Fideicomiso Ruta Uno desmiente salarios que Gobierno critica para finiquitar contrato

La unidad administradora del Fideicomiso Ruta Uno desmintió las cifras que presentó el gobierno de Rodrigo Chaves para defender el finiquito del contrato de la ampliación San José – San Ramón.

Específicamente, la administración asegura que nadie dentro de la unidad ejecutora del proyecto gana un salario de ₡10.5 millones, tal y como denunciaron esta semana el mandatario y el ministro de Transportes, Luis Amador.

“La información que se dio sobre los salarios es incorrecta. Los salarios brutos (sin deducciones de ley) oscilan, en números cerrados, entre los ₡500 mil y los ₡6 millones. Nadie dentro de la Unidad Administradora de Proyecto ostenta salarios superiores”, aseguró María José Alvarado, vocera del fideicomiso.

Esa administración, que responde al fiduciario (Banco de Costa Rica), también defendió que los salarios pagados y los honorarios acordados se establecieron dentro de la adenda que ahora es cuestionada por el Ejecutivo y que fue refrendada por la Contraloría General en octubre de 2017.

La adición al contrato, presentada en marzo de 2017 y que entró en vigencia para diciembre de ese año, le dio al BCR toda la gestión técnica, administrativa, operativa y financiera del proyecto, así como la estructuración financiera y la gestión del financiamiento.

El Gobierno critica que esa negociación fue “generosa” en favor del banco estatal, aumentando salarios y duplicando los honorarios derivados de esa administración, y sobre todo de la estructuración financiera, llevando al banco a pasar de recibir $75 mil a $188 mil por esos conceptos.

“Se sabe que los funcionarios de la unidad administradora del proyecto ganan entre ₡1 millón y casi ₡11 millones (al mes), eso son salarios absurdos.

“También se sabe que inicialmente se tenía únicamente al banco como fiduciario y después hubo un adendum que se firmó, donde pasaron de honorarios de $75 mil como fiduciario, y se habilitó la figura unidad administradora del proyecto al banco, entonces en este momento se le paga alrededor de $38 mil al fiduciario y alrededor de $150 mil a la unidad administradora, entonces pasamos de $75 mil a $180 mil”, criticó Amador.

La administración del proyecto defendió que ese aumento responde precisamente a las responsabilidades adicionales que asumió la institución, al tiempo que cuestionó cuál es el parámetro que utilizan las autoridades para calificar esos honorarios como altos.

“Habría que ver contra cuáles datos están haciendo esos alegatos, nosotros no hemos tenido ni siquiera un acercamiento con el ministro, hemos pedido en reiteradas ocasiones reuniones para ver ese tema puntual y hasta ahora no hemos recibido una respuesta.

“Esos datos que están dando en esos momentos contra qué podemos comprarlos, ellos dicen que saldría más caro o podría ser más barato, pero con cuáles datos y qué va a pasar después”, añadió la vocera.

Urgencia

La unidad administradora asegura que, sin esa adenda, el proyecto de ampliación se habría atrasado “años”, pues cuando se dio el banderazo de salida el fideicomiso no tenía recursos para trabajar.

Fue esa adenda, según la administración, la que le permitió al BCR inyectar recursos al proyecto, lo que logró a su vez que hoy haya cinco obras impostergables “prácticamente terminadas”, tres de estas ya en servicio.

“Hay cinco obras ya prácticamente terminadas, tres de estas en servicio, una que se puso en servicio pero no se ha entregado que es el conector Castella y el paso a desnivel de la Firestone está a un 99% de avance; es decir, ya hay obras nuevas en operación que forman parte del proyecto integral de ampliación, hay una obra en diseño, hay una en licitación y tenemos cinco más que solo están a la espera del fideicomitente para darles la estructuración financiera”, explicó la vocera.

La continuación del proyecto depende ahora de la aprobación de los estudios de factibilidad por parte del fideicomitente (Conavi). Mientras esto no se dé, el cronograma de obras se detiene.

Esos estudios darían luz verde al primer tramo del proyecto de ampliación, que está previsto para iniciar en 2024 y que duraría alrededor de año y medio, incluyendo la construcción de los intercambios de Intel, el aeropuerto, los nuevos peajes de la Bernardo Soto y el intercambio en el cruce de Manolos.

La ampliación completa de los 55 kilómetros entre San José y San Ramón está prevista, a hoy, para concluir en 2027.

Si el contrato se finiquita, como quiere el MOPT, las autoridades no han definido cuánto podría atrasarse la obra.

La unidad administradora del Fideicomiso aseguró que este jueves le envió un oficio al ministro Amador aclarando estas observaciones y le solicitó, nuevamente, una reunión para discutir el tema.