Diputados frenan reelección de alcaldes, pero dejan abiertos portillos a otros funcionarios
La prohibición definida esta tarde aplicará para alcaldes e intendentes, pero no igual para vicealcaldes, viceintendentes, síndicos o regidores.
Los diputados aclararon, esta tarde, cómo planean frenar la reelección continua e indefinida de los alcaldes en Costa Rica, pero dejaron abiertos los portillos para que otros funcionarios municipales de elección popular se perpetúen en los gobiernos locales.
Luego de devolver el expediente a su trámite de primer debate, los legisladores aprobaron hoy tres mociones de reiteración a la reforma de Código Municipal.
La primera y más importante fue la modificación que hizo la proponente María Inés Solís (PUSC) al transitorio único del proyecto, que establece que esa prohibición aplicará para todos los funcionarios municipales que para las elecciones de 2024 ya sumen, al menos, dos periodos en el poder (8 años).
Sin embargo, se aclaró que ese veto será tajante en el caso de alcaldes e intendentes, pero que para vicealcaldes, viceintendentes, síndicos o regidores será más flexible.
El cambio permitirá que este último grupo de trabajadores puedan, luego de ocho años, participar nuevamente de una elección pero para un puesto diferente.
La decisión fue criticada por la liberacionista Yorleny León, quien lo calificó de inconstitucional, y por el Wálter Muñoz (PIN), quien aseguró que esa redacción atenta contra el espíritu de esta ley.
“El espíritu del legislador se rompe cuando se le va a permitir a un funcionario ser síndico ocho años, luego vicealcalde ocho años y lucho alcalde ocho años más, permitiendo que esté 24 años en el poder y no defendiendo la renovación de las municipalidades que se supone es lo que estamos buscando”, criticó Muñoz.
Así, el Código Municipal establecería, con el cambio, que los funcionarios municipales de elección popular podrán reelegirse en su cargo por una única vez y luego esperar ocho años si quieren reelegirse en ese mismo cargo, excepto con los casos arriba señalados.
El proyecto pasará ahora a consulta de todas las municipalidades y concejos municipales del país, lo mismo que al Tribunal Supremo de Elecciones.
Luego de esto volvería a votarse en primer y segundo debate para pasar a manos del Ejecutivo.