmediato, no existe ninguna vulneración del derecho de defensa.

“Posteriormente, en la acusación existe una audiencia preliminar y ahí va a estar la defensa, en esta parte no tiene que conocerla, eso lo vna a tener posteriormente en la audiencia, incluso luego se repite en el juicio”, finalizó.

La decisión del tribunal implicó la liberación de 10 personas señaladas en el caso por presuntamente participar de una organización criminal que logró mover 11.378 kilos de cocaína a Europa y Estados Unidos.

Además, otras 13 personas recibieron medidas cautelares menos gravosas, según cuestionó el fiscal general.

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