Aprobado proyecto que castiga con cárcel acoso sexual callejero

Con el apoyo unánime de 48 diputados este martes se votó en segundo debate el expediente 20.299, que tipifica y castiga el acoso sexual callejero en Costa Rica.

Tras superar una consulta en la Sala Constitucional, los diputados avalaron la iniciativa presentada en la legislatura anterior y que luego de dos años de discusión en la actual encontró finalmente el apoyo y consenso de los legisladores.

“Me siento orgullosa de todas las mujeres que han sido parte de esta lucha. El mensaje principal es que este país considera inaceptable le acoso sexual callejero y lo define ahora como un delito.

“El acoso sexual callejero forma parte de la violencia estructural contra las mujeres y las niñas, eso tenemos que tenerlo claro, forma parte del continuum de la violencia, esa que antes de nacer ya tiene la sociedad prevista, que implica abuso sexual, violación, que pasa por la violencia intrafamiliar, el feminicidio, la violencia institucional y la violencia simbólica”, afirmó la diputada del PAC Nielsen Pérez, una de las grandes impulsoras de la iniciativa.

El proyecto aprobado define qué es el acoso callejero y lo tipifica como un delito y no solo una contravención como sucedía en la actualidad.

“Toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni aceptación de la persona o personas a la que está dirigida con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público”, establece el texto.

El objetivo de la futura ley, según quedó establecido, es garantizar el derecho a todas las personas de transitar o permanecer libres de acoso sexual en espacios públicos o privados de acceso público, incluidos para estos fines los medios de transporte remunerado de personas y estableciendo medidas para prevenir y sancionar este tipo de violencia.

"Mi mamá recordaba amargamente cuando fue a vender pan a los cinco años y un hombre le enseñó el pene, eso lo recordaba a sus 60 años. Esas son realidades que tienen secuelas para siempre y que no eran castigadas, que no tenían consecuencias y no eran tratadas como algo importante, hoy con esta ley decimos es importante", dijo la también oficialista Laura Guido, parte de una larga lista de legisladoras que alzaron hoy la voz para evidenciar la importancia de esta ley.

Sanciones

La propuesta establece, por ejemplo, sanciones de entre seis meses a un año de cárcel o el pago de entre 30 y 45 días multa a quien se masturbe en público o exhiba sus genitales a otras personas con una connotación sexual sin el consentimiento de estas.

De la misma forma se castigará con entre ocho meses y un año de prisión o hasta 45 días multa a quien “persiguiere o acorralare con connotación sexual a otra persona sin su consentimiento”.

También será penado grabar, captar o producir material de audio, video o audiovisual en un espacio público con connotación sexual de una persona sin su consentimiento. En este caso las penas irán de 10 a 18 meses de prisión y hasta 45 días multa.

La sanción se elevará hasta los dos años de cárcel o 60 días multa si ese material fuera enviado, mostrado o transmitido a terceros, con fines de lucro o no.

Todos esos castigos se agravarán en un tercio si son cometidas por dos personas o más o si se dan en perjuicio de una persona menor de edad, un adulto mayor o una persona con discapacidad.

"También se le impondrá una pena de quince a treinta días multa a quien, en un espacio público, profiriere, dirigiere o ejecutare, con connotación sexual, palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes hacia otra persona sin su consentimiento.

"La pena será de veinticinco a treinta y cinco días multa si las conductas descritas en el párrafo anterior se hicieran mediante el uso de redes sociales o medios electrónicos de comunicación", añade el texto.

Las personas declaradas culpables deberán someterse a un programa de tratamiento de alcohol o drogas cuando esta situación esté relacionada a la conducta o bien a un programa de especializado para ofensores.

Se instruirá a las autoridades policiales a garantizar la integridad de las víctimas, ayudarlas en la identificación de los presuntos acosadores, aprenderlos y levantar, sin excepción, el parte policial correspondiente.

El proyecto pasa ahora a manos del Poder Ejecutivo para su firma y publicación.