Congreso aprueba histórica ley para la Cruz Roja
Luego de una amplia discusión, el Plenario votó hoy, en primer debate, el proyecto que le dará un marco jurídico a la institución benemérita.
Los diputados aprobaron este jueves, por unanimidad y en primer debate, el proyecto para crear la “Ley de la Cruz Roja”.
Se trata del expediente 23.500, impulsado por la liberacionista Kattia Rivera y otros legisladores y que le dará un marco jurídico a una de las instituciones beneméritas más importantes de Costa Rica.
La iniciativa se votó luego de agotar las últimas mociones de reiteración que se le presentaron al proyecto en medio de los cuestionamientos por el retiro que hizo el Ejecutivo del expediente y esos cambios que impulsó la socialcristiana María Marta Carballo.
“No creo que ninguna de las mociones que presenté afecta a la Cruz Roja ni va en demérito de la Cruz Roja ni es para molestar ni atrasar un proyecto de ley, por eso decidí hacer esta defensa hasta el final y desde el inicio lo hice con el objetivo de mejorar el texto y ayudar a la Cruz Roja”, aseguró Carballo.
El proyecto, que se votará en segundo debate el próximo martes 14 de enero, define el rol que la institución cumplirá en la sociedad costarricense y además el apoyo que, ahora por ley, recibirá por parte del Estado.
Además, establece las obligaciones que la institución deberá cumplir con el país.
“El Estado Costarricense, incluyendo a las autoridades municipales, prestará colaboración a la Cruz Roja Costarricense en su quehacer humanitario y facilitarán las condiciones necesarias para que actúe bajo los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna, los estatutos, las normas y reglamentos internos de la Cruz Roja Costarricense.
“Las autoridades competentes y la comunidad en general facilitarán las acciones humanitarias emprendidas por los miembros de la Cruz Roja Costarricense, y aquellas que las circunstancias exijan”, dice el proyecto.
En ese apoyo también habrá asistencia en lo jurídico, por ejemplo, en las facilidades de desplazamiento en todo el territorio nacional “sin que se vean implicados sus miembros en situaciones de orden judicial por el mero ejercicio de sus acciones”.
