Diputado propone endurecer penas por grafitis y vandalismo
La propuesta de Yonder Salas (Nueva República) aumenta los castigos económicos y de prisión para quienes rayen o dañen desde paredes hasta monumentos.
El diputado de Nueva República, Yonder Salas, presentó una serie de reformas para endurecer los castigos por realizar grafitis o vandalismo.
Se trata del expediente 24.928, que modifica el Código Penal y Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica para aumentar las penas por ambas conductas.
Puntualmente, la iniciativa incrementa las penas por daño agravado dispuestas en el Código Penal, pasando de entre seis meses a 4 años a entre 2 y 5 años, todo esto para temas como objetos de valor científico, artístico o religioso, lo mismo que puentes y otras estructuras.
De igual forma, propone cambiar los castigos de días multa para el tema de vandalismo por salarios base y la obligación de resarcir los daños ocasionados.
En esto se incluye, por ejemplo, rayar paredes, casas, locales y medios de transportes, entre otros.
“Es sabido que recientemente algunas personas han ido más allá de manifestaciones legítimas de molestia y han generado verdaderos actos de vandalismo que no pretenden expresarse, sino que irrespetan la propiedad pública o privada, causando daños sin que exista una compensación por ello, teniendo entonces el propietario o el Estado que asumir los costos de la reparación”, criticó el legislador en la justificación del proyecto.
Salas también defendió que su proyecto no atenta contra la libertad de manifestación y expresión.
“De ningún modo, este proyecto pretende limitarlas ni impedirlas, lo que busca es sancionar, con mayor fuerza, los actos vandálicos, el daño a las cosas y a los bienes privados y públicos que se presenten, de forma tal que se sancionaría con salarios base en vez de días multa y, para daños agravados, que tienen total relación con cosas de valor científico, artístico, cultural o religioso, así como daños al patrimonio histórico-arquitectónico”, dijo.
En ese último punto, la propuesta también aumenta las penas de prisión actuales para quien dañe o destruya un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico.
Esa conducta hoy se castiga con entre 1 y 3 años de cárcel, mientras que la reforma propone entre 2 y 5 años.
Esta no es la primera iniciativa que Nueva República impulsa en este sentido, pues en noviembre pasado José Pablo Sibaja ya había pedido cárcel para manifestantes que obstruyan vías o rayen paredes.
