Fiscalía investiga presunto ofrecimiento de dinero para retirar denuncia por muerte de perro
El dueño del can atropellado aseguró a Telenoticias que varias personas se acercaron a su casa para comprometerse a entregar ¢40 mil a cambio de que se desechara una queja.
La Fiscalía del II Circuito Judicial de San José confirmó que investiga un supuesto ofrecimiento de dinero a cambio de que el dueño del perro atropellado por dos patrullas retirara la denuncia presentada por la muerte del animal.
El Ministerio Público confirmó que ese hecho forma parte de la investigación que desarrolla bajo la causa 24-000800-1092-PE.
Dicha situación fue denunciada por el propietario del can en una entrevista con Telenoticias, el 9 de agosto pasado, poco después de que se hiciera viral un video en el que se observa cómo dos carros de la Fuerza Pública le pasan por encima a un perro que estaba echado en una calle en Purral de Goicoechea.
"Hace poquitos minutos, llegaron a ofrecernos ¢40.000 para nosotros quitar la demanda y les dijimos que no, porque es algo insólito lo que hicieron (…) Tienen que pagar lo que hicieron", dijo el hombre a este medio.
Desde el lunes, Teletica.com consultó a la Fiscalía si ese hecho era objeto de alguna pesquisa.
Finalmente, el Ministerio Público decidió incluirlo en la investigación que se inició en flagrancia por aparente muerte de animal e incumplimiento de deberes.
Por el primer delito se persigue a los agentes que conducían las unidades, mientras que por el segundo a los que iban de acompañantes y —se cree— no denunciaron lo sucedido.
Los uniformados investigados son de apellidos Murcia Contreras, Quiel Coto, Quijano Muñoz y Vargas Zúñiga.
Todos deberán acudir este martes a una audiencia en la que el Ministerio Público presentará el expediente al Tribunal de Flagrancia para solicitar la competencia respectiva; lo que quiere decir que la Fiscalía pretende que la causa se tramite bajo un procedimiento expedito.
El órgano acusador ratificó que, hasta el cierre de esta publicación, estaba a la espera de recibir los resultados de una serie de pericias ordenadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
No obstante, el tipo de diligencias fueron reservadas en apego a lo estipulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre la privacidad de las actuaciones en la fase de investigación.
