México despenaliza el aborto
En todo el país se practican cada año entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos y miles de mujeres mueren por culpa de intervenciones caseras
La Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar el aborto en una votación unánime e histórica, ya que permite que las mujeres de todo el país (de las cuales casi un millón realiza abortos clandestinos cada año) puedan acceder a este procedimiento.
Esta decisión abre la puerta a otros países latinoamericanos a llevar la discusión adelante. El aborto en América Latina es legal en Uruguay, Cuba, Argentina, Guyana, mientras que El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití son los más restrictivos pues no le permiten bajo ninguna circunstancia.
"Con este criterio unánime (...) a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la corte y la constitución, procesar a mujer alguna que aborte" dijo el presidente de la corte, Arturo Zaldívar.
En Ciudad de México ya se podía interrumpir la gestación desde el 2007. La diferencia hoy es que México ha reformado recientemente su poder judicial. Ahora basta con una decisión del pleno votada por unanimidad para sentar jurisprudencia, cuando antes se necesitaban cinco fallos similares
"Es un día histórico para las mujeres mexicanas y las personas gestantes (…). Es un paso más en la lucha histórica por su igualdad por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos", añadió Zaldívar luego de la votación.
¿Cómo está la situación en Costa Rica?
En Costa Rica es legal únicamente el aborto terapéutico. El protocolo, según dicta el Decreto Ejecutivo firmado en diciembre de 2019, estandariza la actuación en la red de servicios de salud de los diferentes profesionales (medicina gineco-obstétrica, perinatología, enfermería obstétrica y grupos de apoyo, entre otros) involucrados en la valoración de las mujeres en las que se considere que su vida o su salud estén en peligro y que soliciten la interrupción terapéutica de su embarazo, por ellas mismas o por el médico tratante, de acuerdo con lo establecido en la norma técnica.
En diciembre de 2020 el Ministerio de Salud comunicó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la aprobación del protocolo de atención clínica para la aplicación del aborto terapéutico en los diferentes hospitales del país.
Actualmente, la diputada oficialista, Paola Vega, busca la inclusión de un capítulo nuevo sobre la salud sexual y reproductiva a la ley para puntualizar los derechos de las mujeres, así como definir las responsabilidades que tiene el Estado con este colectivo.
La discusión se originó en el artículo 51 del capítulo, que reza que “todas las mujeres tienen derecho a recibir la información pertinente sobre el riesgo que conlleva su embarazo, así como su derecho a decidir sobre la interrupción terapéutica del mismo cuando esté en riesgo su vida o su salud de conformidad con nuestro ordenamiento vigente, así como a la atención integral que garantice su salud de acuerdo con protocolos y normas aprobadas por las instancias pertinentes”.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión Especial de la Mujer, la socialcristiana Shirley Díaz, dijo que ella no permitiría que el proyecto avance y que no le daría prioridad a un tema que no tiene consenso en la Comisión.