Nueve de cada 10 deudores solicitaron ayuda a los bancos por pandemia
Según datos de la Asociación Bancaria Costarricense, la flexibilización de créditos se ha aplicado a 2.180.436 operaciones.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció este lunes durante la rendición de cuentas del periodo 2019-2020, que los bancos públicos y privados del país han flexibilizado los créditos a nueve de cada diez deudores debido a la emergencia que vive el país por COVID-19.
El objetivo de estas medidas es aliviar el bolsillo y el sobreendeudamiento de los ciudadanos golpeados por la crisis económica.
Las operaciones, en créditos personales, cubren 1.738.415 operaciones de tarjetas de crédito, 299.471 operaciones de crédito de consumo, 78.428 créditos de vivienda y 64.122 préstamos para compra de vehículo, según datos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Además, la ABC señaló que al 15 de abril los programas de los bancos públicos y privados para flexibilizar las condiciones de pago incorporaron también 83.007 operaciones crediticias de empresas. La prioridad fueron los pequeños y medianos negocios, con un total de 71.707 operaciones, mientras que 11.300 gestiones fueron de compañías más grandes.
“No oculto la tristeza, por el país, que me generan los impactos del coronavirus. Los resultados (económicos) que venían generándose antes de la pandemia mostraban que avanzábamos por buen camino”, indicó Alvarado ante los diputados.
El mandatario asegura que las medidas se complementan con el “Programa de Crédito de Salvamento para Personas Sobreendeudadas”, que busca refinanciar créditos a personas asalariadas del sector privado y público, promover programas de educación financiera y evitar así una mayor desaceleración económica nacional.
“Agradezco a todos los bancos públicos y privados por su respaldo a esta directriz presidencial, así como a las cooperativas y mutuales que la acogieron, lo cual se vio facilitado por una serie de medidas adoptadas por el Conassif y la Sugef”, agregó.
Para Alvarado, el objetivo principal siempre ha sido proteger a las familias que han perdido el trabajo o tuvieron una reducción en la jornada laboral y, por ende, del salario.