Por Natalia Jiménez Segura |17 de abril de 2023, 11:25 AM

El país cuenta con un protocolo interinstitucional para atender los cientos de casos de niñas y adolescentes que se convierten en madres todos los años. 

Una de las instituciones más importantes —si no la más relevante— es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien debe velar directamente por el bienestar social de la víctima y de su bebé. 

El caso de Keibril, la bebé de nueve meses sustraída en Cartago el pasado 9 de abril, ha puesto todas las miradas sobre este organismo, tomando en cuenta que instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio Público y el Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguraron haberse informado entre sí sobre esta situación. 

Incluso esta última confirmó, por medio de un informe al que tuvo acceso Teletica.com, que advirtieron desde hace más de un año a la Fiscalía sobre la sospecha de que el padrastro sería el presunto violador de la niña a la que le sustrajeron su bebé.

Esta tesitura obliga a preguntarse y a repasar cómo funciona el protocolo establecido para los casos de embarazos tan tempranos como el de la niña de 13 años, madre de la bebé desaparecida, y los posibles fallos que llevaron a su actual desenlace.

El modelo que rige en estos casos

En primera instancia, la denuncia ingresa al PANI por diferentes medios, como, por ejemplo, mediante la referencia de otra institución (como la CCSS, cuando se trata de temas de salud como un embarazo) y por vía telefónica, entre otras. Esta llega al los Departamentos de Atención y Respuesta Inmediata (DARI), al Departamento de Atención Inmediata (DAI) o a las 57 oficinas locales del PANI en todo el país. 

En esos casos rige el Modelo de Gestión de Procesos Atencionales, que indica cómo deben clasificarse, asignarse y atenderse las denuncias según su prioridad. 

"Cuenta con protocolos de atención, los cuales tienen como fin normar el abordaje a realizar por parte de las personas funcionarias desde la recepción y valoración de la denuncia en la intervención de situaciones referidas constantemente, en la cual se brinda una especialización en la atención de la situación violatoria de derechos de acuerdo con el área temática", explica la institución. 

Nacimiento de la bebé

Uno de los agentes fundamentales en esta historia fue la CCSS, quien atendió el parto de la niña de 13 años en el Hospital Max Peralta de Cartago.

Según el centro médico, el protocolo que se sigue en este tipo de situaciones se cumplió a cabalidad y se le dio el aviso a las autoridades correspondientes para que brindaran un seguimiento efectivo, siendo esas entidades el PANI y el Ministerio Público en este caso. 

¿Cómo se define la prioridad de los casos?

En casos de violencia sexual como este, la persona coordinadora del patronato debe realizar una investigación que contenga la descripción de los hechos, la frecuencia, intensidad, así como la relación de la persona ofensora con la menor de edad, la edad de la niña o niño afectados y el nivel de riesgo. 

Con esto en mano, procede a clasificar la denuncia, la cual, una vez asignada, pasa a manos de otro profesional para que continúe con el abordaje e investigación del caso.

Según la institución, "por lo general" (entendiéndose que no ocurre en el 100% de los casos de manera contundente) las situaciones de abuso y maltrato físico se clasifican como prioridad 1 (Atención Inmediata). 

"Son las denuncias en las que se requiere brindar atención y protección inmediata debido a que la persona menor de edad se encuentra expuesta a situaciones de amenazas o violación directa a sus derechos, suponiendo un riesgo inminente para su vida o integridad, ya sea en su medio familiar, en su entorno o a sí mismo", aseguraron a Teletica.com.

Protección de las personas menores de edad

Con la información suficiente, la o el encargado del caso dentro del PANI debe tomar una decisión técnica para determinar si el menor afectado amerita una orden de protección o bien, la separación de su familia de origen. 

En caso de ser lo segundo, se procede a buscar recursos familiares de apoyo (familia extensa) o algún otro recurso comunal de confianza de la familia y del menor. El proceso no puede avanzar al menos de que se realice una valoración para confirmar si el hogar es apto para el niño o niña.

"Una vez realizada la valoración de recursos, la oficina local procede con el dictado de una medida de protección, ya sea de cuido provisional o de abrigo temporal, según cada situación y los hallazgos encontrados", detallaron. 

Seguimiento 

Una vez que la víctima está bajo alguna medida de protección, se realiza un plan de intervención y de apoyo familiar para trabajar con la persona menor de edad y su familia con el objetivo de garantizar y restituir los derechos violentados. 

Conociendo los pormenores del proceso, es inevitable preguntarse en cuál de las etapas se falló. Sin embargo, el PANI asegura que todavía está realizando una investigación interna para determinarlo.

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