Otras nueve adjudicaciones a cooperativas entran bajo “análisis jurídico” en CCSS
Esto luego de que la Contraloría hallara una nulidad relacionada con un análisis efectuado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud; mismo que fue utilizado en los otros procesos.
Nueve compras de servicios médicos hechas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a cuatro cooperativas y una asociación entrarán a “análisis jurídico”.
Esto luego de que la Contraloría General de la República (CGR) hallara una nulidad en un décimo proceso, relacionado con un análisis cuantitativo que sirvió de base para el acuerdo de Junta Directiva de adjudicar la administración de 10 áreas de salud.
Así lo confirmó, este viernes, la Gerencia de Logística de la institución administradora de los hospitales públicos ante una consulta de Telenoticias (vea video adjunto).
El órgano auxiliar anuló el jueves la adjudicación efectuada a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) para la tercerización del Área de Salud San Francisco-San Antonio, en San José.
Al respecto, el ente fiscalizador expuso en su resolución disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP):
"Este órgano contralor llega al convencimiento que la nulidad absoluta apuntada es evidente y manifiesta por cuanto sin mayor ejercicio se evidencia que los oficios 'Análisis cuantitativo para la gestión de las áreas de salud contratadas a terceros' no concluyeron de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando para la partida y en ellos, para efectos del límite superior, solo se consideraron los costos promedio del servicio correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social como prestataria de servicios de salud, sin considerar la competencia del mercado; siendo tal vicio palmario y evidente".
Dicho informe fue presentado el pasado 6 de julio por la entonces directora de Proyección de Servicios de Salud, María de los Ángeles Gutiérrez.
La elaboración del criterio fue instruida por la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, luego que la Gerencia de Logística recomendara declarar el proceso infructuoso, fundamentándose en una posición del Área de Contabilidad de Costos, que concluyó que los precios ofertados eran excesivos.
Gutiérrez fue posteriormente nombrada gerente general interina por la Junta Directiva liderada por Esquivel.
Sin embargo, el 10 de octubre anterior ambas fueron suspendidas de sus cargos por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Esto en el marco de una investigación que a las dos y a otras seis personas se les sigue por los presuntos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato en el proceso licitatorio en cuestión.
A dicho caso se le bautizó como Barrenador. El mismo está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), y se originó de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la entidad que vela por la seguridad social.
