Percepción de impunidad tras archivo de caso de Sergio Rojas, denuncian grupos indígenas
"Condenamos enérgicamente al Estado por la omisión en la creación de mecanismos para garantizar el acceso a los derechos humanos de los pueblos indígenas", dice carta firmada por cuatro territorios ancestrales y siete organizaciones.
El sobreseimiento dictado en favor de tres sospechosos de asesinar a Sergio Rojas Ortiz dispara la "percepción de violencia e inseguridad" en los pueblos indígenas.
Así lo denunciaron cuatro territorios ancestrales y siete organizaciones en una carta emitida después de que Teletica.com diera a conocer una resolución del Juzgado Penal de Buenos Aires, que marcó el cierre definitivo del expediente 19-000178-0990-PE.
"Este hecho fue planificado y realizado con la intención de neutralizar su labor como defensor de derechos humanos de pueblos indígenas, particularmente como impulsor de las recuperaciones de tierras y territorios que fueron despojados a los pueblos indígenas desde hace cientos de años y que hoy, 46 años después de entrar en vigor la Ley Indígena 6.172, no ha sido cumplida, ya que el Estado de Costa Rica no ha devuelto a los legítimos dueños de esos territorios.
"Su muerte no solo es una tragedia para su familia, sino que significó un ataque directo hacia los procesos de reafirmación del derecho a la tierra, territorios y recursos de los pueblos indígenas en el territorio indígena de Salitre y en los 24 territorios y 8 pueblos indígenas del país, provocando temor hacia las personas bribris de Salitre para acercarse a las autoridades judiciales.
"Consecuencia de lo anterior, es el aumento de la percepción de impunidad e inseguridad, sobre todo al no existir mecanismos legales efectivos para la protección de las personas indígenas defensoras de derechos humanos que sean contextualizadas a la realidad de nuestros pueblos", se lee en el documento.
El pronunciamiento —del que este medio tiene copia— abona que en Rojas Ortiz, al igual que Yehry Rivera Rivera, han pagado con su vida "la exigencia del respeto de sus derechos humanos hacia los suyos".
Se menciona que, solamente por la lucha por la recuperación de tierras, 33 indígenas fueron amenazados de muerte entre 2020 y 2022 en Buenos Aires y Pérez Zeledón.
"Condenamos enérgicamente al Estado de Costa Rica por la omisión en la creación de mecanismos administrativos y legales para garantizar el acceso a los derechos humanos de los pueblos indígenas, salvaguardar la vida e integridad físicas de personas indígenas defensoras de derechos humanos y mantener la situación de hostilidad relacionada con las recuperaciones de tierras indígenas", amplía la carta.
Los territorios y las organizaciones, a su vez, respaldaron la exhortación hecha el 19 de enero pasado por la familia del líder indígena asesinado, para que el país tome las medidas necesarias para velar por la vida e integridad física de los indígenas amenazados de muerte y que se cumpla, "mediante mecanismos céleres y eficientes", la recuperación de tierras indígenas "en manos de usurpadores terratenientes no indígenas".
Asimismo, abogan que se emitan normas para proteger a defensoras de derechos humanos y del medio ambiente; incluida la ratificación del Acuerdo de Escazú.
