Fiscalía presentó acusación contra Juan Carlos Bolaños y ocho personas más por 'cementazo'

La Unidad Especializada de la Fiscalía General acusó y solicitó apertura de juicio contra el empresario Juan Carlos Bolaños por el caso conocido como "cementazo". 

Junto a él aparecen señalados su esposa de apellidos Suárez Aguilar y otras siete personas, todas acusadas de los delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

En la acusación, según el Ministerio Público, aparecen dos funcionarios del Banco Popular de apellidos Bogantes Brenes y Gómez Barrantes, quienes habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de China mientras se tramitaba el análisis y aprobación del millonario crédito bancario.

En apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.

De igual manera, las indagaciones arrojaron que, con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular, no se importó cemento.

Proceso

El despacho judicial se encuentra en la etapa de comunicar a la parte afectada la acusación, a partir de ese momento tendrán tres días hábiles para indicar si se constituyen en querellantes o si acudirán a una acción civil resarcitoria para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Posteriormente, de manifestar su interés en presentar una querella o acción civil, contarán con 10 días adicionales para presentar la documentación necesaria.

Superado ese proceso la Fiscalía remitirá los documentos, junto con la acusación, al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para que se cite a las partes del proceso a una audiencia preliminar, ahí la Fiscalía solicitará la apertura de juicio y el Juzgado definirá si lo ordena o no.

A Bolaños se le acusa de solicitar millonarios créditos para la importación de cemento chino que finalmente no fueron cancelados a los bancos estatales, convirtiéndose así en incobrables para las instituciones.

En la acusación se asegura que diferentes actores públicos estuvieron involucrados en la aprobación de esos préstamos.