Menores víctimas de grooming y sexting no denuncian por miedo a que las “quemen” en redes sociales

El grooming y el sexting, dos fenómenos asociados al uso de la tecnología y las redes sociales, están dejando una huella preocupante en la vida de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica y el mundo.

La exposición a estos riesgos digitales ha incrementado el número de víctimas, lo que ha encendido las alarmas entre padres, educadores y autoridades.

El grooming consiste en el engaño y manipulación de menores por parte de adultos con fines sexuales, generalmente a través de redes sociales o plataformas de mensajería. Por su parte, el sexting, que implica el envío de contenido íntimo mediante dispositivos electrónicos, puede derivar en extorsión, bullying y graves consecuencias emocionales para las víctimas.

Rodolfo Meneses, abogado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), considera que las víctimas no sufren solo el tema de vergüenza sino también miedo a las consecuencias que pueden tener si se lo cuentan a la mamá o papá, porque creen que los van a responsabilizar por estar expuestos e involucrarse en una situación de estas.

“Las mismas personas menores de edad nos contactan donde dicen que es un amigo o persona del centro educativo el afectado, pero después nos damos cuenta de que esta persona que nos contactó fue la víctima y no un amigo como ellos dicen.

“Cuando el menor de edad se ve expuesto a esta situación y la persona adulta la amenaza con que va a difundir el contenido, que la va a quemar en redes sociales y hasta a hablar con sus papás y personal del centro educativo de lo que hizo, tratando de humillarla y culpabilizarla, la misma persona menor de edad, ante este contexto, cede y continúa suministrando el material”, dijo Meneses.

El Ministerio Público recibió en 2023 más de 300 asuntos de seducción de personas menores de edad por medios electrónicos, mientras que de enero a setiembre de 2024 ya se han recibido más de 200 denuncias, es decir, más de la mitad de lo que ingresó en todo el año anterior. Con respecto a la difusión de pornografía infantil se recibieron más de 500 asuntos el año anterior.

Rocío De la O, fiscal adjunta de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, asegura que este problema afecta mucho la integridad psicológica, emocional e incluso física de la persona menor de edad.

“El material es utilizado no solamente por esa persona a quien ellos la comparten, el material es muy cotizado por personas pedófilas que tienen un trastorno en su salud mental, se satisfacen sexualmente y tienen sus fantasías con material sexual erótico donde participan personas menores de edad.

"Aunque la persona menor de edad crea que está enviando audios, videos, fotografías e imágenes con otro fin, lo que está generándose es material de abuso sexual infantil para estas organizaciones criminales que las difunden con personas pedófilas a nivel internacional. Cuando la persona menor de edad se entera de esto, que además es víctima de varios delitos, no sabe cómo manejarlo”, comentó de la O.

De la O detalla que estas conductas suelen escalar: los agresores primero solicitan imágenes en ropa interior, luego en traje de baño, y finalmente, fotografías desnudas o explícitas.

Las consecuencias para los menores van más allá de la exposición pública del contenido. Según Meneses, la vergüenza, el miedo y la manipulación los llevan a un estado de vulnerabilidad extrema, mientras que De la O enfatiza el daño emocional que genera descubrir que su material íntimo es distribuido a nivel global.

Ante esta problemática, las autoridades insisten en la importancia de la educación digital y la supervisión parental. Los especialistas recomiendan una comunicación abierta con los menores, fomentar la confianza y enseñarles a reconocer los peligros en línea.

La urgencia de fortalecer los esfuerzos de prevención y apoyo queda clara. "No es solo un problema local, sino de alcance global, y la única forma de enfrentarlo es desde la acción conjunta de las familias, las instituciones y la sociedad", concluyó Meneses.

Mientras tanto, el llamado es claro: proteger la integridad de los menores en entornos digitales debe ser una prioridad.