Marta Esquivel pide a Sala IV anular allanamiento a su casa por caso Barrenador

La presidenta ejecutiva suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, busca en la Sala Constitucional que se anule el allanamiento ejecutado en su domicilio en el marco del caso conocido como Barrenador.

En un habeas corpus que estudian los magistrados, la jerarca alegó que el operativo dirigido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en su apartamento, ubicado en una torre en San José, se hizo en ausencia de alguna persona de su confianza o de su defensor.

Valga recordar que la abogada de profesión no estaba en el inmueble para cuando se intervino en este, y luego —cuando se enteró por las noticias del caso— esta acudió a entregarse a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pérez Zeledón.

Asimismo, señaló que ese día se le decomisaron sus pasaportes —tanto el personal como el oficial— y el dinero que portaba, pese a que esto fuera avalado en la orden de allanamiento que giró el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Esos detalles forman parte del recurso que Esquivel planteó el 10 de octubre anterior, detalló la oficina de prensa del Alto Tribunal ante una consulta de Teletica.com.

"Considera que el allanamiento realizado en su morada debe, incluso, ser anulado, dado que, incumplió con lo dispuesto en la orden del juez penal. Menciona que en la resolución de 8:00 horas del 18 de setiembre de 2024 no se autoriza el secuestro de pasaportes y dinero efectivo, sin embargo, sí lo hicieron", indican los registros de la Sala Constitucional.

Esquivel estimó lesionado su derecho fundamental de defensa y de ahí es que reclama que se deje sin efecto el operativo.

De acogerse ese pedido, toda la prueba recopilada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la vivienda sería espuria y, en tal sentido, no se podría utilizar en la causa que se le sigue a la presidenta ejecutiva bajo el expediente 24-028102-0042-PE, por presunto tráfico de influencias, aparente influencia contra la hacienda pública y prevaricato.

Esto a su vez podría incidir en otras actuaciones incluidas en esa causa, como por ejemplo, la solicitud de medidas cautelas y su consecuente dictado de parte de un órgano jurisdiccional.

Abusos acusados

La pesquisa en cuestión fue destapada el 23 de setiembre anterior con una serie de operativos en distintos puntos del país, que incluyeron la casa de Marta Esquivel y las oficinas de la Caja de Seguro Social, en San José.

Aquel día fue un “lunes negro de las puertas rotas”, como afirma la jerarca en su gestión ante los altos jueces.

En ese marco también se pretendía la captura de la presidenta ejecutiva, pero esta no estaba en su casa y tiempo después se presentó a las órdenes de la sede de la Policía Judicial en Pérez Zeledón.

De ahí fue trasladada hasta los Tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, donde se tramitaba el expediente. Se le transportó en calidad de detenida, en una “perrera” del Organismo de Investigación Judicial.

Esquivel insistió en su recurso en que nunca tuvo interés en evadir el proceso y, por lo contrario, intentó comunicarse con el fiscal general, Carlo Díaz, para saber dónde tenía que acudir. Después fue que decidió presentarse a la delegación.

Reiteradamente, la presidenta ejecutiva señaló que debió haberse dictado una orden de presentación en su contra y no una de captura, como finalmente ocurrió.

Lo anterior para evitar un innecesario impacto en su imagen, su prestigio y su buen nombre.

"Por otra parte, (está) el agobio, el trastorno emocional, los ratos en celdas oscuras y en hacinamiento que se vive y que golpea el ánimo, la salud mental y emocional de ella así como el de toda su familia, incluyendo a sus padres que son personas adultas mayores que sobrepasan los 90 años", se puntualiza.

La jerarca califica la actuación del Ministerio Público de “incorrecta y arbitraria”, al tiempo que señala que de esta se denota “ensañamiento” e “interés persecutorio”. Como muestra de lo anterior, apunta que ni su vehículo de uso institucional ni las oficinas de la Junta Directiva de la institución que comanda fueron allanadas.

Puntualiza como otras formas de “abuso” que cuando se le subió a la “perrera” se le subió con una bolsa plástica, pues le dijeron que era probable que sintiera náuseas durante el traslado.

Añadió que mientras era transportada, se golpeó con las paredes del cajón debido a la alta velocidad a la que la llevaban y que sufrió con el fuerte sonido de la sirena.

Luego alegó que debió esperar en celdas del Organismo de Investigación Judicial por más tres horas para ser indagada.

"Menciona que, a pesar de que el Ministerio Público conocía que no iba a solicitar prisión preventiva contra su persona y demás compañeros los hicieron pasar toda la noche, aun cuando cuatro de ellos son adultos mayores con requerimientos de medicinas y obviamente afectados aún más, por un proceso grosero, excesivo y desproporcionado que se tramitó en su contra", se extrae del recurso.

Todo lo anterior procuraba —a criterio de la jerarca— golpear su estado de ánimo como funcionaria de alto nivel del Gobierno de la República, para propiciar su renuncia y desatar un escándalo.

De igual manera, se critican manifestaciones hechas por el fiscal Rónald Segura durante la audiencia de medidas cautelares y pone en entredicho su objetividad, al asegurar que ninguno de los servidores investigados fue entrevistado para contratar las declaraciones que se habían compilado hasta entonces.

Defensa anticipada

Frente a un fuerte señalamiento que hizo el presidente Rodrigo Chaves el 25 de setiembre anterior, el fiscal general, Carlo Díaz, defendió la detención de Marta Esquivel y justificó que esta se dispuso debido a que existían peligros de obstaculización y fuga.

Por su parte, el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, hizo ver que si bien la presidente ejecutiva llegó por sus propios medios a la delegación de Pérez Zeledón, a la misma se le debió aprehender porque en su contra recaía una orden de captura.

Desde ese momento quedó en custodia de la Sección de Cárceles, explicó el jefe del Organismo de Investigación Judicial ese mismo día. Dicha unidad cuenta con su propia normativa, incluido que los transportes se hagan mediante un vehículo especializado, como el que se usó en el caso de la jerarca.

Zúñiga justificó que haberla transportado en un carro diferente hubiera constituido un “trato diferenciado” respecto a otras personas capturadas en las mismas condiciones.

Agregó que los procedimientos de la Sección de Cárceles han sido verificados y acreditados bajo la normativa internacional de derechos humanos y que fueron auditados recientemente por la Asociación de Correccionales de América.

Para esta publicación, Teletica.com requirió una nueva posición a la Fiscalía de Probidad sobre los cuestionamientos formulados en el recurso, pero hasta el cierre de esta publicación, la misma se mantiene en trámite.

También se procuró conversar con la parte recurrente, no obstante, el abogado Edgardo García explicó que, si bien defiende a Esquivel en el proceso penal, no tiene conocimiento sobre la gestión ante la Sala Constitucional y, por ende, no puede referirse al respecto.

A la presidenta ejecutiva suspendida se le solicitó una entrevista desde el 29 de octubre pasado a través de intentos de llamadas y mensajes a su teléfono, que no fueron contestados.

También se procuró esa conversación a través de las oficinas de prensa de la Caja de Seguro Social y la Presidencia de la República, sin que se haya logrado acceder a la jerarca. Esa petición se reiteró este jueves a su representante legal.