Fiscalía aduce riesgo de obstaculización para justificar detención de Esquivel y directivos

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró que a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, así como otros siete altos mandos de la institución, se les detuvo porque existían los peligros de obstaculización y fuga.

Dicha captura fue fuertemente criticada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en una conferencia celebrada la tarde del miércoles.

"La Fiscalía sabe, estoy seguro, incluyendo al fiscal general, Carlo Díaz, que cometió un grave error, para ser generoso con ellos, deteniendo a doña Marta Esquivel", aseveró el mandatario durante su exposición.

Dos días antes, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, calificó las actuaciones del Ministerio Público como un “abuso de poder”, en la que constituyó la primera reacción del Poder Ejecutivo sobre los 28 allanamientos ejecutados horas antes por el caso de presunta corrupción que se conoce como Barrenador.

Al respecto, Díaz rechazó los señalamientos y en su lugar argumentó que las mismas se enmarcan en lo establecido en el artículo 237 del Código Procesal Penal. El mismo establece que la Fiscalía puede ordenar la aprehensión de una persona cuando existan indicios comprobados de que es autor de un delito o partícipe. Además, establece tres condiciones adicionales.

"En el caso particular, la Fiscalía determinó la existencia de peligros procesales de fuga y de obstaculización. Previo a las detenciones, cabe reiterar que nuestras peticiones presentadas al juez contaban con elementos probatorios y sustento legal, lo cual nos permite sostener razonablemente que las personas detenidas son autoras probables de los delitos que se les imputan.

"Por lo anterior, rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar", señaló la cabeza del Ministerio Público.

Tanto Chaves como Fernández sostienen que Esquivel pudo haber sido citada a declarar y que ella se hubiera presentado; pero que, en su lugar, la Fiscalía prefirió montar “un show” y que, para ello, también se trasladó a la jerarca en una “perrera”, a pesar de que ella se había entregado voluntariamente luego de que no fuera encontrada en una intervención en su casa, en un condominio de San José.

Respecto al transporte de la presidenta ejecutiva desde la sede de Pérez Zeledón hasta una en Goicoechea, en la que Esquivel enfrenta una audiencia de medidas cautelares, el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, hizo ver que si bien la funcionaria llegó por sus propios medios, esta fue aprehendida y quedó en custodia de la Sección de Cárceles.

Esa unidad cuenta con su propia normativa, lo cual incluye que los transportes se hagan mediante un vehículo especializado, como el que se usó en el caso de la presidenta ejecutiva.

"Hacerlo de otra manera sería conceder un trato diferenciado al que se otorga a las demás personas detenidas en las mismas condiciones", indicó el jefe de la Policía Judicial.

Zúñiga añadió que los procedimientos de la Sección de Cárceles han sido verificados y acreditados bajo la normativa internacional de derechos humanos y que fueron auditados recientemente por la Asociación de Correccionales de América.

Asimismo, hizo ver que los otros siete encartados, una vez que se dispuso su captura, fueron trasladados en los carros oficiales que conducen los propios investigadores, a saber, sedán o 4x4.

El traslado se efectuó desde el punto en el que se dieron las capturas; entiéndase, en sus casas de habitación u oficina. Luego fueron llevados hasta los tribunales del II Circuito Judicial de San José.

Con Esquivel, la diferencia radicó en que ella no estaba en su vivienda para el momento del allanamiento.

El director general también resaltó la necesidad de los allanamientos ejecutados como medio para secuestrar evidencias y que no es posible convocar a encartados en escándalos de aparente corrupción, como lo sugirió Chaves, ya que esto alertaría a los involucrados y propiciar la eliminación de pruebas.

Tal fue el caso de 300 correos y cuatro archivos que se mantenían en la nube de la cuenta bloqueada de uno de los sospechosos en la trama de aparente tráfico de influencias, que fueron borrados por un funcionario de la Caja de Seguro Social, desde el Hospital Maximiliano Peralta de Cartago.

Tanto Díaz como Zúñiga insisten en que el operativo y las diligencias fueron todas avaladas por un juez de garantías.

El fiscal general rechazó que los allanamientos fueran parte de un “show”, al tiempo que señaló que, ese tipo de manifestaciones, más bien, son “una manera desviar la atención” del fondo y la relevancia de la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de 10 áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación.