Estado de la Justicia: Nombramiento de magistrados "carece de proceso 100% objetivo"

El Cuarto Informe Estado de la Justicia revela carencias importantes en el sistema de nombramiento de los magistrados, que está a cargo de la Asamblea Legislativa: según el estudio, carece de un proceso 100% objetivo.

El análisis destaca que este proceso sigue sin mostrar avances, lo que constituye una agravante debido a la concentración de poder que tienen los magistrados y la influencia de estos en todo el conglomerado judicial.

“Los nombramientos de magistraturas siguen careciendo de un proceso 100% objetivo, pues los diputados otorgan el 40% de las posibilidades de elección a la entrevista que realizan a las personas candidatas, un asunto reiteradamente señalado por expertos como subjetivo”, indica el documento.

Lo anterior significa que no hay garantía de que quienes ocupan los cargos más altos del Poder Judicial sean las personas idóneas, problemática ante la cual la cúpula judicial tampoco ha presentado iniciativas efectivas de corrección, según destacan.

En términos administrativos, jurisdiccionales y políticos, “es la roca que soporta toda la estructura y consume toda su energía en mantener el balance necesario dentro del Poder Judicial y entre este y la sociedad”.

La agravante es que la integración de este cuerpo se realiza por medio de un proceso de nombramiento de magistraturas que es considerado, según el Informe Estado de la Justicia, como “opaco y arbitrario”.

“Esta forma de gobernanza judicial, que persiste desde principios de siglo pasado, ha sido señalada por muchos, desde hace mucho tiempo, como un riesgo que debe ser atendido para revertir la excesiva concentración de poderes. Pese a las reiteradas advertencias, no ha sido posible lograr cambios profundos porque ha enfrentado fuertes resistencias por parte de los magistrados y magistradas de varias generaciones”, señala el texto.

Fragilidades de la dependencia

Según explica el Estado de la Justicia, la dependencia del aparato judicial de la Corte Suprema de Justicia presenta tres importantes fragilidades:

• Cooptación. Si la Corte es infiltrada, si llega a estar compuesta por personas no idóneas o simplemente sin la talla para gestionar el conglomerado, todo está en riesgo. La Corte puede nombrar jueces y toda la capa gerencial de la institución; influye en la calidad de las personas juzgadoras y administradoras, define políticas y prioridades; direcciona el presupuesto y disciplina el personal. Muchas de estas decisiones se toman en sesiones que no son públicas, con votaciones secretas y sin registro de razones.
• Bajo desempeño. La concentración de funciones en la Corte es una limitación para una eficiente gestión, pues no hay manera de que un cuerpo colegiado pueda cumplir con tantas funciones al mismo tiempo. El resultado es la postergación de medidas para corregir fallas y, con ello, la denegación o retraso de la justicia para las personas. La gestión pública en colectivo, especialmente cuando es ejercida por no especialistas en gestión pública, es un obstáculo. Por ejemplo, la saturación de asuntos administrativos y comisiones que atienden las personas magistradas tiene una influencia directa en la gestión de las salas de casación a las que pertenecen, pues presentan duraciones que tienden a empeorar.
• Lejanía con las personas usuarias. En el seno de la Corte se generan las propuestas para nuevos códigos, lineamientos de política judicial e iniciativas específicas que son creaciones de ciertos magistrados y magistradas, sin procesos participativos y con poca evidencia empírica de sustento. Ciertamente, se cuenta con políticas de participación y de justicia abierta, con canales para que las personas usuarias presenten sus quejas, pero no se sabe qué incidencia tienen sobre las decisiones.

“Una balanza hecha de rocas requiere una manera distinta de mantener el equilibrio, más allá de la mera fuerza de gravedad. Es necesario un ‘pegamento’ que cree una unión entre ellas, para que funcionen como un sistema más robusto y preciso. Un fortalecimiento estructural de ese sistema implicaría una distribución de poder más horizontal dentro del Judicial, así como mayores pesos y contrapesos internos y externos, que creen mejores condiciones para reformas largamente postergadas.

“Nuestro interés fue comunicar una idea fuerza: que las fortalezas históricas del Poder Judicial tienen una base frágil”, concluye.