Caso Barrenador: Pese a opinión legal, presidenta de CCSS sondea estudio para firmar contrato
La jerarca Mónica Taylor envió —a través de una asesora— una nota a la Gerencia Financiera, en la que pide saber cómo se procederá ante la ausencia de un análisis de costos.
La nueva presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, se reunió recientemente con las cooperativas adjudicadas en el caso conocido como Barrenador.
A partir de ese encuentro, la jerarca sondeó el estado de un estudio de costos, a través del oficio PE-0534-2025, suscrito por su asesora Angeline Badilla, el 18 de febrero (vea video adjunto de Telenoticias).
"Se externó por parte de estos representantes que se han acercado a la institución a los efectos de materializar lo correspondiente a los contratos derivados de la adjudicación en firme de dicho proceso licitatorio.
"En tal sentido, hicieron ver que la funcionaria Azyhadee Picado, jefe del Área de Costos, no ha realizado el estudio detallado de costos, aspecto que debe estar listo de previo a concretar el proceso contractual", se lee en el documento dirigido al gerente financiero, Gustavo Picado.
Ante esto, la asesora pide “con instrucciones de la señora presidenta ejecutiva” el detalle de cómo la Gerencia Financiera del Seguro Social solventará esa falta de información para formalizar la contratación a las cooperativas.
Para responder a ello, se conceden cinco días hábiles.
En la nota se omite el criterio jurídico de los abogados de la Caja que recomendaron que la institución declare la nulidad de las adjudicaciones que quedaron en firme. Lo anterior al contar todas las partidas con los mismos elementos que motivaron la anulación dictada por la Contraloría General de la República (CGR) para la que fue contratada a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana).
Incluso, en otra nota del 21 de febrero, revisada por este medio, el gerente médico de la institución, Alexánder Sánchez, hace ver que desde diciembre le envió a la Junta Directiva ese criterio jurídico para dejar sin efecto de los actos administrativos, en concordancia con la Ley General de Administración Pública.
En esa misma nota, el gerente médico informó que todavía se encuentran a la espera de que la Junta Directiva analice y dicte el acuerdo que defina el proceder conforme a Derecho.
Cabe recordar que por el caso Barrenador, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública suspendió a Marta Esquivel como presidenta de la Caja (nombrada posteriormente como ministra de Planificación), al igual que la gerente general María de los Ángeles Gutiérrez, así como los directores Zeirith Rojas, Johnny Gómez y María Isabel Camareno.
Esto mientras se les investiga por los supuestos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato en una compra presuntamente irregular de servicios médicos, que incluyó aparentes sobreprecios por hasta ¢12.400 millones en los 10 años que establece el contrato.
