Por Luis Jiménez |25 de octubre de 2024, 10:40 AM

La Fiscalía responsabilizó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por no haber actuado de manera oportuna ante los múltiples casos de violencia y negligencia reportados en la familia de Keibril.

La fiscala Edith Morera informó que esa entidad realizó cinco intervenciones desde 2019 hasta 2022, en las cuales, según ella, no se tomaron las medidas necesarias para proteger a los menores involucrados.

Según Morera, los expedientes del PANI documentan incidentes graves de abuso y negligencia en la familia de la bebé desaparecida. Desde un conflicto familiar relacionado con el alcoholismo hasta agresiones físicas y situaciones de extrema vulnerabilidad, los informes detallan cómo la abuela de Keibril, Fabiola, era constantemente señalada por su consumo de alcohol y drogas, mientras los niños sufrían condiciones de abandono. Sin embargo, en cada intervención, el patronato optó por soluciones temporales, enviando a los menores a albergues o recursos familiares, para luego regresarlos al hogar.

En una intervención en 2019, se reportó que los menores no habían recibido alimentos y que Fabiola admitió a las autoridades que esto era frecuente. A pesar de la gravedad de las declaraciones, la madre se retractó de su testimonio al sugerirle que los niños podrían ser llevados a un albergue, y el PANI cerró el caso sin más acciones, según la fiscala.

Casasola, pareja de Fabiola y principal sospechoso de la desaparición de Keibril en abril de 2023, habría empeorado el entorno de la familia al introducir problemas de violencia y consumo de drogas, según relató Morera.

La Fiscalía detalla que Casasola se relacionó con la madre de Keibril cuando ella apenas tenía 10 años y, a los 13, ya había dado a luz a su primera hija.

“¿Qué hubiera pasado si el PANI hubiera actuado como debía?”, cuestionó Morera al relatar cómo, en la última intervención de abril de 2022, una denuncia anónima alertó de un embarazo de la mamá de Keibril a causa de una relación con su padrastro. De acuerdo con la Fiscalía, la omisión de medidas de protección efectivas permitió que la situación de violencia y abuso continuara, con consecuencias devastadoras.

Para la Fiscalía, el historial de omisiones del PANI refleja una falta de investigación exhaustiva, pues cada intervención se basó únicamente en los testimonios familiares sin realizar indagaciones más amplias.

“El PANI nos pidió a nosotros como Fiscalía abrir un proceso penal contra la mamá de Keibril y le dijimos que no, porque ella es una víctima de todo esto que sucede. El problema aquí es que a esta menor de 15 años no se le ha tomado como víctima y se debe de ver todo el contexto para saber realmente lo que pasó, porque a ella Casasola la manipuló en su condición de mucha vulnerabilidad”, manifestó la fiscala Morera.

Ante tales declaraciones, José Alonso Chaves, jefe de despacho de la Presidencia Ejecutiva del PANI, quien ha estado presente durante todos los días de juicio, manifestó que la institución tomó acciones a nivel disciplinario y generó los despidos que tenían que darse por las actuaciones indebidas de dos funcionarias de la oficina local de Paraíso; pero, por una orden del Tribunal Contencioso Administrativo, los funcionarios fueron reinstalados.

“Lo de la Fiscalía son afirmaciones que no podemos negar, por eso se tomaron las sanciones respectivas contra los funcionarios que no actuaron como tal. Son cuestionamientos válidos por parte de la Fiscalía, de acuerdo con su tesis y a las referencias que se están haciendo en esta etapa de conclusiones”, agregó Chaves.

Declaraciones José Alonso Chaves:

Para este viernes, el debate se encuentra en la etapa de conclusiones por parte del Ministerio Público y, en la tarde, se espera que sea el turno de los alegatos de la abogada defensora del imputado.

El debate se realiza en los Tribunales de Cartago y a esta hora (11:08 a. m.), la Fiscalía no ha hecho la solicitud de años de cárcel que estaría pidiendo contra el acusado. 

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