MEP pedirá al Consejo Superior castigos más severos para casos como el de San Carlos
Bajar 45 puntos de conducta y una inasistencia a clases por 30 días muchas veces no es suficiente, según la ministra de Educación.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) evalúa el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y pedirá castigos más severos para los casos como el ocurrido en La Palmera de San Carlos, Alajuela, donde un menor de edad aparentemente agredió y humilló a una colegiala mientras ambos viajaban en un bus.
Así lo confirmó la jerarca de la cartera, Anna Katharina Müller, quien además señaló que el cambio será planteado ante el Consejo Superior de Educación.
“Estamos actualizando el protocolo de violencia del MEP porque nuestro objetivo es erradicarla por completo y vamos a incluir medidas correctivas más severas. El bajarle 45 puntos de la nota de conducta y darle al estudiante 30 días naturales de inasistencia en el centro educativo no es suficiente para este tipo de casos, como el ocurrido en San Carlos.
“Por eso, hemos ordenado la revisión del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para endurecer las sanciones contra estos estudiantes que realicen este tipo de actos con tanta violencia y lo someteremos al Consejo Superior de Educación", dijo Müller.
Ante lo ocurrido en San Carlos, el MEP informó que investiga a los demás estudiantes involucrados en el brutal acto de violencia contra la colegiala, quien tiene 15 años.
“A los jóvenes estudiantes, les hago un llamado para evitar los actos de violencia porque esto puede terminar en consecuencias penales, alterando a toda la familia. No estamos tolerando este tipo de violencia y, por ello, estamos aplicando las medidas más drásticas a todos los responsables involucrados en el hecho, porque hay varios.
“Esto nos ha llevado a que ejecutemos acciones más fuertes en coordinación con el Juzgado Penal Juvenil”, agregó la ministra.
El adolescente de 16 años, sospechoso de agredir a la estudiante en San Carlos, cuyo video se viralizó en redes sociales, será ubicado en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Además, el Juzgado Penal Juvenil le impuso tres órdenes de orientación y supervisión: no perturbar a la víctima, cambiar de centro educativo, así como orientación y custodia del PANI.
